DEFIENDEN INSTRUMENTOS CONTRA LA CORRUPCIÓN

DEFIENDEN INSTRUMENTOS CONTRA LA CORRUPCIÓN

La Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Constitucional mantener vigentes las normas que elevan hasta en una tercera parte el período para declarar prescritas las investigaciones en curso contra funcionarios públicos.

03 de abril 1995 , 12:00 a.m.

A juicio del Ministerio Público, el aumento en una tercera parte de la prescripción de los delitos cometidos por empleados oficiales es la respuesta del Estado al clamor nacional para que se combata con efectividad la corrupción oficial y se purifique la administración pública.

La impunidad de los delitos oficiales -enfatiza la Procuraduría- causa mayor daño a la sociedad, comparada con la de los delitos cometidos por particulares, porque están en juego la legitimidad y la credibilidad del Estado.

En esos términos, el procurador General de la Nación, Orlando Vásquez Velásquez, defendió ante la Corte el artículo 82 del decreto Ley 100 de 1980 o Código Penal.

El Artículo 82, denominado prescripción del delito cometido por empleado oficial, señala: El término de prescripción de delitos cometidos por particulares se aumentará en una tercera parte sin exceder el máximo allí fijado, si el delito fuere cometido dentro del país por empleado oficial en ejercicio de sus funciones o de su cargo, o con ocasión de ellos .

La Procuraduría considera que la medida no viola el criterio de igualdad de todos los colombianos frente a la ley y que el aumento de prescripción fortalece las posibilidades del Estado de extirpar la impunidad derivada de la corrupción oficial.

El Ministerio Público señala que si bien es cierto que los empleados oficiales están en posición de privilegio, también lo es que esas gabelas los atan al servicio y les imponen mayores responsabilidades.

Más argumentos Según la Procuraduría, la corrupción afecta la eficiencia y eficacia de la administración y entorpece los trámites, además de elevar los costos de inversión y financiamiento de las entidades públicas, que tienen que desviar presupuestos para investigar a sus funcionarios o para pagar millonarias indemnizaciones.

Como resultado de ello, subraya Vásquez, se afecta la prestación de los servicios públicos esenciales y se produce una crisis a nivel del Gobierno, que retrasa el desarrollo de la sociedad, porque se incumplen sus objetivos.

Pero existe otro daño que puede ser aún mayor. Según el Ministerio Público, cada vez que conoce actos corruptos, la sociedad entera se resiente en principio, pero ante la repetición de los actos delictivos y la evidente impunidad, se modifica el rechazo inicial y se alcanzan el nivel de tolerancia ante cualquier delito.

De esta manera, la sociedad comienza a calificar con menor severidad los actos contrarios a la moral y al derecho y cae en un ciclo denominado trampa de deshonestidad , en la cual se trastocan todos los valores del grupo, así como sus relaciones cotidianas.

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