Los dos funcionarios, de filiación liberal, son procesados por la Fiscal 262 por el presunto delito de prevaricato por acción (asumir actitud que lesiona los intereses privados).
El proceso fue abierto por la empresa Acerías Paz de Río luego de que los funcionarios, atendiendo acuerdos emanados del Concejo de Cuítiva, ordenaran el embargo de varias cuentas bancarias de la siderúrgica por una cuantía de 5.361 millones de pesos. El municipio reclama un impuesto de Industria y Comercio, ya que Acerías extrae del lago de Tota el agua para sus actividades industriales.
El embargo, que se produjo en junio del año pasado, colocó al borde del concordato a la empresa siderúrgica, pues los créditos que ésta mantiene con la banca internacional podían ser exigibles en forma inmediata en caso de ser decretados embargos contra las cuentas de la empresa.
Una vez se tuvo información de los embargos, la empresa dispuso dos acciones: una de carácter civil, para pedir el desembargo, y la otra penal, por los perjuicios causados, los cuales se relacionaron principalmente con la mora en el pago a los pensionados de la empresa y a algunos proveedores.
Las demandas fueron instauradas en Bogotá, donde fueron detenidos los dos funcionarios. Se encontraban allí con el fin de solicitarle el beneficio de excarcelación a la Fiscalía.
Martínez y Rincón, una vez detenidos, fueron conducidos a los calabozos del DAS en el sector de Paloquemao y después conducidos a Sogamoso.
Gloria Rodríguez, secretaria del desapacho, fue encargada desde el miércoles de la semana pasada de la Alcaldía de Cuítiva mediante decreto emitido por el gobernador de Boyacá, Alfonso Salamanca Llach. Permanecerá al frente de la administración mientras la justicia le resuelve la situación a Martínez.
Los habitantes de varios municipios localizados en la zona de influencia del lago de Tota, entre tanto, anunciaron la realización de un paro cívico para rechazar la vinculación de los dos funcionarios de Cuítiva al mencionado proceso judicial.
La comunidad informó, a través de comunicado firmado por el Comité Cívico, que la empresa explota ese recurso natural de la región sin que pague ninguna contraprestación .
Gustavo Salinas, personero de Cuítiva, dijo que es un proceso injusto que ha despertado malestar entre los siete mil habitantes que se ven perseguidos por reclamar sus derechos .
El Comité está integrado por dirigentes de Cuítiva, Tota, Aquitania, Iza, Firavitoba y Pesca. La protesta, según supo EL TIEMPO, sería esta misma semana. Los habitantes piensan paralizar sus actividades, cerrar los establecimientos comerciales y educativos e impedir el tránsito de vehículos por la región.
Un vocero del movimiento dijo ayer que éste tendría, inicialmente, una duración de 24 horas. La hora cero para su realización aún no ha sido determinada.
Distintos estamentos de Boyacá se han pronunciado en favor de las autoridades de Cuítiva. Algunos de ellos han pedido diálogo entre el municipio y Acerías Paz de Río para buscar una salida decorosa para las partes en conflicto.
