MÁS SOBRE LA FACTURACIÓN

MÁS SOBRE LA FACTURACIÓN

La ley es dura... pero si es injusta, o si no puede aplicarse sin violar derechos superiores, o si por ilógica o absurda resulta inaplicable, corresponde a una noción que, ante el Nuevo Derecho, se torna arcaica y, en cualquier caso, va siendo tiempo de ser revisada.

03 de junio 1996 , 12:00 a. m.

La ley 223 de 1995 trae, en materia de la obligación que tienen los contribuyentes de expedir facturas por las operaciones económicas que celebran, condiciones y requisitos que, particularmente ante la inminencia de su aplicabilidad teórica (julio 1o. de 1996) reclama, de parte del Gobierno, una decisión más inteligente que aquella sugerida a través de anuncios más o menos oficiales sobre el particular.

Resulta definitivamente intolerable, a punto tal que clama al cielo! la excepción de inconstitucionalidad o aún la desobediencia civil, el que ante una Carta de derechos, si bien también de obligaciones, enmarcada dentro de una concepción de Estado democrático y Social de Derecho , se conciba un régimen de intromisión y de irrespeto por la libertad como el que hasta ahora se atisba.

Qué dirán, en torno a la libertad de trabajo y de empresa, los cientos de tipógrafos que, para no ir muy lejos, bordean la Casa de Nariño, ante las exigencias que en esta materia se anticipan y que literalmente, en beneficio de tan solo unos cuantos, quedarían, así, sin la posibilidad real de desarrollar una actividad lícita que, por otros caminos les garantiza la Constitución? Qué podrá decirse acerca del libre desarrollo de la personalidad , que por lo demás tiene expresiones que van mucho más allá de la simple decisión de consumir ciertas sustancias, cuando la posibilidad de imaginar y de actuar pretende limitarse y, más allá, restringirse a niveles tales que hacen pensar en categorías tales como el despotismo? Quién, o a cambio de qué, va a asumir los costos económicos que el nuevo sistema supondría y que, ciertamente, contribuiría de esta manera a dejar más pequeños y medianos empresarios tendidos en el camino? Algo más: tan grave como la reglamentación que se vislumbra sobre la facturación, es la falta de la misma a estas alturas del calendario normativo. En efecto: de cuerdo con el Artículo 42 de la mencionada Ley, antes de un mes debería entrar en vigor el nuevo régimen, para cuyo cabal entendimiento y para su efectiva incorporación al tráfico jurídico-económico precisa de un término que, siendo prudencial, desborda los pocos días que restarían para ello.

La función constitucional del Gobierno, de cara a la reglamentación de una ley, es permitir o facilitar el hacerla ejecutable, de manera tal; además, que facilite el respetuoso cumplimiento de la misma.

Ante los hechos, no vemos que ello, aquí y ahora, sea factible, a menos que entre deliberada e irresponsablemente, el Estatuto que se expida tenga desde su origen la vocación de convertirse en un Rey de burlas .

A lo anterior añádanse las incertidumbres y avatares que proporcionan las discusiones que ante los jueces (Corte Constitucional y Consejo de Estado) suelen suscitar las demandas que para definir su conformidad con el ordenamiento jurídico, inevitablemente sobrevienen ante medidas que, como estas que venimos comentando, son controvertidas y controvertibles y en donde se define su propia supervivencia jurídica.

La opinión debe estar atenta, pues es mucho lo que en términos de libertad está en juego. El Gobierno dispone de mecanismos jurídicos para posponer razonablemente, la iniciación de un sistema que, siendo importante para los fines del Estado, merece mayor reflexión.

No puede olvidarse que no basta la sola ley para conseguir unos fines: la ley jamás hizo a los hombres un ápice más justos , nos lo enseñó el autor de la tesis de la Desobediencia Civil.

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