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ALCALDES, PRESOS DEL MIEDO

Ser alcalde es estar a las puertas de la cárcel. Los 15 segundos que un funcionario se demora en firmar un decreto, un nombramiento, un contrato o un convenio, pueden convertirse en dos o tres años de prisión.

Los 1.042 mandatarios dicen que esa es una amenaza en serio. Mejor dicho, los alcaldes sí tienen quién los ronde. Ellos ponen como ejemplo lo que ha sucedido con diez de sus antecesores, quienes saltaron del despacho de la primera autoridad municipal, a ser el preso más importante del pueblo.
El año pasado, la Procuraduría y la Fiscalía destituyeron a nueve alcaldes, formularon pliegos de cargos a 21 y dictaron medidas de aseguramiento contra ocho.
De acuerdo con la información recolectada por los corresponsales de EL TIEMPO, en la actualidad, además de los diez alcaldes que se encuentran en la cárcel, otros 25 son investigados y posiblemente en los próximos días o meses pasarán a engrosar las filas de los reclusos provenientes del sector oficial.
Casi todos los ex alcaldes presos fueron acusados de cualquiera de estos delitos: peculado técnico, omisión o exceso de autoridad, contratación indebida o prevaricato. Mejor dicho, su error fue haber hecho o haber dejado de hacer. No necesariamente existe corrupción en tales actos. A la mayoría de los que tienen orden de aseguramiento les han aceptado la casa o la ciudad por cárcel.
Durante la Reunión Nacional de Alcaldes realizada hace una semana en Medellín, hubo consenso en torno al temor que embarga a los mandatarios locales de convertirse en un nuevo preso del pueblo, por haber firmado donde no es.
Así mismo, durante la reunión de alcaldes del Sur del Huila, hace 15 días en Pitalito, los funcionarios dijeron que el actual régimen municipal no lo entienden ni los mismos asesores jurídicos. Inclusive, hay normas que se han expedido hace varios meses, pero permanecen sin ejecutarse, por el temor que tienen los alcaldes de cometer una irregularidad.
Uno de los principales problemas que enfrentan los mandatarios municipales es que no tienen quien los defienda, debido a que los honorarios de los abogados son costosos, y no todos los funcionarios tienen el dinero suficiente para contratar un defensor particular.
Por eso, ha comenzado a hacer carrera la propuesta de constituir la Asociación Nacional de Alcaldes, que vele por los intereses de los alcaldes y no del municipio, como sucede con la Federación Colombiana de Municipios. Los impulsores de esta propuesta sostienen que es indispensable que existan las dos agremiaciones.
Más vigilancia
Pero los cambios en la normatividad no son la única causa de los problemas de los alcaldes. La vigilancia ciudadana se ha incrementado, al punto de que en algunos casos el alcalde tiene que dedicar buena parte de su tiempo a defenderse de las acusaciones que le hacen sus gobernados u opositores políticos.
En realidad, el control ciudadano ha servido para limpiar la imagen de las administraciones locales, pues la mayoría de las denuncias tienen que ver con el desacato de las normas, y no con el robo de los dineros públicos.
Todo indica que hay un desconocimiento general sobre las leyes que rigen a los municipios. Cada alcalde tiene una opinión distinta en torno a disposiciones como el régimen de contratación pública, nombramiento de maestros, la asignación de recursos para el pago de gastos de funcionamiento y la aplicación de normas sobre servicios públicos.
El caos es de tal magnitud que la Procuraduría tiene un programa computarizado de orientación jurídica a los alcaldes, a través del cual se alerta sobre la existencia de 63 irregularidades en las que pueden incurrir los mandatarios locales.
Los alcaldes dicen que muchas de las reformas adoptadas por el Gobierno o el Congreso en torno a los municipios, son violadas por culpa de quienes las expiden, debido a que los textos de las mismas solo llegan a las alcaldías después de tres o cuatro meses de haber entrado en vigencia.
Cuando expiden una norma o se aprueba una Ley que tiene que ver con los municipios, la copia de ese documento se demora hasta tres y cuatro meses para llegar a todas las alcaldías del país , dijo el alcalde de Anserma (Caldas), Héctor Corrales Giraldo.
Menos sueldos
Aunque el Código Laboral dice que ninguna empresa puede desmejorar de sueldo a sus empleados, todo indica que los alcaldes de los municipios pequeños serán la excepción.
A raíz de la recategorización municipal dispuesta en el decreto 2626 que tendrá como base el presupuesto de cada población, existen alrededor de cien alcaldías que bajarán de categoría y por consiguiente sus titulares comenzarán a ganar menos sueldo. Sin embargo, habrá otros a los que se les incrementará su salario.
El Gobierno sostiene que la recategorización tiene como objetivo evitar que los concejales incrementen el sueldo a los alcaldes por encima de la capacidad presupuestal del municipio. Los concejales le suben el salario al alcalde porque eso les significa un reajuste en sus honorarios, los cuales son iguales a la remuneración del mandatario local.
Lo que sucede es que hay unos alcaldes que tienen sueldos elevados, debido a que los concejales inflan el presupuesto, con el fin de incrementar de categoría , dijo el senador Víctor Renán Barco, quien figura como coautor de la descentralización municipal.
Actualmente, en el país existen 591 municipios de la sexta categoría, 259 de quinta, 104 de cuarta, 55 de tercera, 34 de segunda y cuatro de categoría especial.
Acerca del temor que tienen los alcaldes de ser encarcelados por cualquier falla en sus decisiones, el dirigente político caldense dijo que el problema es que existe un régimen municipal que los alcaldes no saben manejar, al igual que las normas sobre presupuesto y la Ley orgánica.
Por su parte el presidente de la Federación Colombiana de Municipios, Sergio Naranjo, actual alcalde de Medellín, dijo que el país necesita un sistema de información sobre cambios legislativos, para que los funcionarios sepan a qué atenerse antes de tomar cualquier decisión. Solo así se evitaría que los alcaldes sigan presos del miedo.
Alcaldes en líos
Los ex alcaldes investigados son cerca de 50, pero las denuncias superan las 300, pues sobre algunos de ellos existen hasta diez quejas.
Un resumen de los alcaldes que han estado encarcelados o que tienen orden de aseguramiento, es el siguiente:
Juan Martín Caicedo Ferrer, cuando era alcalde de Bogotá. fue detenido por haber autorizado el giro de dineros para el pago de auxilios a los concejales de la capital.
También hubo un gran escándalo con el ex alcalde de Tunja, Teódulo Benítez Castelblanco, y otros 20 alcaldes de Boyacá.
En el Cesar el caso más destacado es el del ex alcalde de San Alberto, Luis Gonzalo Betancur, quien se encuentra detenido, acusado de desviar fondos del municipio para adquirir armas para las Farc.
Así mismo, a Juan Carlos Felizzola Troncoso, ex alcalde de Gamarra, tuvo su casa por cárcel, pero luego fue exonerado de cargos.
En sucre, tras ser acusados de cómplices de la guerrilla se les siguió proceso en la Fiscalía Regional de Orden Público a los ex alcaldes de Ovejas, Edison Zamora Pulgar y Corozal Luis Vergara de León. Ambos están libres por falta de pruebas.
Con medida de aseguramiento y detención domiciliaria está el ex alcalde de San Benito Abad (Sucre), Edgar Imbeth Ricardo, por peculado y celebración indebida de contrato.
En Santander, el caso más conocido es el del ex alcalde de Barrancabermeja, Elkin Bueno Altahona, quien estuvo preso y luego fue destituido por invertir la plata de un puente en otras obras.
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