POR QUÉ PUEDE ASISTIR EL DEFENSOR

POR QUÉ PUEDE ASISTIR EL DEFENSOR

En ninguna parte la ley del Congreso, ni el Código de Procedimiento Penal prohíben al juez que oiga, cuando a bien lo tenga, a las partes. Y lo puede hacer para formar mejor criterio, sobre todo si se trata del juzgamiento.

03 de junio 1996 , 12:00 a. m.

El Código de Procedimiento Penal establece como norma rectora y prioritaria el debido proceso y declara de manera terminante que Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento ; (Art. 1). Y agrega, en el artículo 22, que Las normas rectoras son obligatorias y prevalecen sobre cualquier otra disposición de este Código. Serán utilizadas como fundamento de interpretación .

Nadie puede discutir que el proceso ante la Cámara de Representantes cuando se realiza el juzgamiento para ver si se acusa o no al Presidente de la República, es diferente de los juicios o procesos penales ordinarios. En estos, una vez terminada la investigación se cierra y se corre traslado para alegar, y después el expediente entra al Despacho para que se dicte la resolución de calificación, que puede ser de acusación o de preclusión. Ahora bien, qué ley o qué norma prohíbe que estando el proceso al Despacho para dictar la resolución calificatoria pueda el Fiscal (que es el juez del juzgamiento en esta oportunidad procesal) recibir al apoderado del sindicado, si este le pide ser recibido y escucharlo, sin tomar partido alguno, cuando se trata simplemente de oír lo que quiera explicarle o decirle, respecto del proceso? Y qué raro o ilegal tendría el que el magistrado ponente al calificar el mérito de la investigación recibiera en su despacho al apoderado y lo escuchara en relación con el caso a su cuidado? Pero estas reflexiones son mucho más poderosas cuando se trata de un juicio público como es el que se realiza en la Cámara de Representantes, para calificar la investigación, que está cerrada, y a la cual se agregó el alegato de las partes y el proyecto de resolución acordado por la Comisión competente.

Se trata de un proceso singular. El juez es la Cámara, quien va a calificar la investigación, pero no en la sede de un despacho judicial, en reserva, sino públicamente, con la participación de amigos y enemigos del Gobierno, en condiciones de alta politización y bajo la presión de todas las corrientes de opinión y de los medios de comunicación. Un proceso en el cual todo el mundo ha tomado partido. Se está haciendo un juzgamiento público. El alegato escrito de la defensa sirvió para que la comisión preparara el proyecto de resolución. Pero solamente en el proceso ante la Cámara se da el caso de una instancia procesal, que no existe en los procesos ordinarios, que consiste en someter el proyecto al juzgamiento público por parte de la Corporación.

Si en los procesos ordinarios existiera esa etapa del proceso y el Fiscal, después de proyectar su resolución calificatoria tuviese que someterla a juicio público, se le podría negar a la defensa que expusiera sus razones si el proyecto fuese en contra del sindicado? Si en vez de proyecto de preclusión, estuviese la Cámara examinando un proyecto de acusación, que estaría en contra de las pretensiones de la defensa, se le podría cercenar el derecho de ir al juicio público para recabar sobre su pretensión de defensa? No se violaría el debido proceso? No se dejaría al acusado solamente en manos de sus detractores? Y no tendrá derecho de presentarse ante los jueces que en número superior a los cien y en medio de la más alta politización, ante toda la nación, debaten unos en pro y otros en contra la suerte del proceso? No creo que el juez cometa prevaricato por cumplir con la obligatoria función de oír a las partes, cuando hay que oírlas. En el proceso público ante el Congreso hay que oír a la defensa en las siguientes oportunidades: 1) Durante la instrucción del sumario (investigación); 2) Cuando se va a proyectar la Resolución que la Comisión competente debe someter a conocimiento de la Cámara en pleno, cerrando la investigación y corriendo el traslado que ordena la ley; 3) Durante la realización del juzgamiento público que hace la Cámara para determinar si acusa o precluye, teniendo como elemento el proyecto presentado por la Comisión competente. (Hasta este punto, como dice la norma del debido proceso (durante la investigación y el juzgamiento); 4) Durante la instrucción por parte del Senado si hubiese acusación. 5) Durante el juicio público ante el Senado si a él hubiere lugar.

Debe insistirse en que el proceso ante el Congreso es distinto del proceso ordinario, tiene etapas procesales distintas, y por ende debe atenderse al principio del debido proceso que no es solamente el ritualismo establecido en la ley, sino el garantizar las funciones del juez, los derechos de las partes, especialmente los de la defensa y los de la sociedad entera cuya representación la tiene el agente del Ministerio Público.

El maestro Carrara (llamado el sumo maestro del Derecho Penal) nos enseñó que La defensa no es un privilegio ni una concesión exigidos por la humanidad, sino un verdadero derecho original del hombre, y por consiguiente, inalienable . (Programa-Sección Tercera- El juicio criminal No. 976).

El hecho de que no exista una norma expresa que diga que las partes (llamadas sujetos procesales) deben o pueden ser citadas a las deliberaciones públicas de la Cámara de Representantes, cuando realiza el juzgamiento para decidir si acusa o precluye el proceso, no excluye la potestad del juez (en este caso la Cámara como Fiscal), para oír a las partes oralmente, después de haber sido oídas, por escrito, cuando la Comisión competente corrió traslado para alegar y luego preparó el proyecto sobre el cual se hace el juzgamiento coram fiscie civitatis , es decir, ante la faz del pueblo. Repito que se trata de un procedimiento excepcional en el cual se toma la decisión de acusar o de precluir, entre bandos o parcialidades políticas, en materia judicial, lo cual hace más imperiosa la presencia de la defensa. Ni la ley 5 de 1962, ni el Código de Procedimiento Penal, ni la Ley 273 de 1996 prohíben la intervención de las partes (sujetos procesales) en el juzgamiento público para decidir si se acusa, o se precluye el proceso. Queda a juicio del juez (Cámara de Representantes) autorizarlo. Pero debe recordarse que la ley del debido proceso dice que se tiene derecho a la defensa durante la investigación y el juzgamiento. Como lo que se hace en la Cámara es un juicio público y no privado, como ocurre en los procesos ordinarios, es forzoso asegurar la presencia de las partes (sujetos procesales) para asegurar el debido proceso.

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.