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LO QUE VA DE CAP A ESP

LO QUE VA DE CAP A ESP

Un ex Presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, que acaba de ser condenado por la Corte Suprema de su país a dos años cuatro meses por malversación de fondos, dice que el presidente Ernesto Samper, aun si la Cámara de Representantes lo absuelve, debería renunciar a su cargo.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
02 de junio 1996 , 12:00 a. m.

Qué atrevimiento el de CAP! Cómo entender semejante afirmación cuando lo normal sería suponer que entre dos Presidentes de partidos afines (Acción Democrática y el Partido Liberal tienen una vieja hermandad doctrinaria), que se encuentran ambos sindicados ante la Justicia, debería haber algún tipo de cómplice solidaridad.

Pero resulta que se trata de dos situaciones muy distintas. La condena de Carlos Andrés Pérez por la Corte Suprema de su país coincide con su absolución histórica y política, mientras que la previsible absolución de Ernesto Samper por el Congreso lo estará condenando política e históricamente.

CAP fue sentenciado por malversación de dineros públicos. Por destinar fondos exclusivos de la Presidencia a un fin que no contemplaba la ley venezolana, cual era el de promover la consolidación de la incipiente experiencia democrática en Nicaragua.

Y, en efecto, su Gobierno gastó varios millones de dólares en tecnificar el sistema electoral nicaragense, en fortalecer el sistema de seguridad personal de Violeta de Chamorro durante la campaña presidencial en la que derrotó a los sandinistas, e inclusive en la compra de un traje de alta costura para su ceremonia de posesión.

Este uso indebido de fondos públicos fue probado y constituyó cargo central para que la Corte Suprema condenara al dos veces ex Presidente a reclusión domiciliaria. Y así tenemos que el uno, CAP, fue sentenciado jurídicamente por el máximo tribunal de su país bajo el cargo de entregar de manera ilegal dineros del Gobierno a la democracia nicaragense. Y el otro, Ernesto Samper, pronto será absuelto por sus colegas políticos del Congreso porque no hubo plena prueba jurídica de que recibió dineros del narcotráfico para pervertir el proceso democrático de su país.

Entonces, cuando el ex Presidente venezolano condenado sostiene que el Presidente colombiano en ejercicio debería renunciar aun si lo absuelven, hay que entender por qué lo dice. Y vale la pena recordar que factor fundamental de la caída de Carlos Andrés Pérez, además de la innegable corrupción que rodeó a su Gobierno y la malversación de fondos de la Presidencia, fue la impopular política de austeridad económica que quiso implantar. Y que todo lo que ha dicho durante sus dos años de detención domiciliaria sobre lo que ocurriría en su país si sus compatriotas no se apretaban el cinturón, resultó exacto.

No es casual, en fin, que Pérez goce hoy de gran prestigio y encabece encuestas de popularidad en su país. Jurídicamente sentenciado, se puede considerar absuelto por realidades fundamentales que no dependen del inciso legal sino del veredicto político y del proceso histórico, y que hoy le podrían permitir incluso volver al poder en Venezuela.

Situación muy distinta, para no decir antagónica, es la del presidente Ernesto Samper, cuya exoneración por la Cámara de Representantes difícilmente le garantizará la posibilidad de gobernar a Colombia en el lapso que le resta. Si se empeña en hacerlo, como todo parece indicarlo, y logra terminar su mandato, lo cual es menos probable, será para entregarle a su infortunado sucesor los escombros de una economía arruinada, de un Estado de Derecho descuadernado y de una imagen internacional más enlodada que nunca.

Es difícil entender que un Presidente se juegue a la absolución jurídica para terminar condenado en el terreno de la política o el juicio de la historia. Pero es que todo el proceso del presidente Samper se ha caracterizado por una confusión entre lo político y lo jurídico. Se trata de dos problemas y dos debates que no se deberían mezclar, pese a que la sagaz estrategia defensiva del Gobierno ha consistido precisamente en eso: en judicializar lo que es político.

El debate jurídico es el de la famosa prueba reina . El debate político es el del elefante.

El primero es el de los incisos legales y los topes financieros. El de los enredos de contabilidad y las cuentas que no cuadran. El de la debilidad probatoria a la luz de tal o cual artículo del Código Penal. El del alegato de don Heyne Mogollón.

Es el de la imposibilidad de probar en el estricto campo de lo jurídico, que Ernesto Samper estaba al tanto de todo lo que ocurría. porque falta la prueba contundente foto, grabación, documento aunque sobren los indicios. Todo lo cual, alega la defensa, exonera a Samper de cualquier culpa.

Pero ahí está el elefante. El narcomastodonte que ingresó a la campaña sin que lo viera el candidato y que simboliza el pecado de la omisión y la irresponsabilidad. Este es el debate político, que aún no se ha dado en la Cámara y que debe ser fundamentalmente sobre ética.

Sobre la responsabilidad que le cabe a un aspirante a la Presidencia que no se entera de lo que sucede en su campaña. Sobre sus criterios para la escogencia de su gente. Sobre el temple para conducir una campaña, que se supone marca su talante para conducir al Estado.

Sobre la validez, en fin, de la frase de que todo sucedió a mis espaldas . Argumento que le puede servir para la defensa jurídica, pero que lo condena en el debate político.

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