Buscan frenar abusos en los parqueaderos

Buscan frenar abusos en los parqueaderos

Regulación de tarifas, obligatoriedad de adquirir licencia de funcionamiento, inscripción ante las cámaras de comercio y, sobre todo, acabar con los abusos en los parqueaderos, son algunos de los objetivos de un proyecto de ley que ya inició su trámite en la Cámara de Representantes para poner en cintura a estos establecimientos en todo el país.

06 de septiembre 2008 , 12:00 a.m.

Uno de los puntos más importantes de este proyecto es la regulación de tarifas, aspecto que ya se intentó en el Concejo de Bogotá a través de un proyecto de acuerdo, pero que fracasó en el cabildo, entre otras razones, por las fuertes presiones de los dueños de parqueaderos.

El proyecto de la representante Gloria Stella Díaz propone regular las tarifas, teniendo en cuenta la ubicación, la capacidad operativa y las disponibilidades técnicas y de dotación de los parqueaderos.

En este punto es importante aclarar que el proyecto deja en manos de los alcaldes la facultad de fijar las tarifas de acuerdo con los criterios arriba señalados, con lo cual se respeta el principio de autonomía de los municipios.

La idea, según la congresista, es diseñar normas concretas para que los usuarios de parqueaderos paguen un precio justo y razonable por un servicio eficiente y seguro. Y no como ocurre, que ante la informalidad y la irresponsabilidad de algunos establecimientos, no responden por los daños o robos a los vehículos.

Las tarifas Al igual que la iniciativa que fracasó en el Concejo de Bogotá, en el primer semestre de este año, el proyecto busca que a los usuarios se les cobre el tiempo real por la permanencia de sus carros en los parqueaderos. Es decir, se cobraría por minutos.

Esto significa que el cálculo de la tarifa se realizará a partir del valor de la hora, dividido por 60 minutos y el resultado se multiplique por el número de minutos efectivamente utilizados.

Tan solo en la capital del país, según lo denunció en su momento el concejal Andrés Camacho Casado, los dueños de parqueaderos se quedaron con más de 15 mil millones de pesos que los bogotanos pagaron por un tiempo en el que sus carros no usaron el parqueadero.

Las tarifas tendrán vigencia de un año, contado a partir de la fecha en que se fija y aumentarán de acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC).

El proyecto establece que los parqueaderos de parques de diversión, hospitales o centros asistenciales, cementerios, supermercados, instituciones educativas (universidades públicas y privadas) y centros comerciales, en donde las zonas de parqueo sean administradas por empresas privadas o por terceros, no se podrá cobrar más del 50 por ciento de la tarifa máxima por hora fijada por las autoridades distritales o municipales.

PARA ACABAR CON LA ILEGALIDAD En caso de que se apruebe el proyecto de ley se daría un paso para acabar con la informalidad y la ilegalidad en este tipo de negocios, pues sus propietarios deberán adquirir, de manera obligatoria, una licencia de funcionamiento otorgada por la alcaldía distrital o municipal. Además, se les exigirá la inscripción en la Cámara de Comercio del lugar en el que cumplen su objeto comercial.

Por último, se les obliga a los dueños de los parqueaderos a tomar una póliza de Responsabilidad Civil extracontractual expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada. Esto con el fin de proteger a los usuarios y sus vehículos ante eventualidades (robos, daños) que ocurran durante la prestación del servicio de parqueadero.

MÁS CONDICIONES A ESTACIONAMIENTOS Los parqueaderos deben cumplir con las siguientes disposiciones: Expedir un tiquete o contraseña al poseedor del vehículo al momento de ingresar.

Condiciones sanitarias adecuadas. Deben tener baño para el servicio de los usuarios.

No permitir la entrada de un número de vehículos superior a la capacidad del local.

No organizar el estacionamiento en las zonas de antejardín ni en los andenes.

Dar cumplimiento a las disposiciones que en materia de prevención y control de incendios establezcan las autoridades distritales y municipales.

No organizar el estacionamiento en calzadas paralelas y zonas de control ambiental.

No invadir el espacio público

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