La comisión de memoria histórica

La comisión de memoria histórica

Me encontraba en Buenos Aires cuando murió Carlos Fuentealba. Era el jueves santo del 2007 y todos los informativos de televisión abrieron su emisión con esta noticia, y la prensa escrita le dio la primera página al suceso.

06 de septiembre 2008 , 12:00 a.m.

Argentina estaba conmocionada con el hecho. Fuentealba, profesor en la provincia de Neuquén, había sido herido por un policía en el curso de una manifestación en la cual los maestros exigían mejoras salariales.

Ese mismo día se derrumbó la imagen de Jorge Sobisch, gobernador de la provincia, quien figuraba en la opinión como el líder político con mayores posibilidades de darle una pelea seria por la presidencia a la señora Cristina de Kirchner. La ciudadanía le atribuía la responsabilidad política al gobernante, y el aliado más importante, el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, le retiró el apoyo inmediatamente.

Pensé que en eso consistía la memoria histórica. Argentina había sufrido la dictadura más atroz del continente. No menos de 30.000 personas habían desaparecido a manos de los militares. Los días aciagos se habían ido, pero en la sociedad estaba el recuerdo como una huella imborrable, como una herida que se abría con cada acontecimiento que tuviese alguna semejanza.

Del dolor había nacido un pacto implícito entre todas las fuerzas políticas y sociales: en adelante, la vida recobraría un valor absoluto y nadie podría esgrimir razones de Estado o motivaciones revolucionarias para vulnerarla.

Esa memoria había sido tejida por las madres de la Plaza de Mayo, que en un tiempo infinito se apostaron al frente del Congreso para reclamar la devolución de sus familiares; por los defensores de derechos humanos y los líderes políticos que reivindicaron las exigencias de las víctimas; por algunos militares que se atrevieron a contar la verdad de lo sucedido; por la prensa, que no se cansó de denunciar los atropellos, y por quienes se pusieron en la tarea de construir un museo y un archivo inmenso con los signos del horror.

En los días en que tuve esta experiencia en Buenos Aires, el profesor Gonzalo Sánchez me buscó para que lo acompañara en la Comisión de Memoria Histórica, que el Gobierno Nacional, a través de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, había decidido conformar. Me sentí muy honrado con esta invitación. Me alegré aún más cuando supe que el vicepresidente, Francisco Santos, había planteado que el Gobierno respetaba la autonomía de la comisión y no tenía ningún cuestionamiento para miembros de este organismo que tuviesen posiciones críticas frente a la marcha de esta administración.

Debo decir que esta actitud en un tema tan controversial como la memoria habla bien del gobierno del presidente Uribe.

El grupo que conformaron Eduardo Pizarro y Gonzalo Sánchez para adelantar la tarea reúne a personas de altas condiciones intelectuales y éticas y también a una gran pluralidad ideológica y política. Pero la labor que deberá realizar la comisión de memoria en Colombia será, seguramente, más complicada que la adelantada por grupos similares en el Cono Sur.

En esas tierras, las comisiones surgieron cuando ya habían caído las dictaduras y se había iniciado la transición hacia la democracia. Acá se hace en medio del conflicto armado, cuando los relatos históricos son un escenario de vehemente disputa y todos los actores de la confrontación se esfuerzan hasta lo indecible por oscurecer sus responsabilidades en la tragedia.

Ahora esta comisión se enfrenta a su primera prueba pública. Lo hace entregando a la sociedad la reconstrucción de la “masacre de Trujillo”, una trama de testimonios de las víctimas de uno de los episodios más escabrosos de la historia contemporánea del país. Bienvenidas todas las voces críticas sobre este primer producto de la comisión.

lvalencia@nuevoarcoiris.org.co

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