Estados Unidos ya gasta más del 15 por ciento del PIB en salud, es decir casi un trillón de dólares por año y no alcanza a atender a toda la población; Colombia invierte en atención médica más de 20 billones de pesos anualmente y todavía cerca de 6 millones de colombianos no tienen aseguramiento y cerca de 18 millones de subsidiados reciben un POS-S, que apenas cubre cerca del 60 por ciento del POS contributivo.
Hasta ahora, los diferentes actores del sistema se han defendido mediante subterfugios y maniobras, unas veces eludiendo el cumplimiento del POS, otras demorando los servicios y pasándose el balón de mano en mano, pasando por las tutelas, operaciones en las que el perdedor final ha sido casi siempre el usuario, que paga con la muerte en unos casos o con discapacidad y agravamiento de su estado de salud en otros. A partir de la sentencia, el sistema de salud deberá reacomodarse para ofrecer a todos, la totalidad de los beneficios, y el Estado deberá buscar nuevas fuentes de financiamiento.
Además, existirá la presión permanente por ampliar el POS con nuevos procedimientos y medicamentos, lo que podría llevar a una situación insostenible con deterioro del desempeño del conjunto de instituciones que componen el sistema de salud.
El cumplimiento de la providencia de la Corte significa a corto plazo, como lo ha afirmado el Ministro de la Protección Social, el desembolso de por lo menos 6 billones de pesos adicionales, los que tal vez se proyectaban en el presupuesto del 2009 para ampliar el acceso a la totalidad de la población por medio del régimen subsidiado. Atender a más de 25 millones de subsidiados con un POS pleno puede costar más de 10 billones de pesos anualmente. ¿De dónde van a salir? Una parte saldrá de los acumulados del Fosyga y otra del presupuesto general de la Nación, quedando un faltante de varios billones. ¿Nuevo aumento de las cotizaciones? ¿Mayores tasas impositivas? Allí está el desafío para el Estado colombiano, que deberá asumir como un propósito nacional mantener un sistema de salud de aseguramiento universal y de alta cobertura de servicio, financiado con el esfuerzo de todos.
No cabe duda de que a partir de la sentencia de la semana pasada comienza una nueva etapa de la reforma de la salud establecida hace 15 años. Ojalá sea para bien de los ciudadanos y no debilite el sistema, que ya acusa serias dificultades.
