La independencia del Banco de la República

La independencia del Banco de la República

De acuerdo con la Constitución Nacional, la jurisprudencia y el sentido común, el Banco de la República no puede ser tan independiente como algunos creen.

05 de septiembre 2008 , 12:00 a.m.

Ciertamente, la Constitución le asignó al Banco funciones cruciales para la economía, como son el manejo de las tasas de interés y la tasa de cambio, pero advierte que tales funciones “se ejercerán en coordinación con la política económica general” (artículo 371). Y, según la jurisprudencia, la política económica general está en cabeza del Gobierno.

En la célebre sentencia C481/99, la Corte Constitucional reitera esta coordinación y despeja cualquier duda acerca de los límites de la autonomía del Banco, cuando dice: “En la medida en que (I) las decisiones de la Junta del Banco tienen impactos indudables sobre el empleo y el crecimiento, y (II) esta institución es una autoridad estatal cuyas funciones (III) además deben ejercerse ‘en coordinación con la política económica general’, resulta indudable que la Junta del Banco de la República, si bien tiene como finalidad básica preservar el poder adquisitivo de la moneda (CP, artículo 373), no puede, sin embargo, ser indiferente a los resultados de sus decisiones sobre el empleo y el crecimiento, que explícitamente debe tomar en consideración”.

Antes de la actual Constitución, el Gobierno tenía control de la Junta del Banco y la presionaba fácil y frecuentemente para que le suministrara fondos –la famosa maquinita de imprimir billetes–. Eran ‘préstamos de tesorería’, a un interés irrisorio, por debajo del mercado, y con plazos laxos como caucho, cuyo efecto expansivo se sumaba a las fuerzas inflacionarias. Para conjurar semejante desorden monetario, la Constituyente concedió cierta independencia al Banco para que el Gobierno no pudiera obligarlo a pasarle plata impunemente, y así quedó plasmado en el artículo 373 de la nueva Constitución, que dice: “Las operaciones de financiamiento a favor del Estado requerirán la aprobación unánime de la Junta Directiva, a menos que se trate de operaciones de mercado abierto”.

A su vez, dispuso que, en condiciones normales, ningún presidente en ejercicio pueda nombrar la mayoría de los miembros de la Junta Directiva, sino que debe heredar algunos de administraciones anteriores (excepto ahora, cuando hay reelección).

De manera que la independencia del Banco es para que resista las presiones del Gobierno cuando busca plata fácil, pero no para que haga lo que quiera en otros frentes, por ejemplo, con respecto a las tasas de interés, si ello va en contravía de la política económica general.

Entonces, ¿por qué persiste la creencia de la autonomía ilimitada del Banco? Tal vez porque, desde 1991, la mayoría de los miembros de la Junta han sido de tendencia neoliberal, que pone el control de la inflación por encima de todo y, naturalmente, les conviene propagar el mensaje de la independencia absoluta. No obstante, la culpa es de los presidentes que los nombraron.

En conclusión, el Banco no puede ser una rueda suelta, máxime siendo una institución cuyas decisiones afectan desigualmente el bolsillo de la gente y cuyos directores no son elegidos por escrutinio ciudadano. Y sí, el Banco debe escuchar al pueblo. Tal es el espíritu de la ley.

HELGON

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