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Bolivia, otra vez en el ‘limbo político’

Bolivia, otra vez en el ‘limbo político’

La suerte del referendo revocatorio de los más altos cargos del Estado en Bolivia, previsto para el próximo 10 de agosto, es confusa: mientras el Tribunal Constitucional dijo que la consulta no se puede realizar, el Gobierno calificó la decisión como una “cantinflada” y la Corte Nacional Electoral anunció que seguirá adelante con el proceso.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
24 de julio 2008 , 12:00 a. m.

El decreto en contra fue dado a conocer la noche del martes por la única magistrada del Tribunal, Silvia Salame, quien atribuyó la decisión a una demanda interpuesta por el diputado opositor Arturo Murillo, de la opositora Fuerza centrista Unidad Nacional.

El recurso alega que al convocar el referendo se violó la Constitución, debido a que ese tipo de consulta no está incluida en la Carta Magna, aunque fue avalada por una ley del Congreso promulgada por el presidente, Evo Morales.

El poder en juego La idea del referendo es someter a la voluntad del pueblo la continuidad en los cargos del presidente Morales, su vicepresidente, Álvaro García Linera, y de ocho de los nueve prefectos (gobernadores) del país. La de Chuquisaca, Savina Cuéllar, está exenta porque fue elegida hace un mes, tras la renuncia de su antecesor.

Según Salame, dado que ella es la única magistrada del Tribunal (los otros cuatro han renunciado en los últimos meses) no puede tomar una decisión sobre la constitucionalidad o no de la consulta, pero puede firmar un decreto para frenar el proceso hasta que ese órgano cuente con todos los miembros necesarios para analizar el tema, como en efecto lo hizo.

La responsabilidad de designar a los magistrados es del Congreso, pero su elección y la de otros altos cargos está en suspenso por disputas políticas.

Salame aclaró que no falló sobre el fondo de la demanda, pero que al aceptarla, la votación queda en suspenso. “Se comunicará a la Corte Electoral que no puede continuar con el referendo hasta que el Tribunal Constitucional en pleno se pronuncie sobre la inconstitucionalidad o no” de la consulta, dijo.

El ministro de Defensa boliviano, el abogado Walker San Miguel, consideró que la decisión de Salame “mancilla, incluso, el honor de la abogacía” y anunció que el Gobierno presentará una “querella criminal por prevaricación” en su contra, porque –a su juicio– no puede firmar un decreto de tal importancia de forma individual.

Por su parte, el ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, sostuvo que la consulta del 10 de agosto está amparada por una ley del Congreso. Y recordó que el Tribunal Constitucional, que teóricamente debe poseer cinco miembros titulares y otros tantos suplentes, debe funcionar con mínimo tres de ellos para tomar cualquier decisión jurídica.

De hecho, la Corte Nacional Electoral dijo que el referendo revocatorio sigue en marcha, pese al decreto emitido por el Tribunal Constitucional.

Morales convocó este inédito referendo buscando una salida a la grave crisis política que tiene dividido al país entre su proyecto de refundación constitucional y los movimientos autonomistas, impulsados por opositores en cinco de las nueve regiones del país.

El presidente boliviano está seguro de una fuerte votación a su favor, lo cual le daría la legitimidad necesaria para frenar a los autonomistas y aprobar su Constitución

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