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Por ahí no es la cosa...

Una vez más está sobre el tapete la reforma de la Justicia. Cualquiera que sea su alcance, es importante que el tema se debata en el Congreso, pues no son pocos los ajustes que se requieren. Ojalá el anuncio del Gobierno esta vez sea en serio.

Lo que contempla la propuesta no resuelve los problemas de la Justicia.
Parece más bien una reforma para fortalecer aparentemente al Poder Judicial,
basada fundamentalmente en competencias burocráticas y en medidas para
evitar la politización de la justicia. Quedan por fuera temas claves como el
acceso de los más pobres a la justicia; su calidad y oportunidad; la
seguridad jurídica; la racionalización del sistema; la productividad
judicial; el clientelismo judicial; la penalización de conflictos; la
penalización de conflictos civiles; el respeto por la justicia; la
reubicación de la Fiscalía; la racionalización de las vías de hecho; la
simplificación de los procedimientos y la coherencia del mapa judicial.
Durante el trámite de la reforma que introdujo el Sistema Penal Acusatorio,
la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), promotora del mismo, abogó
oportunamente por la separación de las funciones de investigación y de
juzgamiento en la Corte Suprema y la doble instancia en los procesos de
pérdida de investidura, para poner estos procesos a tono con los nuevos
principios. Se trata ahora de conseguir el esquema más acorde con nuestra
arquitectura institucional.
Hay abundante evidencia sobre el daño que la cooptación le hizo a la
Justicia, pues la rama terminó encerrada en sí misma, estimulando formas de
clientelismo aún no superadas. Nos preocupa cómo se cruzan favores entre las
cortes, la Fiscalía, la Procuraduría, los tribunales y el Congreso. Como ha
venido haciendo carrera que los ex magistrados o magistrados de una Corte
pasan de una corporación a la otra. La postulación de los magistrados de las
cortes debe ser más abierta y transparente, y en ella deben participar la
academia y otras fuerzas vivas. Por eso no es recomendable volver a la
cooptación pura. Hay que subir la edad de ingreso a las altas cortes, como
lo propone el Gobierno, y es importante debatir incluso si son más
convenientes períodos más largos o nombramientos vitalicios.
El esquema actual de integración de la Corte Constitucional nos parece el
adecuado. En él deben seguir participando las tres Ramas del Poder Público y
no es conveniente que el Gobierno ceda sus derechos de postulación.
La Fiscalía debe trasladarse a la Rama Ejecutiva para consolidar el SPA, el
nombramiento del Fiscal correspondería al Presidente, con el veto del Senado
cuando haya impedimentos.
La CEJ ha respaldado la autonomía administrativa de la Rama Judicial como
garantía de su independencia, y proponemos reformas de fondo al Consejo
Superior de la Judicatura. Por ejemplo: 1) Un Consejo Superior sin sala
administrativa y sin seccionales, conformado por los presidentes de las
altas cortes, el gerente de la Rama Judicial y otros dos miembros, no
magistrados sino especialistas en administración de justicia, ojalá no
abogados, nombrados por la academia y por los empleados de la Rama Judicial.
2) El Poder Judicial representado por una sola persona. Representación que
ejercería el presidente del Consejo Superior, que sería a su vez uno de los
Presidentes de una de las Cortes, nombrado para un período de por lo menos 3
años y con reducción significativa o sin carga jurisdiccional. III).
Creación de un instituto de administración judicial presidido por el gerente
de la Rama Judicial. IV) Autonomía administrativa de la Escuela Judicial.
La reforma debe ser más profunda y pensando en el ciudadano y no en apetitos
burocráticos. El fortalecimiento de la justicia, y no solamente aquella que
está a cargo de los jueces, debe ser una política de Estado, y la mejor
prueba del compromiso del presidente Uribe, ahora que mejoran las relaciones
con la Rama, es el restablecimiento del Ministerio de Justicia.
* Directora Corporación Excelencia en la Justicia
HERJOS
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