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¿Quién maneja la seguridad?

En medio de las discusiones respecto a quién maneja la seguridad de Bogotá, de si el Ministro de Defensa puede realizar consejos de seguridad en la ciudad o es el Alcalde el único que los puede convocar, no se está ante el enfrentamiento de modelos de seguridad, como algunos pretenden mirarlo, sino ante protagonismos políticos respecto a quién puede solucionar los problemas de inseguridad que afectan a la ciudad.

HUGO ACERO VELÁSQUEZ
Es evidente el interés político del Ministro por dirigir y jugar un papel
preponderante en la solución de los problemas de inseguridad, pero también
es evidente la falta de liderazgo político y técnico del Alcalde en este
asunto; durante estos seis meses, a la Policía es a la que le ha tocado
responder por los problemas de inseguridad, sin que el Alcalde se haya
pronunciado o dirigido el tema como corresponde.
En este campo, lo que se requiere es coordinación entre los gobiernos
Nacional y Distrital, que el Alcalde asuma el liderazgo y que se solucionen
los problemas respectivos. Hay que recordar que, así como la Constitución
pone en cabeza de los alcaldes el manejo del orden público, también
establece que las órdenes del Presidente prevalecen sobre las órdenes de los
alcaldes y gobernadores en esta materia. Si el Presidente considera que la
seguridad de la ciudad se está deteriorando y no hay un adecuado manejo por
parte del Alcalde, puede ordenar a sus ministros de Defensa, e Interior y
Justicia intervenir en la ciudad para que solucionen los problemas y
convoquen los Consejos de Seguridad que estimen convenientes.
Lo ideal es trabajar en equipo. El distanciamiento y las disputas solo
benefician a los delincuentes. El trabajo conjunto debe servir para aplicar
una verdadera seguridad democrática en la ciudad, que desde el Gobierno
Nacional no ha sido tan democrática como parece, y desde el Distrital no ha
sido tan segura como debiera.
Este trabajo conjunto en Bogotá puede servir para que la Seguridad
Democrática del presidente Uribe amplíe sus áreas de trabajo hacia la
seguridad de los ciudadanos en las calles, dentro de un marco amplio que
comprenda la complejidad del problema de la seguridad urbana, que no se
limita solo a las áreas en las cuales la Seguridad Democratica ha
concentrado sus esfuerzos, como son: el terrorismo, el conflicto armado, el
narcotráfico y la reducción de los homicidios.
Puede servir también para deslindar las funciones constitucionales de las
Fuerzas Militares y de la Policía a la hora de garantizar la seguridad de
los ciudadanos en las áreas urbanas. La seguridad verdaderamente democrática
debe acabar con la militarización de la Policía y la policización de los
militares, situación de la cual no han sido ajenos los últimos gobiernos del
Polo, los cuales han asignado recursos para que el Ejército patrulle la
ciudad y realice controles de tránsito y retenes de seguridad.
Esta alianza le debe servir al Gobierno Distrital para dejar de criminalizar
a los pobres (“mientras existan pobres habrá violencia y delincuencia”) y
para que reconozca que detrás de la gran mayoría de los delitos existen
verdaderas organizaciones criminales, que hay que combatir con autoridad;
autoridad que le ha faltado al actual gobierno, como lo demuestra el
desorden de la Cárcel Distrital, donde en los últimos meses han sido
asesinado dos reclusos después de 10 años en los que no se presentaba un
solo caso. Lo demuestran también el abandono de la UPJ, la invasión del
espacio público, las basuras en toda la ciudad, la contaminación visual y
las metas pobres que se ha propuesto para reducir la violencia y la
delincuencia en los próximos cuatro años.
Hay que recordarles al Ministro y al Alcalde que la seguridad no es de
derecha, ni de izquierda; la seguridad es el sustento y garantía de los
derechos democráticos de los ciudadanos, que cualquier gobierno,
independientemente de su ideología, debe procurar.
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HUGO ACERO VELÁSQUEZ
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