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La tierra de los Castaño

La tierra de los Castaño

En la historia del municipio de Valencia han ocurrido pocos hechos tan insólitos como los dos que interrumpieron la apacible jornada del colegio José María Carbonell en la mañana del miércoles 11 de junio.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
29 de junio 2008 , 12:00 a. m.

El primero fue una reunión para retransmitir la versión libre que dio a la Fiscalía en Bogotá, en el proceso de Justicia y Paz, poco antes de ser extraditado a Estados Unidos, ‘don Berna’, sin cuyo permiso, durante una década, ni rebuznaban los burros de esta región de Córdoba donde el calor y la violencia parecen suspendidos en el aire irrespirable de los mediodías.

El segundo es que la reunión fue un fracaso, pese a que era una oportunidad sin precedentes para que las víctimas oyeran a uno de los grandes victimarios de una región que ha vivido por años bajo la férula de opresores truculentos, de los Castaño a Salvatore Mancuso. Más de 300 campesinos llegaron puntuales a la cita con sus ropas de domingo, en mula, en chiva y a pie, desde todo el departamento, pero una hora después de iniciado el evento, el auditorio quedó casi vacío.

Lo que pasó ese día fue una lección profunda sobre las cosas que mueven a las víctimas del conflicto armado (y sobre las equivocaciones de no pocos de quienes dicen defenderlas) en el peculiar proceso de justicia transicional en Colombia.

La ‘reforma agraria’ de Fidel Castaño.

A Valencia solo se puede llegar de dos maneras. Por la trocha carreteable que la une a San Pedro de Urabá, dominada por años por guerrilleros y paramilitares y ahora en guerra entre los grupos rearmados de otro don, ‘don Mario’, y ‘Los Paisas’ de Vicente Castaño; o en dos planchones que cruzan el río Sinú, pobres sustitutos del puente que le deben desde siempre los políticos a uno de los municipios más ricos y con más pobres de Córdoba.

Aislamiento perfecto. Desde fines de los años 80 la familia paramilitar y narcotraficante de los Castaño convirtió la región en su retaguardia estratégica. Aquí tenía sus fincas –‘Las Tangas’, una de ellas, era orgullo y cuartel general de Fidel, el hermano mayor–. Aquí compró a granel tierras baratas, asoladas por el EPL, no bien sus tropas empezaron a limpiar la región a punta de terror. En San Pedro de Urabá estaban ‘La 35’ y ‘La 15’, adonde llevaban a los sentenciados, a matarlos y sepultarlos, y ‘La Acuarela’, una de las primeras escuelas de entrenamiento de los paramilitares, que practicaban las artes del sufrimiento humano con los pobres condenados.

En ‘Las Tangas’ protagonizó Fidel Castaño, en agosto de 1990, con obispo y ceremonia, la primera desmovilización paramilitar. Anunció una “reforma agraria” en la que, supuestamente, repartió entre 2.500 familias campesinas de la región 10.000 hectáreas expoliadas por sus hombres. Se les entregaron, con escrituras, parcelas de entre 2 y 8 hectáreas en siete fincas (600 de esas familias, cercanas, según dicen los campesinos, a los paramilitares, recibieron entre 20 y 60 hectáreas). Cinco de las fincas –Jaraguay, Las Tangas, Santa Mónica, Pasto Revuelto y Roma– están en la orilla del río Sinú donde queda Valencia; otras dos –Santa Paula y Cedro Cocido–, en Leticia, cerca de Montería. Son de las mejores tierras de Colombia y hoy valen unos 700.000 millones de pesos.

El regalo estaba envenenado. Todo se tramitó a través de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcord), organizada por los Castaño, y dirigida por una mujer cercana a ellos, Sor Teresa Gómez. Y, se dice, con lazos de parentesco, con Jesús Ignacio Roldán, ‘Monoleche’, uno de los mayordomos de los Castaño y, según se denuncia, activo participante en la operación de expoliación de la que fueron objeto después los campesinos. Las escrituras incluían una cláusula que prohibía “vender, hipotecar o limitar el dominio donado, sin permiso escrito de Funpazcord”. A muchos se les impidió construir casa, cultivar y, en algunos casos, hasta visitar su parcela.

Pocos años más tarde, recibieron la orden de vender la tierra a nuevos dueños. “O vende o le compramos a la viuda” es el argumento que recitan.

Muchos firmaron.

La denuncia.

En 1996, en esta región de jornaleros míseros y ganaderos grandes enriquecidos en esos años de tierras de ocasión, en San Rafael del Pirú, cerca a Valencia, Carlos Castaño, sucesor de Fidel, dio refugio a ‘don Berna’, cuando huía de ‘La Terraza’, la banda de Medellín que quería matar a uno de los hombres claves en la derrota y muerte de Pablo Escobar.

Mientras duró el control paramilitar en la región, los parceleros se quedaron callados y el despojo –que luce como una de las operaciones más grandes y sofisticadas de testaferrato forzoso que se han visto en Colombia–siguió impune. Hasta 2006.

Luego de la desmovilización del jefe paramilitar de Córdoba, Salvatore Mancuso, del ‘señor’ local, ‘don Berna’, y del lugarteniente de los Castaño, ‘Monoleche’, que creyeron definitiva, los parceleros se decidieron a contar la historia. Los lideraba una mujer, Yolanda Izquierdo, que convenció a casi 800 de ellos de hacerse parte en el proceso de Justicia y Paz, para reclamar la tierra y una indemnización.

En diciembre de 2006, para destapar lo sucedido, Izquierdo volvió, con este corresponsal, a su parcela, en la hacienda Santa Paula, hoy en parte propiedad de un respetable ganadero. Un mes y medio después, fue asesinada en su casa, en el barrio Rancho Grande de Montería. Como ocurre con trágica frecuencia en Colombia, había denunciado, tan reiterada como inútilmente ante las autoridades, que la iban a matar.

La Fiscalía sospecha que Sor Teresa Gómez, la gerente de Funpazcord, Diego Sierra, de Santa Paula, y ‘Monoleche’ están tras el homicidio. Todos lo niegan. Se capturó al presunto sicario, se libró orden de captura contra otro y el esposo y la hija de Yolanda Izquierdo entraron al programa de protección de testigos de la Fiscalía. Pero su muerte sigue impune.

‘Monoleche’ rindió en Montería, el pasado martes 10 de junio, una versión libre en la que, poco más o menos, se declaró inocente de los crímenes que las víctimas le imputan y no habló una palabra de las fincas de los parceleros. Y estos siguen a la espera de que les devuelvan las tierras que los paramilitares les dieron en 1990 y luego les quitaron.

La reunión que no fue.

El miércoles 11 de junio, el escenario en Valencia, habituada a 20 años de ley del silencio, no podía ser más inusual. En la tarima del vasto auditorio del colegio José María Carbonell, varias funcionarias de la Unidad Satélite de Justicia y Paz de la Fiscalía de Montería, instalaron computador y videobeam. Abajo, más de 300 campesinos de la región, se apretujaban, endomingados y expectantes. Pero ellos y las funcionarias habían venido a dos reuniones distintas.

La Fiscalía había convocado el evento para retransmitir la versión que rindió en Bogotá, poco antes de ser extraditado a Estados Unidos, ‘don Berna’, amo y señor de Valencia. Como muchos teóricos de procesos de este tipo, confiaba en que oír hablar al victimario despertaría considerable interés entre quienes habían vivido bajo su férula y tenían familiares desaparecidos, muertos y desplazados por obra suya.

Pero los campesinos habían sido convocados a otra reunión. Semanas antes, luego de la extradición de 14 jefes paramilitares, las autoridades habían ocupado muchas de sus propiedades. Entre ellas, estaban algunas de las fincas objeto de la vieja expoliación, como ‘Las Tangas’ y ‘Jaraguay’. Los campesinos habían venido convencidos de que ese día, la reunión era para devolverles las parcelas en ‘Jaraguay’.

No hace falta describir el zafarrancho que se armó cuando, a las 10 de la mañana, en el auditorio del colegio José María Carbonell, Rodrigo Torres, funcionario de Acción Social de la Presidencia, explicó a los presentes el objetivo oficial de la reunión y les dijo que si querían recuperar las tierras debían buscar un abogado. Hubo protestas encendidas de los parceleros, muchos de los cuales traían sus escrituras delicadamente apretadas en las manos callosas; hubo murmullos indignados e intervenciones ofendidas.

Cuando todo se calmó y se aclaró, mientras ‘don Berna’ hablaba en un video apenas audible en medio del barullo, la gente abandonó la sala en masa. Una hora después de iniciada la reunión, en el vasto recinto donde tenía lugar la primera ‘confesión’ del gran jefe paramilitar de Valencia, los espectadores eran cientos de sillas vacías.

La saga de los parceleros.

“Estamos apenas en la primera parte del partido procesal, la versión libre.

Hasta ahora, nadie confiesa los desplazamientos (de los parceleros)”. Así habla Mauricio Caballero, el abogado que, desde que Yolanda Izquierdo inició el proceso de recuperación de las tierras de los Castaño, ha reunido 760 poderes de los parceleros para pelear sus derechos en el marco del proceso de Justicia y Paz. Aunque critica la lentitud del proceso para las víctimas, como ellas, confía en conseguir no solo la devolución de las tierras sino millonarias indemnizaciones.

Como lo mostró la fallida reunión del miércoles 11 de junio en Valencia, ese es el motor principal de los cientos de campesinos expoliados por la “reforma agraria” de Fidel Castaño: la tierra. Pero, como Caballero reconoce, “para la fase de imputación (en el proceso de Justicia y Paz, cuando se podrá concretar el reclamo) faltan cuatro o cinco años”. La saga de los parceleros de Córdoba aún dista de terminar.

cortapalo@gmail.com .

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