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EL GOBIERNO DE VENEZUELA INTERVINO EN TRES BANCOS

EL GOBIERNO DE VENEZUELA INTERVINO EN TRES BANCOS

La banca venezolana sigue sin detener su derrumbe catastrófico, en medio de contradicciones entre altos funcionarios del Gobierno y la creciente desconfianza de los depositantes.

Ayer el Estado madrugó a colocar bajo su control tres bancos medianos, entregó otro a un grupo de inversionistas privados diferentes de sus dueños, y fijó un breve plazo a los accionistas de un quinto para que lo refinancien y eviten que sea estatizado.

La decisión la tomó la Junta de Emergencia Financiera (JEF), solo pocas horas después de que el viceministro de Hacienda, Luis Xavier Grisanti, salió al paso de insistentes rumores y dijo que no estaba previsto intervenir entidad crediticia alguna.

Las declaraciones del viceministro tranquilizaron a los venezolanos, pero este miércoles la confianza se derrumbó cuando se conoció la decisión de la JEF de estatizar a los bancos Italo-Venezolano, Principal y Profesional.

Ninguna de estas entidades cerrará sus puertas, confirmaron fuentes oficiales Según analistas privados, los tres bancos acumulaban pérdidas por 114.000 millones de bolívares, y un alto grado de insolvencia generado por masivos retiros de fondos por partes de los depositantes nerviosos ante insistentes rumores sobre la mala situación de las entidades.

La JEF también acordó entregar el 51 por ciento de las acciones del Banco Unión a un grupo de inversionistas privados representados por bancos comerciales considerados en buena situación.

A refinanciar Igualmente la JEF otorgó un breve plazo, que según el Superintendente Bancario, Tesalio Cadenas, será de algunas semanas para que el Grupo Mezerhane recapitalice el Banco Federal y evite perder su control.

Según el funcionario, los accionistas del Federal prometieron inyectarle a la institución unos 5.000 millones de bolívares.

Según Cadenas, la estatización se decidió cuando no hubo acuerdo entre la JEF y sectores financieros privados encabezados por el Consejo Bancario Nacional en torno de fórmulas viables de refinanciación para los bancos.

Tenemos suficiente experiencia en estos casos, y lamentablemente no hubo otra posibilidad sino adoptar las medidas tomadas, dijo. Se pide a los accionistas refinanciar los bancos cuando pierden más del 50 por ciento del capital, y si no se logra, se estatiza.

El mecanismo adoptado con el Banco Unión, fue anunciado por fuentes de la entidad, que revelaron la apropiación de 6.000 millones de bolívares para refinanciarlo.

El dinero será aportado por los bancos Caracas, Provincial, Caribe y Mercantil (51 por ciento de las acciones), y por los accionistas tradicionales.

Contradicciones El Presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, Gustavo Tarre Briceño, criticó con vehemencia las contradicciones en el alto Gobierno, y dijo que con las declaraciones de Grisanti el martes se confirmó que un ministro mete más la pata hablando que actuando.

El Gobierno está manejando esta crisis bancaria con gran torpeza, dijo.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Julio Sosa Rodríguez, dijo que en torno de las decisiones de la JEF, creada para enfrentar la crisis financiera, solo habrá comunicados oficiales, no habrá declaraciones individuales, con lo cual pareció rechazar la actitud de Grisanti.

Sin embargo, Sosa reiteró que el Estado garantiza la totalidad de los depósitos. De hecho, eso es lo que ha venido sucediendo, dijo.

Antes de viajar a la oriental ciudad de Cumaná, donde presidirá una reunión de mandatarios andinos, el Presidente Rafael Caldera dijo en breves declaraciones que su Gobierno entregará una banca sana, sólida y confiable, que no represente nuevos peligros para el país.

Ahora, de los 38 bancos comerciales venezolanos, 20 están bajo el control absoluto del Estado, que adeuda más de 1.2 billones de bolívares al Banco Central de Venezuela (BCV), que los prestó para adquirir las entidades crediticias. En total, el Estado controla más del 60 por ciento del sistema financiero venezolano, pues también estatizó corporaciones financieras y compañías de seguros.

El derrumbe bancario comenzó en enero de 1993, cuando fue intervenido y cerrado temporalmente el gigantesco Banco Latino, en decisión que arrastró hacia la debacle a numerosas empresas y a la ruina a millares de ahorradores.

La segunda ola de la crisis afectó seis meses después a los bancos Maracaibo, Barinas, Metropolitano, Bancor, Construcción, La Guaira, Andino y Amazonas.

En septiembre, una nueva intervención dejó bajo control del Estado a los poderosos bancos Consolidado y Venezuela, con lo cual la crisis financiera adquirió dimensiones sorprendentes.

Posteriormente, el Banco Progreso fue intervenido, y la decisión afectó igualmente al Banco República, ambos propiedad del Grupo Financiero Latinoamericana Progreso, del inmigrante cubano Orlando Castro Llañez.

Otras tres pequeñas entidades, los bancos de fomento de Coro, de Guayana, e Industrial, ya estaban en poder del Estado, por razones diferentes a las de la actual crisis.

En la mayoría de los casos el Estado, a través del Fondo de Garantías de Depósito y Seguridad Bancaria (Fogade) entregó multimillonarios auxilios a los banqueros, que a cambio entregaron numerosos bienes en garantía.

Pero cuando los banqueros no pudieron cumplir con los plazos fijados para presentar planes de saneamiento de los bancos, el Estado ocupó los bienes entregados, entre ellos los paquetes accionarios, y los puso bajo su control total a través de juntas administradoras de confianza.

Sin embargo, pese a la junta, en el Banco Progreso ocurrieron graves irregularidades, como manejos dolosos mediante el sistema de computadores y alteraciones de actas, descubiertas hace pocas semanas, lo cual obligó a estatizar todo el Grupo Financiero Latinoamericana Progreso.

En la actualidad, Fogade es propietaria de los bancos, pero también de haciendas, hoteles, emisoras de radio y televisión, diarios, fincas de recreo, aseguradoras, vehículos y miles de otros bienes entregados por los accionistas como garantía de los auxilios.

Estos bienes serán en su mayoría rematados, con el fin de recuperar parte de la gigantesca suma entregada a los bancos y prestada por el BCV, lo cual, en criterio de analistas, ha contribuido a generar mayores desequilibrios en la tambaleante economía del país.

Como consecuencia de la crisis financiera, decenas de banqueros han sido procesados por la justicia ordinaria, pero ninguno está en prisión. Por el contrario, la mayoría de los responsables de bancos están en el exterior, entre ellos, un yerno del Presidente Rafael Caldera.

Otras investigaciones en curso tratan de establecer el origen de rumores que habrían contribuido para que los ahorradores y titulares de cuentas corrientes hubieran realizado retiros masivos de fondos, con lo cual los bancos quedaron en situación de insolvencia

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