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POR FALLO DE LA CORTE, QUINCHÍA DESPIDE A 80 DE LA NÓMINA

POR FALLO DE LA CORTE, QUINCHÍA DESPIDE A 80 DE LA NÓMINA

Prácticamente desmantelado quedó el equipo de colaboradores del alcalde de Quinchía (Risaralda) Ernesto Gómez, al ser despedidos por el mandatario 100 de los 134 trabajadores que venían laborando con la administración.

Tal determinación obedece a los efectos directos del fallo de la Corte Constitucional que prohibe la utilización de recursos de la Nación en gastos de funcionamiento, dijo el Personero de esa localidad, Mario Vélez Villada.

Cincuenta del centenar de empleados despedidos, estaban incluidos en la carrera administrativa, reveló Vélez Villada. Los otros cincuenta laboran por el sistema de prestación de servicios.

En la resolución del mandatario local, se plantea a los funcionarios salientes la posibilidad de recibir una indemnización por los perjuicios causados, o la de ser reenganchados nuevamente en menos de seis meses en cargos de igual categoría, pues se piensa llevar a cabo una reforma administrativa que ya ha sido acordada con el Concejo local.

Ni el Secretario de Gobierno, ni el de Planeación, así como el gerente del Fondo de Vivienda Popular se salvaron de esta poda burocrática, sostuvo el Personero de Quinchía, al agregar que se hace urgente la intervención del Gobierno para salvar a los municipios de recortes de esta naturaleza.

Salieron también a consecuencia del fallo Constitucional, ocho guardianes de la Cárcel y los empleados del matadero municipal.

El Personero advirtió que la salida de tal cantidad de empleados no tiene que ver en ningún caso con persecución política por parte del alcalde Gómez, como la insinuó el diputado liberal, Luis Arturo Arroyave, quien anunció demandar la situación ante la Procuraduría regional, al considerarla como inmisericorde y atentatoria contra el derecho que tienen las personas al trabajo.

Un hecho similar al de Quinchía vive el municipio de Balboa (Risaralda), cuyo alcalde, Wilson Osorio, declaró la emergencia administrativa ante el fallo Constitucional. De allí fueron suspendidos inicialmente 20 cargos y se espera que la barrida continúe.

Osorio reclamó la intervención del gobernador de Risaralda, Diego Patiño Amariles, para que busque alternativas de solución ante el Gobierno Nacional.

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