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LAS PELAS DEL ESTADO

LAS PELAS DEL ESTADO

La autocrítica del Estado colombiano con motivo de las matanzas de Trujillo es, como bien se ha recalcado, un hecho sin precedentes. Fue una determinación honesta y valerosa del Gobierno, pero también ineludible y necesaria.

La creciente presión internacional sobre Colombia en derechos humanos obligaba al Gobierno a demostrar su voluntad de poner fin a las violaciones atribuibles a la fuerza pública. Lo de Trujillo es un paso en esta dirección. Se busca, así, contrarrestar el deterioro de la imagen externa del país y al mismo tiempo llamar la atención de las Fuerzas Armadas sobre la inadmisibilidad de estos excesos.

Y está bien que así sea. Por más difícil que resulte en guerras tan irregulares y sucias, el Estado tiene que demostrar su autoridad moral y su legitimidad. Recurrir a métodos que lo deslegitiman y llevan a parecerse a los delincuentes que combate, socava su credibilidad, llena de argumentos a sus adversarios y se presta para un descrédito internacional que puede tener repercusiones políticas y económicas.

Acaba de aparecer el informe anual del Departamento de Estado de E. U. sobre Colombia, en el que se habla de un panorama desolador en derechos humanos. La semana entrante se celebrará en Bruselas, en la sede del Parlamento Europeo, un encuentro de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) colombianas y europeas para analizar este mismo tema. En estos días también se inician las sesiones de la ONU sobre derechos humanos en Ginebra y en Washington la Comisión Interamericana del ramo evaluará el informe de las ONG sobre el caso de Trujillo.

Colombia está, pues, en el físico banquillo en distintos foros. El reconocimiento de la responsabilidad estatal en las matanzas del norte del Valle es en este sentido un gesto significativo de su propósito de enmienda, que ojalá la comunidad internacional sepa valorar. Pero no es el único. El Gobierno Samper ya se ha dado varias pelas en este campo.

La firma del Protocolo II sobre humanización del conflicto interno; la invitación a Amnistía Internacional a que establezca una oficina permanente en Colombia (no aceptada por motivos aún no bien explicados); la luz verde a todas las actividades de las ONG; el reiterado deseo de diálogo con la guerrilla; el desmonte parcial del proyecto de las cooperativas de seguridad rural, son todas manifestaciones inequívocas de esta actitud.

Bien intencionada, sin duda. Pero me pregunto por qué el Gobierno no complementa su noble espíritu autocrítico y sus ganas de complacer a sus impugnadores internos y externos, con una posición más afirmativa agresiva, si se quiere de defensa integral de su lucha contra los otros violadores de los derechos humanos. No para justificar o encubrir los desafueros que cometan sus agentes, pero sí para demostrar a qué está enfrentado.

Una postura puramente pasiva y casi vergonzante no parece lo más recomendable. Sobre todo cuando la guerrilla comete a diario todas las violaciones imaginables al derecho de gentes. Es en el contexto de este conflicto donde se cometen los mayores atropellos de lado y lado, y el Gobierno está en mora de exponer los de sus adversarios en forma detallada y convincente en todos los foros internacionales donde se trate el tema.

A veces parece que tuviera cierto complejo para hacerlo. Quién sabe si por no enturbiar el aún nebuloso clima de diálogo, o no ofender a una guerrilla que no se ha dignado hacer un solo gesto de reconciliación comparable a los muchos del Gobierno Samper.

Pero que, eso sí, no cesa de invocar la humanización de la guerra, y de denunciar la violencia del Estado y los atropellos a la población civil. Que esto lo haga una guerrilla que incendia buses y quema vivos a inocentes pasajeros porque un empresario del transporte no cede a su extorsión; que causa derrames de petróleo que contaminan los acueductos de varios pueblos, dejan sin trabajo a miles de pescadores y causan irreparables daños ecológicos; que diariamente secuestra a algún colombiano y fusila sin misericordia al que no pague rescate, son aberraciones que la comunidad internacional debe conocer más a fondo.

En recientes comunicaciones, tanto las Farc como el Eln vuelven sobre las mismas denuncias del Ejército, del paramilitarismo (producto directo del secuestro) y la actitud supuestamente guerrerista del Gobierno. Tal vez pretenden que el Estado no se defienda, que no dé la pelea en el terreno militar, ni en el de la opinión pública.

Qué bueno sería, en cambio, que ellos dieran alguna muestra de voluntad de paz. Que liberaran a algún secuestrado, pararan los atentados o llamaran a calificar servicios a los que ponen bombas en lo buses o negocian los cadáveres de los rehenes asesinados.

Este conflicto interno lleva ya demasiados años. Han sido tres décadas de una guerra sórdida y cruel, cada vez más pervertida por el narcotráfico, en la que todos sus protagonistas han cometido los peores horrores. Aquí nadie tiene autoridad para hablar de derechos humanos (aunque el Estado por definición debe representarlos), o enrostrarle al adversario su ferocidad.

Reconocer que ha habido excesos, como lo ha hecho el Gobierno, es un paso importante y altamente significativo. Falta, claro, que sea correspondido. Pero de lo que se trata es de avanzar hacia un terreno común de entendimiento. Para eso, hay que mirar hacia adelante y no limitarse a la necrología del pasado. Si un eventual proceso de paz se dedicara a hacer el inventario de las barbaridades del Ejército o de la guerrilla, no terminaría nunca.

Al final de estas líneas, me entero de que el ministro de Defensa encabezará la delegación del Gobierno colombiano al encuentro de Bruselas. Buena esa, que sea el jefe de la cuestionada institución militar el que dé la cara y se coloque en la boca misma del lobo. Argumentos le sobran y es una forma de pasar a la ofensiva. Ya era hora.

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