Delegados de la Secretaría de Gobierno adelantaron estudios para implementar el proyecto, que contiene un inventario de los despachos judiciales existentes en la ciudad al igual que el área ocupada.
El proyecto se dio ante la atomización en que se encuentra la justicia palmirana. En el municipio funcionan 76 despachos entre juzgados penales, civiles, laborales, fiscalías, comisiones civiles y promiscuos de familia.
La prioridad de la Secretaría de Gobierno es reubicarlos para garantizar una mayor agilización de los trámites judiciales.
Los despachos funcionan en un área de 5.494 metros cuadrados, divididos en siete sitios diferentes, donde son atendidas diariamente 1.727 personas.
Los juzgados están divididos en siete locales lo cual impide una mayor movilización.
Para el de la nueva construcción se prevé un presupuesto de tres mil millones de pesos de los cuales 1.800 incluyen la construcción locativa y el resto para equipos de dotación.
En un diagnóstico preliminar se encontró que los empleados de la justicia no cuentan con el equipo necesario para adelantar su labor.
Los 290 trabajadores se ubican en 76 oficinas desde donde despachan en 397 escritorios -la mayoría en mal estado- 170 archivadores, 48 baños en mal estado - varios de estos sin servicio de agua- 201 máquinas manuales, tres eléctricas y sólo 15 líneas telefónicas. A esto se adiciona el mal estado de las oficinas.
De otro lado, se conoció sobre el refuerzo de la vigilancia en el lugar dado que en las últimas horas se recibió una llamada telefónica en donde se avisó por la supuesta colocación de una bomba.
Denuncian estafas En este municipio se han conocido varios casos de estafa por parte de una banda que utiliza el nombre de la Fiscalía para entregar a familiares que tienen parientes internos en la Penitenciaría resoluciones que supuestamente hacen efectiva la libertad.
En el documento, los delincuentes asaltan la buena fe de varias personas exigiéndoles dinero.
En la resolución estas personas citan el artículo 438 como también nombres y números de fiscalías que no existen.
Representantes de la Fiscalía en Palmira indicaron que ninguna persona está autorizada para recibir dineros por alguno de los servicios prestados por la entidad y precisaron que toda plata correspondiente a multas o depósitos de excarcelación tienen que ser cancelados en el Banco Popular.
Actualmente la Fiscalía adelanta investigaciones para esclarecer los hechos y localizar a la banda de delincuentes que está cometiendo el ilícito.
