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TRAS LA CERTIFICACIÓN DE LA CONDUCTA

TRAS LA CERTIFICACIÓN DE LA CONDUCTA

Los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa han viajado a la capital del Imperio, dicho sea con ánimo admirativo y no peyorativo, a aclarar equívocos sobre el aporte del Gobierno de Colombia a la ardua lucha contra el fenómeno transnacional del narcotráfico.

Por el hecho de estar atadas las concesiones comerciales y financieras al éxito del país en este asunto específico, su vigencia depende de la calificación unilateral que cada año expida Estados Unidos sobre la magnitud y eficacia de sus esfuerzos. Para el caso, el examen se limita al frente de la producción y exportación de nuestra esquina geográfica, dejando de lado el sórdido magnetismo de los consumos extranjeros.

Con el fin de estimular a los países andinos a dar la batalla contra este flagelo de la humanidad, se les otorgaron preferencias comerciales y no recíprocas en el mercado estadounidense, materializadas en la reducción de los gravámenes aduaneros. Si bien habrían de durar una década, su prórroga cada año estaría condicionada al veredicto anual de Estados Unidos sobre su buen comportamiento.

A diferencia de otras preferencias también generales y no recíprocas que Colombia dejó vencer sin chistar el segundo semestre de 1994, las todavía supervivientes aunque en serio predicamento se hallan expresamente atadas a los conceptos de las autoridades de ese país sobre los resultados obtenidos en la tarea de contraer la oferta colombiana de estupefacientes .

Dentro de la filosofía del libre comercio y de la promoción del desarrollo, aquellas parecían las más adecuadas, estables y significativas. Pero, siendo Colombia socio necesario en la batalla contra la producción y el consumo de narcóticos, no imaginó quizá que las preferencias especiales fueran a ser tan frágiles y aleatorias. Ahora es el único instrumento de que dispone, salvo el de la cláusula de la nación más favorecida, compartida con las potencias industriales.

Lo que no se sabía era que el voto de Estados Unidos en las instituciones financieras internacionales fuese a estar determinado igualmente por la contribución del posible beneficiario a la lucha contra el narcotráfico. No son nuevos los préstamos externos referidos al cumplimiento de ciertos requisitos y metas. Lo han sido tradicionalmente los del Fondo Monetario Internacional, con muy varia fortuna según las circunstancias y la idiosincrasia de los países. Pero su extensión a políticas de diverso orden (sociales, demográficas, ambientales o sanitarias) puede entorpecer el desarrollo de los pueblos, tanto más si todo ha de supeditarse al criterio de uno de ellos, empañado e influido por sus propias dolencias.

No parece justo que, por haberle caído a un país la roya moral del narcotráfico, quede expuesto a las sanciones punitivas de quienes participan del mal y en su erradicación solidaria debieran empeñarse. La producción y el consumo son términos recíprocamente complementarios. En el mundo capitalista no se produce lo que no tiene mercado y no genera utilidades. De consiguiente, cuando de combatirlo se trata, es esencial obrar coordinadamente en la oferta y la demanda, sin esconder los fracasos de los unos con las frustraciones de los otros.

Encomiable es excitar a las naciones a preservar la salud de la especie, enfrentádose de consuno a una grave amenaza. El peligro es el de caer en extremos viciosos como el de orientarse a bloquear o aislar a las víctimas de una precipitada e infundada presunción de mala fe.

En el pasado se vio Colombia ante análoga perspectiva por no resignarse a ajustar sus políticas a las perentorias demandas del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos multilaterales. No obstante, la discusión era por cuestiones de manejo interno que no incidían en el exterior. En esta oportunidad, lo es a propósito de un negocio ilícito que, por trascender las fronteras patrias, compromete numerosas jurisdicciones nacionales.

Por ejemplo, en lo relacionado con el lavado de dólares y dada su intrincada naturaleza, cabría escrutar sus eslabones y ver de desarticularlos, en forma que la responsabilidad de la acción corriera parejas con la parte que cada uno tuviera en la fenomenal cadena. Por la globalización de las economías, la velocidad de las comunicaciones y la libertad de los movimientos financieros, se impone la cooperación de las naciones. Entre otras cosas para evitar que lo prohibido en unos lugares se prohije abierta o solapadamente en otros. Sin desconocer hasta dónde la liberación de los regímenes cambiarios ha facilitado la transferencia de los capitales de cualquier origen.

Colombia va a Washington en busca dela certificación unilateral de su conducta en la lucha contra el narcotráfico como pre-requisito de la vigencia de las preferencias comerciales andinas y del voto de Estados Unidos en las organizaciones internacionales de crédito.

Con base en la premisa de colaborar resueltamente a esa lucha, convendría establecer sin embargo mecanismos que le ahorraran semejante humilladero anual. Revivir las preferencias comerciales de carácter permanente y desligar los créditos de desarrollo de la calificación unilateral de una gran potencia en cuya capacidad de juzgamiento intervienen factores políticos y grupos de presión.

No dizque estamos en la era del libre comercio y de la integración continental desde Alaska hasta la Patagonia? Pues a obrar paulatinamente en función de ese sueño y, en estrecha solidaridad, a bregar por la salud de la humanidad del Hemisferio y del mundo. No vaya a depender la cooperación de los países de forcejeos entre poderes públicos por razones de predominio partidista o de explosiones demagógicas en los ambientes caldeados de los Congresos.

Comprobado está que la primera prioridad es la batalla contra el narcotráfico. Pero ella no excluye el programa desdibujado de la Cumbre de Miami sobre comercio e integración hemisférica. Conciliar ambos anhelos es lo indicado y urgente. Y, a nivel oficial, prevenir diagnósticos apresurados en instancias públicas que redunden en descrédito de una de las naciones.

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