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LOS IMPACTOS DE LA LEY 60

LOS IMPACTOS DE LA LEY 60

Los municipios colombianos se encuentran en la olla , debido al fallo de Corte Constitucional que declaró inconstitucional el plazo concedido hasta 1999 para la aplicación de porcentajes graduales de inversión forzosa y de libre asignación de conformidad con lo establecido en el artículo 357 de la Carta Política.

En mi artículo anterior, hice una somera descripción del contenido de la norma y una crítica a la Corte Constitucional por lo inoportuno de la decisión, especialmente cuando los presupuestos municipales ya habían sido aprobados. Ahora dedicaré mi nota a explicar el impacto económico y social del fallo en la vida municipal del Valle del Cauca y del resto del país.

Cuál es el aforo presupuestal en los ingresos corrientes de la Nación para cumplir con la ley de transferencias en el Valle y en el resto de los municipios de Colombia? Cuántos colombianos quedan en el asfalto con el fallo? La división de finanzas territoriales del Ministerio de Hacienda informa sobre una cifra que asciende a un billón 192 mil millones de pesos para la vigencia fiscal de 1995, de los cuales 96 mil 154 millones corresponden a transferencias para los municipios del Valle, es decir que de este monto los municipios podían aforar el 40 por ciento, o sea 38.000 mil millones en sus presupuestos para gastos de funcionamiento. Pero con el fallo, a partir de este año todo debe apropiarse para inversión.

El impacto social puede medirse a través de la conversión de los 38 mil millones de pesos a salarios mínimos, los cuales divididos por doceavas arrojan un gasto mensual de 3.205 millones, los cuales sobre un salario mínimo de 119 mil dá 26.932 salarios. Como el promedio del componente de familia en el Valle es de 4,5 personas, el total de personas afectadas es de 121.194.

Ahora revisemos el impacto en el total de los municipios de Colombia incluidos los del Valle. Sobre una apropiación en el presupuesto nacional de un billón 192 mil millones de ingresos corrientes para cumplir con la ley de transferencias, los municipios podían aforar antes del fallo para gastos de funcionamiento la no despreciable suma de 476 mil millones. Siguiendo el método de convertir esta cifra a salarios mínimos para medir el impacto social, tendríamos que 476 mil millones de pesos, divididos en doceavas arrojan una suma mensual de 39 mil 600 millones, los cuales sobre un salario mínimo de 119 mil dan 332.773 salarios mínimos mensuales. Suponiendo que el promedio de componente de familia en el país es igual al del Valle, es decir 4,5 personas, el total de la población afectada sería de 1.497.478.

En consecuencia, el panorama no puede ser más oscuro. Los reyesitos de la Corte Constitucional que no son de salario mínimo, ni tienen que soportar como los Alcaldes presiones sociales, han dejado en el asfalto a muchas familias y a múltiples Alcaldes administrativamente inválidos. La solución no es despedir de sus puestos a 333 mil personas, en un país convulsionado, sino buscar entre el Gobierno central, el Congreso y la Corte Constitucional soluciones a corto plazo.

No conviertan señores de la Corte a los empleados municipales en vendedores de serenatas y de ilusiones, en compradores de sahumerios, en bogas del viejo río, en marineros que huelen a ron o en campesinos cafeteros con broca entre sus huesos. Hagan un trato; no busquen la paja en el ojo ajeno, acepten que los culpables son muchos, quizás la misma sociedad que hemos creado, y así Colombia seguirá entregando la vida de sus mejores hombres para proteger la de muchos que no merecen tanto sacrificio.

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