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EN EL LIMBO ESTATUTO DE JUECES

EN EL LIMBO ESTATUTO DE JUECES

El Estatuto de Carrera Judicial, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura con base en la Constitución de 1991 y que cobija a más de 18 mil miembros de la Justicia, está a punto de ser anulado en los estrados judiciales.

La Procuraduría General de la Nación pidió al Consejo de Estado dejar sin efecto el Acuerdo 87 de 1993, a través del cual la Sala Administrativa fijó en 1993 el régimen de ingreso, permanencia, ascenso y retiro de la carrera judicial en el país.

En criterio del Ministerio Público, los magistrados de la Sala Administrativa incurrieron en una flagrante violación de la Constitución al promulgar el Estatuto, pues excedieron sus atribuciones legales y constitucionales.

La Procuraduría concluyó que el Consejo Superior desbordó sus facultades y usurpó las funciones propias del Congreso de la República al acoger el Acuerdo 87, del 23 de noviembre de 1993.

Bajo estos argumentos, la Procuraduría solicitó a los consejeros de Estado dejar sin ninguna vigencia el Estatuto de Carrera, el cual se encuentra suspendido de manera provisional desde el 15 de abril de 1994.

A juicio del Ministerio Público, el único Estatuto de Carrera que cobija a los empleados de la justicia es el Decreto 052 de 1987.

El pronunciamiento lo hizo la Procuraduría Cuarta Delegada en lo Contencioso ante el Consejo de Estado, presidida por la jurista María Eugenia Samper Rodríguez.

En concepto de la Procuraduría, la Sala Administrativa no reglamentó en el Acuerdo 87 el sistema de carrera judicial sino que, sin potestad para ello, se convirtió en un verdadero legislador sobre la materia y echó abajo normas preexistentes... .

La Procuraduría dejó en claro, además, que el Congreso, a través de una ley acogida en diciembre de 1992 -Ley 27- expidió normas sobre administración de personal al servicio del Estado y definió que la Rama Judicial continuaba al amparo del Estatuto de 1987.

Sólo el Congreso Así, concluyó el Ministerio Público, la ley es la única que puede determinar los méritos y las calidades de los aspirantes a ingresar a cargos de carrera La Procuraduría dijo que el Consejo Superior de la Judicatura, si bien tiene iniciativa para proponer proyectos de ley sobre la administración de justicia y los códigos sustantivos y procedimentales, ello no se traduce en que mottu proprio los pueda expedir .

Según la Procuraduría, la Sala Administrativa del Consejo Superior sólo puede expedir con estricta sujeción a la ley los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia.

Al acoger la doctrina del Consejo de Estado, el Ministerio Público rechazó la defensa del Consejo Superior en el proceso y dijo que a través del Acuerdo 87 se crearon requisitos para los empleados de la Rama Judicial, que sólo pueden ser fijados por el Congreso de la República.

Precisamente, amparado en un pronunciamiento del Consejo de Estado, un particular pidió a los consejeros echar abajo el Acuerdo 160 expedido por la Sala Administrativa, por cuanto, a su juicio, puso virtualmente en la cuerda floja a más de un millar de empleados de la Rama Judicial.

Según el Acuerdo 160, los servidores judiciales que estén en provisionalidad, encargo o en interinidad en cargos de carrera y deseen ingresar al sistema legal que la rige deberán acoger los términos de una convocatoria efectuada por esa corporación.

Desde el pasado 29 de noviembre, la Sala Administrativa determinó fijar las reglas de juego para conformar el registro de elegibles correspondiente a cargos de empleados judiciales de carrera.

Advirtió, sin embargo, que quienes hayan sido nombrados en cargos de carrera por el sistema de concurso conservarán su estabilidad conforme al ordenamiento vigente.

Golpes a Judicatura Estos son algunos de los episodios jurídicos afrontados por el Consejo Superior de la Judicatura en el Consejo de Estado: 15 de abril de 1994: La Sección Segunda del Consejo de Estado suspende provisionalmente el Estatuto de Carrera Judicial, expedido por la Sala Administrativa. El motivo: la corporación usurpó funciones del Congreso de la República. La Corte Suprema de Justicia también inaplica el Estatuto de Carrera.

19 de abril de 1994: El Consejo de Estado suspende los estímulos consagrados -a través de una bonificación- para aquellos despachos que se encuentren al día en la tramitación de sus expedientes. La razón: ejercer funciones del Congreso.

12 de mayo de 1994: La Sala Plena del Consejo de Estado advierte que mientras no se expida la Ley Estatutaria de la Justicia, la Sala Administrativa del Consejo Superior no puede ejercer con legitimidad sus funciones.

13 de mayo de 1994: El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, José Alejandro Bonivento, reacciona ante el criterio de los consejeros y dice que la falta de expedición de la Ley Estatutaria de la Justicia no es ningún impedimento para desarrollar sus funciones.

11 de agosto de 1994: La Sección Primera del Consejo de Estado anula las normas sobre integración de las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales y dice que el Consejo Superior ya no puede proveer más cargos judiciales hasta tanto no se expida una Ley Estatutaria de la Justicia.

12 de agosto de 1994: el ex presidente del Consejo Superior, Pablo Cáceres, admite que a raíz del fallo del Consejo de Estado no hay un sustento sólido a las decisiones de la Sala Administrativa. Culpa al Congresito del descalabro judicial.

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