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CASTIGO PARA EL MONSTRUO

CASTIGO PARA EL MONSTRUO

En Colombia no existe, ya lo sabemos, la pena de muerte. Y aunque a veces uno la añora, tal vez es mejor que así sea. La pena máxima no tiene reversa y con una Justicia que da tantos palos de ciego la posibilidad de equivocaciones y arbitrariedades es un riesgo demasiado alto.

Tampoco existe la cadena perpetua. Y ésta sí que se necesitaría. Para aplicársela, por ejemplo, al delito del secuestro, que está socavando a este país. Y a criminales como José Fedor Rey, el genocida de Tacueyó, que fue capturado por un comando del Ejército en un rumbeadero de Cali.

En medio de tanta impunidad, estas son noticias que reconfortan. Diez años llevaba suelto el autor de una de las más horripilantes masacres que se recuerden. Este sujeto, jefe del llamado Frente Ricardo Franco , disidencia de las Farc, ordenó la eliminación de 163 de sus integrantes, sindicados como infiltrados del Ejército y asesinados a cuchillo, garrote y por ahorcamiento en una demencial demostración de fanatismo, crueldad y sevicia.

El genocida capturado se vanagloriaba de haber matado a 163 sapos . Patético síntoma de los extremos de deshumanización y cinismo a los que puede conducir la exaltación de la violencia de grupos armados que en nombre de la revolución pretenden justificar los peores excesos.

Podría pensarse que la matanza de Tacueyó fue un caso excepcional de locura criminal de un grupo guerrillero lumpenizado y paranoico. Pero son demasiado frecuentes estas muestras de desprecio absoluto por la vida humana. Qué decir del impresionante asesinato esta semana de los cinco muchachos excursionistas del Parque de los Nevados, torturados y luego fusilados por el frente 25 de las Farc por llevar un corte de pelo a lo militar. Para no hablar sino del caso más reciente. Otro ejemplo de flagrante violación del Protoclo II de Ginebra que debió ser citado en la reunión de Bruselas sobre derechos humanos.

El asesinato, el secuestro, la ejecución de sapos , son prácticas comunes de todos los grupos guerrilleros, y estos métodos tarde o temprano tienen que producir un Tacueyó. Para muchos analistas, en aquellas tumbas en las montañas del Cauca quedó definitivamente enterrada hace diez años la guerrilla como proyecto político. Se esperaba que los demás movimientos armados se mirarían en el espejo del Ricardo Franco para reconocer su pérdida de razón moral y vigencia histórica.

Vana ilusión. Las millonadas que dejan el secuestro y la extorsión, y el poder de intimidación que garantiza las armas, compensan con creces el derrumbe de los ideales.

Pero hoy por lo menos está preso uno de los peores exponentes de esta perversión de la guerrilla. Y hay que ver qué pasa ahora. Solo faltaría que Amnistía Internacional le diera estatus de preso político. O que algún comité de derechos humanos eleve protestas porque este noble luchador del pueblo fue golpeado al oponer resistencia a su arresto.

Si la Justicia funcionara este caso debería quedar resuelto en 15 días y el genocida de Tacueyó condenado a la pena máxima que permite la ley colombiana. En el Perú, la rápida y drástica aplicación de justica a todo terrorista capturado ha sido elemento determinante en la acelerada desintegración de Sendero Luminoso y el MRT. Y un factor que ha contribuido enormemente a que la gente recupere la confianza en el país.

Sobre la autoría de la masacre de Tacueyó existen plenas pruebas. Suministradas por nadie menos que su principal responsable, que invitó a periodistas a presenciar unas ejecuciones y filmó videos con sus cínicas declaraciones alabando la matanza. Lo que uno no entiende es por qué este criminal confeso no ha sido sentenciado ya como reo ausente. Por qué, diez años después, encuentra un proceso aún abierto.

Es de esperar que los fiscales no se enreden en complejos cotejos probatorios, o en la búsqueda de testigos de excepción, la mayoría de los cuales están bajo tierra. He visto, en la documentación que tienen las autoridades sobre este sujeto, las impresionantes fotos de personas a quienes secuestró: con visibles muestras de tortura, encadenadas, con el rostro ensangrentado, estas fotos eran enviadas a los familiares de los secuestrados para presionar el pago del rescate. Que no nos salgan ahora con que este angelito debe ser procesado por el delito de rebelión.

El caso Fedor Rey Alvarez, al igual que el de los violadores del bus ejecutivo en Bogotá, es de esas oportunidades claves y nada complicadas que tiene la Justicia colombiana para demostrar que sí opera. Para dictar alguna condena ejemplarizante, de esas que tanto hacen falta en este país donde genocidas, narcoterroristas y delincuentes de toda laya andan sueltos o reciben condenas poco menos que risibles.

No hay algo que desmoralice más a una sociedad que la impunidad rampante. Vencer este cáncer, probar que el crimen sí tiene castigo, ir logrando que la ciudadanía crea en la justicia, es el desafío más grande que tiene Colombia. Cualquier problema, comenzando por la certificación de buena conducta de USA, es poca cosa frente a la sensación de impotencia colectiva que crea la impunidad.

Los colombianos exigen que el genocida de Tacueyó reciba el castigo que merece. Si dentro de un año no ha sido condenado (como tantos terroristas presos hace tiempos y aún no juzgados); si recibe una sentencia ridícula; si se le aplican generosas rebajas de pena; si lo sueltan por falta de pruebas o vencimiento de términos; si se fuga por túnel o por soborno, entonces sí, apaga y vámonos. Todo esto es posible, por desgracia.

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