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VÍA AL LLANO: SIN PREDIOS Y SIN TIEMPO

VÍA AL LLANO: SIN PREDIOS Y SIN TIEMPO

A solo un kilómetro del cementerio de Guayabetal está la marca roja sobre el pavimento. Es una flecha que señala precisamente en dirección a la pequeña tienda de Alberto Parra. Otra, igual, sale por detrás de la montaña.

Por acá por el centro del negocito pasa el puente. Y sigue derecho derecho hasta la casita, que también la atraviesa toda. Los 15 metros que dicen que son del Estado llegan hasta donde está mi mata de aguacate. Con ella también tendrían que arrasar. Es que necesitan tumbarme todo .

Alberto Parra ya sabe que esa flecha con la palabra variante escrita a un costado es una de las tantas dibujadas en la vía para indicar por dónde va el nuevo trazo de la Autopista al Llano.

Desde aquel noviembre de 1992, cuando unos hombres llegaron y le dijeron que necesitaban el negocio, la casa y las porquerizas para construir un tramo de lo que sería la autopista al llano, no ha podido imaginar un lugar diferente a aquel en donde nacieron sus hijos y donde vive y trabaja desde hace 25 años.

Por eso, no lo convencieron cuando le hablaron de la autopista, de las ventajas del proyecto y del dinero que recibiría, pero sí cuando le nombraron la palabra expropiación . Aceptó que funcionarios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi entraran en su casa y en el negocio, miraran las habitaciones, el baño y los pisos para fijarle un valor a todo.

Sin embargo, el 15 de abril de 1993 no aceptó nada. Me dijeron que lo que había logrado después de hipotecas, préstamos y un trabajo de 25 años no valía nada, que cada metro cuadrado de mi terreno costaba 2.800 pesos, que mis cultivos 200 mil pesos y en total, con las construcciones, 20 millones de pesos .

Pidió ayuda y como nadie le respondió, el 13 de octubre de 1994 presentó una tutela contra el Instituto Nacional de Vías, (INV), para que le dieran el valor justo por sus tierras. La ganó. El Tribunal Superior de Bogotá le ordenó al INV que en 48 horas resolviera la petición de Alberto Parra.

Esa era solo una petición, porque cerca de 200 propietarios también se habían quejado por esos avalúos. Eso obligó al INV a encargar a Fedelonjas la revisión de cada proceso de negociación.

Mientras a Ramiro Heraldo Carrillo Rivera, el Instituto Geográfico le ofrecía 11 millones 500 mil pesos por los 115 metros cuadrados de su vivienda -a 100 mil pesos metro cuadrado-, Fedelonjas le prometía 26 millones 500 mil. El metro cuadrado se lo avaluó a 200 mil pesos y, además, tuvo en cuenta los árboles frutales y las mejoras que el propietario le había hecho al terreno.

Lo mismo le ocurrió a Misael Velásquez, quien recibió la primera propuesta por solo 605 mil pesos y la segunda, por dos millones de pesos. Y el caso se repitió, una vez más, con Pablo Gómez, otro habitante de la región que reclamó y del millón 900 mil pesos que le prometían pasó a tres millones 200 mil pesos.

Parra aún espera el avalúo de Fedelonjas para decidir qué hacer, pero otros se conformaron con lo primero que les ofrecieron. Por temor a la palabra expropiación, pero también porque nunca habían visto tanta plata junta. Lo poco era mucho.

Alicia y Angélica Gutiérrez, dos hermanas que tenían sus casas al lado de la carretera, vendieron más rápido de lo que los compradores esperaban. Nos dijeron que había peligro de eso de la expropiación, que era mejor vender. Nosotros no nos pusimos a poner tutelas, ni nos negamos a desocupar, como otros de por allá abajo...Y como no había nada que hacer, qué más, cierto? , cuenta Angélica.

De la noche a la mañana -literalmente- recogieron las pocas cosas que tenían en la casa. Con pica y martillo desprendieron las ventanas, las puertas, el lavamanos. Todo lo de 18 años de trabajo lo fueron dejando al otro lado de la carretera, exactamente al frente. Con láminas de zinc, pedazos de madera y unos cuantos metros de plástico resistente armaron el nuevo hogar. Encima del pasto, las piedras y el polvo acomodaron las mesas, las camas y la ropa. Tres días después de recibir el pago, vieron cómo sus casas se iban abajo y los obreros empezaban a trabajar.

Con la plata que tengo me hago la casa, pero lote no, eso no alcanza. Es que ya fuimos a mirar en Villavo, en Guayabetal y hasta a un barrio de invasión y esto está terrible. Aquí, detrás de la cuneta, nos dicen que no hay problema, que nos podemos quedar. Y entonces voy a hacer mi casita igualita a la que tenía. Es que era bien bonita, con los servicios, baño, toda empañetada y pintada de rosado , recuerda Angélica Gutiérrez mientras mira al frente, donde están ahora los obreros y antes, su hogar, pero no de zinc, sino de cemento.

Qué pasa con los predios? Angélica y Alicia hacen parte de esa lista de 131 propietarios que ya han vendido sus predios para que la firma brasileña Constructora Andrade Gutiérrez S.A. adelante las obras en el tramo de la vía al llano que está cerrada desde el pasado 18 de enero, entre el kilómetro 55 -12 kilómetros adelante de Cáqueza- y Guayabetal.

Y Fidelina Parrado Garzón hace parte de otra lista, mucho más larga, la de propietarios con los cuales aún no se ha negociado. Ella tiene 11 hijos y la esperanza de que le definan qué va a pasar, si debe irse o puede seguir ahí, donde vive desde 1960. Hace como cinco meses vinieron, miraron la casa, contaron los árboles y dijeron que el ancho de la nueva carretera pasaba por las dos piezas. Luego dijeron que no. Yo ya no sé .

Aunque ya se inició la obra y el contrato se adjudicó el 20 de mayo de 1994 -es decir, para entonces ya se tenía definida el área de afectación-, al INV aún le faltan por adquirir 141 predios de los 272 que son necesarios para que la Constructora cumpla con el contrato en los 18 meses que tiene de plazo.

Sin embargo, la falta de planeación en la compra de los predios y la lentitud en la negociación amenazan la ejecución de la obra. No sólo por los 141 predios que faltan por negociar, y que exigen tiempo, sino además porque la gente ya está hablando de reunirse y protestar.

No es justo que estemos en esta encerrona y que además estemos en la zozobra porque vienen, nos dicen que tenemos que irnos, nos ofrecen cualquier cosa y luego se van y no regresan. En esto estamos hace un año y medio , afirma Sara Laiton, una vendedora de la plaza del 20 de julio que hace 10 años se vino a Guayabetal a cambiar de ambiente .

Si esto se presenta en un tramo que ya se está construyendo, el temor es que haya una demora aún mayor en los otros dos, que aún no están en obra. En el que va de Bogotá a Puente Téllez faltan por negociar 434 predios de los 637 necesarios, mientras que en el tramo Pipiralito-Villavicencio están pendientes de revisión de avalúos los 50 terrenos que se requieren.

Ante la demora en la compra de los predios ubicados dentro del tramo que está cerrado en el día, la Constructora y el Instituto coinciden en que se ha reprogramado el cronograma de obras. No se ha presentado retraso por entrega de bienes porque con los que tenemos el contratista puede trabajar durante los próximos tres o cuatro meses , afirma el director general del INV, Guillermo Gaviria Correa.

Sí hay retraso Aunque el Instituto insiste en afirmar que no hay demora por la entrega de predios, sí reconoce un retraso de 56 días en la ejecución del contrato por los inconvenientes que se presentaron en los primeros días de noviembre, cuando el Instituto cerró la vía y tres días más tarde tuvo que retractarse por el impacto del cierre en época de Navidad y las obras en el Puente Quebrada Blanca.

El acta de iniciación de obras se firmó el ocho de noviembre -fecha a partir de la cual empiezan a contar los 18 meses del contrato- pero los trabajos se suspendieron el 22 de noviembre y se reanudaron solo hasta el 18 de enero. Esta demora implica un mes y medio más que se debe sumar a los 18 meses que permanecerá la vía con el cierre diurno.

Sí hay retraso, pero eso suponiendo que el contratista no sea capaz de avanzar el trabajo en esos 18 meses. Estamos convencidos y tenemos la esperanza de que la Constructora cumpla el cronograma a pesar de los días de demora , dijo Gaviria Correa.

Aunque Ingetec, que está haciendo la interventoría de la obra, asegura que se está cumpliendo el cronograma porque se está trabajando en zonas que estaban programadas para otros meses, un funcionario de la Constructora, que no dio su nombre porque la orden es que toda información la suministre el Instituto, sostuvo que ya es apretado 18 meses y más aún contando los días de aplazamiento, pero no fue nuestra la decisión de parar .

Otro problema es el sobrecosto que puede empezar a generarle al Estado. A eso se debe que el funcionario de Andrade Gutiérrez S.A. afirme: claro que hay un sobrecosto porque, por ejemplo, hemos tenido que mantener el personal y la maquinaria en los días de suspensión, pero quedamos de común acuerdo con el Instituto en no cobrar nada y terminar en los 18 meses .

La experiencia del país en este tipo de obras indica que aquella tranquilidad de los contratistas en las demoras que se presentan en los primeros días del contrato, no existe una vez cumplido el plazo de entrega de la obra. Es allí cuando surgen las demandas contra el Estado y las obras terminan con los conocidos sobrecostos.

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