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EN CINTURA A LA SALUD PRIVADA

EN CINTURA A LA SALUD PRIVADA

La Corte Constitucional advirtió que las Empresas Promotoras de Salud (EPS) no pueden incurrir en excesos o arbitrariedades en la prestación de los servicios a sus afiliados.

La corporación indicó que las EPS están obligadas a brindar su atención, aún en el caso de los hijos de usuarios, que padezcan enfermedades incurables.

Así lo dijo la corporación al ordenarle al Instituto de los Seguros Sociales reanudar la atención a una menor, con pronóstico desfavorable de curación.

A juicio de los magistrados, las EPS deben acatar lo dispuesto por la Ley de Seguridad Social -Ley 100 de 1993- frente a la atención de sus pacientes, con miras a evitar la procedencia de eventuales órdenes de tutela impartidas por los jueces.

En lo que constituye el primer pronunciamiento sobre el tema, la Corte Constitucional dejó en claro que las Empresas Promotoras de Salud (EPS) no pueden incurrir en excesos o arbitrariedades en la prestación de los servicios a sus afiliados.

La corporación definió las bases preliminares de su doctrina respecto a las EPS -incluidas en el nuevo esquema de salud- e indicó que están obligadas a brindar su atención, aún en el caso de los hijos de usuarios, que padezcan enfermedades incurables.

A juicio de los magistrados, las EPS deben acatar lo dispuesto por la Ley de Seguridad Social -Ley 100 de 1993- frente a la atención de sus pacientes, con miras a evitar la procedencia de eventuales órdenes de tutela impartidas por los jueces de la República.

Sobre ponencia del magistrado Fabio Morón Díaz, la Corte señaló que desde el pasado primero de enero las EPS quedaron sujetas al régimen de seguridad social, establecido por el Congreso de la República.

Al sistema de seguridad social en salud, según la Ley 100, deberán estar afiliados todos los habitantes del país, previo pago de la cotización reglamentaria o a través del subsidio que se financiará con recursos fiscales, de solidaridad y los ingresos propios de los entes territoriales.

Así, a juicio de la Corte, las EPS no pueden abstenerse de cumplir los planes obligatorios de salud para sus afiliados y cuyos beneficios tienen cobertura familiar.

Estas entidades son organismos -tanto oficiales como privados- encargados de prestar el servicio de salud desde medicina general hasta cirugías especializadas. La autorización para crear estos organismos la confiere la Superintendencia Nacional de Salud.

Otros argumentos A juicio de la Corte, todo paciente beneficiario del plan obligatorio de salud tiene derecho a tratamientos paliativos del dolor, de control o de mantenimiento, con miras a evitar el deterioro de su salud o el sufrimiento de nuevas enfermedades.

En criterio de los magistrados, la seguridad social es un derecho irrenunciable.

Indican, a la vez, que el plan de cobertura familiar incluye a los hijos de los afiliados, menores de 18 años o aún mayores de esta edad, si padecen de incapacidad.

La ponencia del jurista Morón incluso fue discutida en Sala Plena, debido a que fue objeto de serios reparos en el interior de la sala de revisión de tutelas que preside.

El pronunciamiento lo hizo la Corte al conceder una tutela contra el Instituto de los Seguros Sociales -primera EPS por ley en el país- y amparar los derechos de una menor.

María Alvarez elevó una tutela contra el ISS, Seccional Medellín, al advertir que el instituto violó las garantías a la vida, la salud y la seguridad social de su hija, pues no la atiende al argumentar que padece una enfermedad renal de carácter incurable.

Pese a la insistencia y la escasez de recursos económicos manifestada por la ciudadana, según el proceso, el ISS le explicó que aún no hay reglamentación sobre los paquetes obligatorios de salud, fijados en la Ley 100 de 1993. Por eso, indicó, es improcedente la atención.

La Corte no acogió las razones del ISS, revocó una tutela proferida por un juez de Medellín e indicó que la atención a la menor es procedente. Así, ordenó reanudar su tratamiento.

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