El nuevo escándalo

El nuevo escándalo

Con la rueda de prensa del jueves, a su llegada de Washington, el fiscal Mario Igaurán le dio el anunciado banderazo a la 'farcpolítica': el capítulo complementario de la ‘parapolítica’ que ha mantenido en vilo la agenda noticiosa de los últimos dos años, y que ahora develará los lazos entre congresistas, líderes y dirigentes con las Farc. Tres de ellos –Piedad Córdoba, del Partido Liberal; y Gloria Inés Ramírez y Wilson Borja, del Polo Democrático– serán analizados por la Corte Suprema de Justicia, porque tienen fuero parlamentario. Los demás casos –entre otros, los del ex ministro Álvaro Leyva Durán y los periodistas William Parra y Carlos Lozano– los llevarán fiscales de la unidad antiterrorismo de la Fiscalía.

25 de mayo 2008 , 12:00 a.m.

La lista que aparece en al famoso computador de 'Reyes' es más larga, y poco a poco se irá engrosando. Las indagaciones se inician no solamente porque figuran una vez en el célebre disco duro, sino porque el alto número de apariciones, sus términos, y otros indicios, obligan a que la justicia se plantee la eventual comisión de delitos como concierto para delinquir agravado –el mismo de los ‘parapolíticos’– ó apoyo al terrorismo.

¿Qué viene ahora? ¿Revelaciones de una profunda penetración de las Farc en el Congreso, en los medios de comunicación y en otras instancias de la sociedad civil? ¿Un alivio para los investigados por parapolítica porque las luces, cámaras y acción de la justicia se desvían hacia la izquierda? Por el momento vendrá una etapa inicial que puede asimilarse al momento en que se conoció el “Pacto de Ralito”: la Justicia analizó a cada uno de los 16 políticos firmantes, excluyó a cinco y dejó a los otros once. No todos los nombres mencionados por el fiscal Iguarán serán procesados.

Dos fenómenos Por su magnitud, naturaleza y gravedad, no cabe un paralelo entre la ‘farcpolítica’ y la ‘parapolítica’. Hay una enorme distancia entre más de sesenta congresistas vinculados a esta última y tres que, por ahora, entraron a la primera. La mayor diferencia entre ambos procesos tiene que ver con el tipo de contactos que hicieron las organizaciones paramilitares y guerrilleras con la clase política. Los 'paras' tenían aliados dentro del establecimiento, porque buscaban defenderlo de los embates de la subversión.

Las Farc siempre han estado en el otro lado, y conseguir socios en la legalidad les resultaba más difícil. También hay una disparidad notable en el poder regional de unos y otros: las AUC controlaron territorios mayores en extensión y en departamentos con mayor riqueza.

El núcleo de la parapolítica tiene que ver con la estrategia que lanzaron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2001, dirigida a fortalecer su dimensión política para convertirse en interlocutoras del Estado y buscar una negociación. El escándalo de la parapolítica se ha concentrado, básicamente, en establecer las alianzas electorales en 2002 y 2006. El poder regional de los 'paras' les permitió asociarse con candidatos de todas las pelambres para incrementar su influencia en el Congreso de la República. El famoso 30 por ciento del cual habló Carlos Castaño.

Las Farc, en cambio, han estado por fuera del juego electoral. “Desde los años noventa –según Jorge Enrique Botero, autor del libro Trinidad: el hombre de hierro– hablan de la farsa electoral y de sabotaje a las elecciones”. Una práctica amplia de acuerdos entre candidatos y guerrilleros resultaría impensable, con excepciones localizadas en algunos puntos como Arauca, Huila y Caquetá, en concejos de pequeños municipios y, si acaso, una que otra alcaldía.

La guerrilla ha buscado diálogo con la sociedad civil por otra razón: como mecanismo de legitimación. Si para algo utilizaron el despeje del Caguán fue para estrechar manos de todo tipo de interlocutores, entre ellos varios extranjeros, incluido el presidente de la Bolsa de Nueva York.

Pero lo relevante, en la ‘farcpolítica’, no es quién habló con ese grupo guerrillero, sino para qué, y cuándo. La fecha no es un asunto de poca importancia: “en los setenta y ochenta los contactos eran frecuentes, pero las Farc no eran terroristas. Solo entraron en esa categoría cuando se acabó el proceso de paz del gobierno de Andrés Pastrana”, afirma el ex Comisionado de Paz Camilo Gómez. Desde 1997, la ley 418 establece que cualquier reunión o relación con grupos armados ilegales necesita la “autorización expresa del gobierno nacional”.

La lista que dio a conocer el fiscal Iguarán en términos generales está conformada por ciudadanos que han prestado buenos oficios para explorar pactos de paz o un acuerdo humanitario. La Fiscalía y la Corte Suprema deberán estudiar si además hubo algún beneficio personal o asociaciones de otra naturaleza. Negociaciones de secuestros comunes con pagos de rescate, por ejemplo, pertenencia al grupo guerrillero o apoyo político, o prácticas electorales equivalentes a las de los ‘parapolíticos’.

La clave está en el contenido, hasta ahora desconocido, del disco duro de 'Reyes'. Según el senador Gustavo Petro, quien el 4 de diciembre del año pasado hizo en duro un debate sobre el tema –centrado en denuncias contra el representante Luis Fernando Almario, hoy preso, y en el asesinato de la familia Turbay Cote en el Caquetá por parte de las Farc– “no es probable que actividades como la eventual eliminación de rivales electorales estén en el computador. Ahí lo que parece estar es la vida internacional de las Farc y la historia de las mediaciones recientes para el acuerdo humanitario”. La Corte y la Fiscalía, en consecuencia, necesitarán investigar otros indicios y pruebas.

El Polo, ¿damnificado? Grande o pequeño, el nuevo escándalo tiene connotaciones políticas. La principal es el daño que le pueda hacer al Polo Democrático, único partido relevante que no tiene ningún miembro sindicado en la ‘parapolítica’. En los sectores aliados al uribismo, sin duda, las noticias del nuevo escándalo serán recibidas con mayor simpatía y alivio que las de la ‘parapolítica’.

Dos congresistas de la izquierda, Gloria Inés Ramírez y Wilson Borja, ya fueron mencionados en la rueda de prensa del fiscal Iguarán. ¿Quedó herido el partido amarillo? Según Petro, “hay un daño pero es leve por ahora. Lo que importa son las pruebas. Si se encuentra que hubo una integración, el Polo perdería su fundamento, que es la defensa de la Constitución. Pero si se concluye que sólo hubo intermediación, no pasará a mayores”.

La reacción de las directivas polistas ha sido prudente: a diferencia de Piedad Córdoba, después de una reunión de emergencia el jueves en la noche, no cayeron en denuncias sobre “persecución” y “montajes” y optaron, más bien, por un respaldo al trabajo de las instancias oficiales. “Tenemos la misma posición que asumimos frente a la ‘parapolítica’”, dice el Secretario General, Daniel García-Peña.

Con no pocos peligros –cacería de brujas, revanchismo, la búsqueda de un insólito equilibrio judicial– el anunciado arranque de la ‘farcpolítica’ ya se produjo. Todo un desafío –otro más– para la Corte Suprema de Justicia y para la propia Fiscalía que lo inició, y un reto enorme para la paz política. Porque el nuevo escándalo tiene una enorme capacidad de alimentar la polarización entre la izquierda y la derecha

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