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La extradición y las víctimas

La extradición y las víctimas

Mucha tinta ha corrido en torno a la conveniencia o inconveniencia que tuvo la extradición de los 14 jefes paramilitares a los Estados Unidos. Sin entrar en este complejo debate, quisiera discutir si los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición han sido sacrificados con la extradición.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
19 de mayo 2008 , 12:00 a. m.

En primer término, en el debate público en torno a la extradición se olvida que el derecho a las garantías de no repetición, es decir, a no volver a ser victimizadas, es el derecho primordial de las víctimas.

El asesinato de Yolanda Izquierdo, la líder de 700 campesinos que reclamaban sus tierras en Córdoba, es un ejemplo dramático: Yolanda Izquierdo ya no puede gozar de sus otros derechos, pues le arrebataron la condición misma para su goce efectivo que es la propia vida. Y el movimiento agrario que lideraba fue decapitado con su muerte atroz.

Por ello, que algunos jefes paramilitares que se habían acogido a la Ley de Justicia y Paz continuaran delinquiendo, animando bandas criminales emergentes y amenazando a víctimas o comunidades victimizadas, constituía un desconocimiento fragante de la Ley 975 y de los Acuerdos de Ralito. El severo castigo de estas conductas inapropiadas constituye un llamamiento a los restantes miembros de las Auc para que respeten estrictamente los compromisos adquiridos. No podemos permitir que haya más víctimas asesinadas o intimidadas.

Garantizar la vida y la seguridad de las víctimas como derecho primordial y condición sine qua non para el goce del resto de derechos permite ahí sí discutir otros temas.

¿Estaban contribuyendo los jefes paramilitares extraditados con el Fondo de Reparación a las Víctimas? No. Salvo el señor Carlos Mario Jiménez (‘Macaco’), quien había entregado bienes por un valor de un millón de dólares, el resto habían contribuido de manera muy limitada: 4,5 millones de dólares. En un solo día, el día en el cual Carlos Mario Jiménez fue extraditado, la Policía Nacional ocupó propiedades a su nombre o de sus familiares por un valor superior a 20 millones de dólares. Es decir, se multiplicaron por cuatro los bienes entregados por todos los jefes paramilitares reunidos. Y, en los próximos días, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación van a ocupar decenas y decenas de bienes de los extraditados que pasarán a engrosar el Fondo.

¿Estaban contribuyendo los jefes paramilitares con la verdad? Sin duda, algunos sí. Pero no debemos olvidar que estos jefes sólo representan un porcentaje mínimo de los miembros de las Auc detenidos y en proceso de juzgamiento y, ante todo, que la verdad en torno a múltiples hechos criminales está en manos de los mandos operativos sobre el terreno, quienes ejecutaron y desaparecieron a las víctimas. Y estos van a continuar rindiendo sus versiones libres.

Incluso, la verdad en torno a la ‘parapolítica’ no ha nacido, en la mayoría de los casos, de la declaración de los jefes sino de multitud de mandos medios que han colaborado con la justicia. Y nada impide que los jefes extraditados continúen colaborando con la justicia bajo el incentivo de una disminución de penas.

Finalmente, en cuanto hace a la justicia –dado que los crímenes de guerra son imprescriptibles–, aún si fuesen condenados por narcotráfico en los Estados Unidos, al término de su condena deberán responder por estos delitos en Colombia.

Sin lugar a dudas, la extradición no es el ideal. No sólo en cuanto se constituye en un atajo incierto para no fortalecer la justicia nacional, sino en tanto genera incertidumbres para las víctimas y para los futuros procesos de paz. Pero, lo que sí se puede afirmar es que ni la Ley de Justicia y Paz fracasó ni que los derechos de las víctimas se van a ver afectados.

Entre otras razones, gracias al Decreto Reglamentario de reparación vía administrativa que se halla en curso de implementación

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