FORMULAN CARGOS A 7 MIEMBROS DEL ELITE

FORMULAN CARGOS A 7 MIEMBROS DEL ELITE

Cuatro oficiales y tres suboficiales del Cuerpo Especial Armado de la Policía unidad conocida también como Fuerza Elite deberán explicar formalmente a la Procuraduría su actuación durante el allanamiento a un centro comercial de Medellín, el 4 de mayo de 1990, que costó la vida a siete personas, presuntamente vinculadas con el narcotráfico. Al cabo de una indagación preliminar, la Procuraduría Delegada para la Policía Judicial encontró evidencias según las cuales los miembros del comando especializado hicieron uso innecesario de las armas, y después de concluida la operación impidieron el acceso al lugar de los hechos del juez de Instrucción Criminal encargado del levantamiento de los cadáveres y de las primeras diligencias investigativas.

22 de febrero 1991 , 12:00 a.m.

Los respectivos pliegos de cargos cobijan a un mayor, un capitán, un teniente, un subteniente, dos cabos primeros y un cabo segundo de la institución armada. Por solicitud de los propios investigadores, sus nombres son mantenidos en reserva mientras rinden sus descargos y piden la práctica de las pruebas que juzguen necesarias para su defensa.

Los hechos que demandaron la intervención del Ministerio Público se produjeron en el complejo comercial Nueva Villa del Aburrá, donde según la versión inicial de la Policía fue localizada una oficina de finanzas del Cartel de Medellín.

Los miembros de la Fuerza Elite allanaron, por orden de un juez penal militar adscrito a la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá, las oficinas 413 y 414 donde funcionaba la firma Inversiones Agropecuarias y Mineras de Budapest.

Durante un intercambio de disparos murieron Mariano Ospina Montoya, que según el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) era el jefe de finanzas del Cartel; Dagoberto Mosquera Perea, John Castañeda Sánchez, Luis Felipe Fuentes Galvis, Jaime Pulgarín, Walter Giraldo Montoya y Carlos Darío Pérez.

De acuerdo con un reporte oficial de la Policía Nacional, producido ese mismo día, la mayoría de ellos registraban antecedentes penales y eran requeridos por autoridades oficiales.

En contravía de la versión ofrecida por la Policía, dos personas que dijeron haberse ocultado por temor en una oficina cercana declararon ante la Procuraduría que los hombres de la Fuerza Elite no encontraron resistencia, pese a lo cual dispararon hasta segar la vida de las víctimas, tras lo cual habrían hecho un montaje para simular un fuerte enfrentamiento.

Los Extraditables , en uno de sus comunicados, presentaron el hecho como un ejemplo de violación de los derechos humanos y como prueba de que para la fuerza armada una orden de allanamiento equivale a una orden de ejecución .

El pliego de cargos dictado por la Procuraduría no equivale a una sanción, sino que supone la apertura de una investigación de tipo formal para esclarecer hechos en los cuales existen indicios de responsabilidad por parte de los implicados.

Los oficiales y suboficiales, objeto de la acusación, dispondrán de ocho días a partir de la respectiva notificación para presentar sus descargos, después de lo cual será resuelta su situación disciplinaria. Posición de la Policía En un concepto emitido en forma preliminar por el comando del departamento de Policía del Valle de Aburrá se afirma que el procedimiento estuvo ajustado a la ley, los reglamentos y que la patrulla obró prudentemente empleando los medios disuasivos y persuasivos antes de disparar.

La patrulla policial, compuesta por solo seis hombres, hizo frente a siete individuos con armas de alto poder destructivo y resguardados en sillas y escritorios. Su reacción fue proporcional a la agresión, que a todas luces era actual, violenta e injusta , dice el informe.

No podía el capitán comandante del operativo esperar a que algunos de sus hombres fuera dado de baja para poder actuar. Se cuenta no solo con las pruebas, sino con las versiones dadas por unas damas a la televisión, como pruebas de que obró con prudencia, cautela y madrurez profesional , agrega.

Los impactos de proyectil localizados en las paredes y en otros sitios de las oficinas, con trayectoria de adentro hacia afuera constituyen una evidencia irrefutable que confirman las versiones de oficiales y suboficiales que penetraron a las oficinas, según las cuales fueron recibidos con disparos desde el interior, cuando se les advirtió que se trataba de una requisa , afirma el informe.

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