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DE LA RECTIFICACIÓN A LA CERTIFICACIÓN

DE LA RECTIFICACIÓN A LA CERTIFICACIÓN

Tal podría ser la forma más gráfica de expresar la encrucijada internacional en que se encuentra el Estado colombiano, colocado contra la pared por la incapacidad de sus políticas públicas para contener dos fenómenos delictivos que carcomen las bases de cualquier convivencia social. De un lado, las fortunas multinacionales, tanto por su cuantía como por su naturaleza, amasadas con el tráfico ilícito de cocaína y heroína. Y de otro, la violación de los Derechos Humanos, en muchas ocasiones bajo el manto protector de la llamada Justicia penal militar.

En ambos casos el Gobierno Nacional debería preocuparse más por la rectificación de sus políticas y menos por la certificación de las mismas. Entre otras, porque sólo rectificándolas podremos algún día certificar ante la comunidad internacional, y no frente a una potencia en particular, que Colombia es un Estado de Derecho.

En el caso del narcotráfico, lo primero que habría que rectificar, si se quiere extirpar la dinámica de violencia, corrupción y enriquecimiento veloz que conlleva minando así toda estructura estatal es promoviendo en foros internacionales la discusión sobre la sustitución de la criminalización por la legalización.

No de otra forma procedieron las autoridades norteamericanas cuando en 1933 derogaron la enmienda que ilegalizaba el consumo de bebidas alcohólicas, cerrándole así a las mafias la principal fuente económica de su violencia y corrupción. Entonces el precio del whisky dejó de ser exorbitante y el Estado volvió a controlar lo que un exceso de moralismo puritano había dejado en manos de criminales: cerca de dos mil millones de dólares y la seguridad ciudadana. Hoy sabemos que es un absurdo pensar que el mejor tratamiento contra el alcoholismo sea la represión. Lo cual no impide que exista un consenso casi universal, al menos en la comunidad internacional, que propone la represión como la mejor estrategia contra el narcotráfico. Estamos así frente a una auténtica estupidez estatal. A fin de cuentas no se les puede exigir a los Estados una sensatez de la que carecen sus gobernantes y la mayoría de sus ciudadanos.

Pero afortunadamente a nivel nacional se escuchan otra voces, libres de toda sospecha, como la del Arzobispo Pedro Rubiano, que ha propuesto llevar a las Naciones Unidas el examen de esta compleja problemática. Sólo en un escenario de tales dimensiones puede empezar a rectificarse un error que no cesará de agravarse sin antes reconocer que el terreno donde se libra la batalla decisiva no está delimitando tanto por las prohibiciones estatales como por los valores y el sentido de los límites que cada persona confiere a su propia vida.

Valores y límites que para ser perdurables deben gestarse en aquellos ámbitos donde el sentido de la vida surge, como en la familia, la cuadra del barrio, las amistades y la escuela.

Pero si todo lo anterior casi no existe, es un absurdo pretender que con leyes represivas se puedan resolver problemas que competen a todos, no solo a los jueces y los policías. Tal es la ingenuidad de quienes creen que el consumo de cocaína disminuirá con el enjuiciamiento de los grandes capos o la erradicación de los cultivos, en tanto los factores que inducen la generación de una gran demanda internacional ni siquiera se identifican.

En cuanto a los derechos humanos, es saludable constatar que la principal rectificación ha sido tomada por el Gobierno desde el momento en que reconoce que no se puede seguir ocultando la violación de los mismos bajo el peregrino argumento de ser actos aislados de agentes díscolos, y asumir la condena y separación del cargo de los servidores públicos que cometan tales excesos como lo ha hecho en el caso de trujillo. Falta ver si tal política de rectificación opera no sólo hacia el pasado, sino principalmente en el presente y sobre todo hacia el futuro. Panorama bastante incierto por la defensa inadmisible del Gobierno de la Justicia penal Militar y del fuego respectivo para la investigación de delitos atroces como la desaparición forzada e involuntaria de personas.

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