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EN CINTURA EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

EN CINTURA EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

Las quejas y los reclamos de los usuarios de los servicios públicos ya no seguirán cayendo en saco roto. La Superintendencia de Servicios Públicos se comprometió a hacer respetar los derechos de quienes pagan agua, luz, teléfono, gas y aseo en Colombia.

Así lo reveló ayer el Superintendente de Servicios Públicos, José Fernando Castro Caycedo, quien anunció que dicho despacho obligará a los gerentes a indemnizar a quienes resulten perjudicados por la deficiente prestación del servicio.

El funcionario explicó que las empresas tendrán un plazo mínimo de 15 días hábiles para responder las reclamaciones.

Si en dicho término no se han atendido las peticiones se le dará la razón al usuario demandante y se sancionará al gerente de la empresa respectiva.

Así mismo, en ningún caso las empresas públicas podrán exigir la previa cancelación de las facturas como condición para atender los reclamos.

También será obligación de todas las empresas públicas reformar sus oficinas de atención a los usuarios, preparando personal idóneo y profesional para dar solución a todos los reclamos.

Castro explicó que los ciudadanos deben exigir, en todos los casos, copia del recibo de la lectura del contador de cada residencia para corroborar una correcta medición en todos los servicios susceptibles de cuantificarse mediante este sistema.

Advirtió, además, que a más tardar el primero de julio próximo todas las empresas de servicios públicos, ya sean oficiales, mixtas o privadas, deberán haber contratado una auditoría externa, la cual reportará directamente a la Superintendencia las situaciones que pongan en peligro la estabilidad financiera de la empresa.

Todo funcionario al que se le compruebe que está causando perjuicio a un ciudadano podrá ser destituido , dijo Castro.

El Superintendente señaló que dichas medidas están amparadas por el marco legal que le dio la Constitución Nacional y la ley 142 de 1994 que reglamentó sus funciones.

El texto de la nueva ley de Servicios Públicos le otorga 51 funciones en torno a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, entre las que se destacan las de control, vigilancia, inspección y sanción.

A economizar En cuanto al cumplimiento del Pacto Social en las tarifas de los servicios públicos, Castro advirtió que esta meta dependerá, en primera instancia, del manejo racional que de ellos hagan los usuarios.

Explicó que a pesar de que se fijó un incremento mensual del 1,39 por ciento (18 por ciento anual) en los cobros de agua, luz y teléfono por parte del Gobierno, esto no significa que en los recibos no se puedan facturar cobros superiores a este porcentaje.

Según Castro Caycedo el nuevo sistema tarifario obligará a los usuarios a ser más racionales en el uso de los servicios públicos.

En otras palabras, si usted no quiere pagar más de la cuenta, economice.

Así, por ejemplo, en Medellín al estrato dos se le estableció un consumo mensual de 0 a 200 kilovatios hora para el cobro de energía eléctrica. Hasta dicho promedio el usuario pagará 16,16 pesos por cada kilovatio.

Pero si el consumo llega a ser superior al establecido y oscila entre 201 y 335 kilovatios hora, cada kilovatio de más que gaste le costará 30,52 pesos.

En Bogotá si el usuario no se pasa de los 200 kilovatios el kilovatio le cuesta 12,14 pesos, si se pasa por encima de los 200, el costo se sube a 37 pesos.

Del mismo modo, la Superintendencia se comprometió a evaluar, vigilar y controlar el proceso de facturación por parte de las empresas de servicios públicos para que no se produzcan incrementos injustificados por encima de la meta del 18 por ciento.

Castro también explicó que como resultado de las negociaciones del Pacto Social se logró suspender la reducción de los subsidios en los estratos 1 y 2 y desacelerar el desmonte de los subsidios en los estratos 3 y 4 para aminorar el impacto tarifario en el servicio de energía eléctrica.

(RECUADRO MAC)

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