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MÁS TRANSPARENCIA EN CONTRATOS DE FF.A

MÁS TRANSPARENCIA EN CONTRATOS DE FF.A

El Ministerio de Defensa adquiere anualmente desde camisetas verdes para los soldados, pasando por raciones de campaña, botas y tornillos para helicópteros, hasta aviones de guerra y buques guardacostas. Solo el año pasado se firmaron 88 contratos por valores que oscilan entre 10 y 5.400 millones de pesos cada uno.

Cerca del 70 por ciento de estos contratos fue sometido a proceso de licitación pública y el 30 por ciento se firmó a través de un proceso de adquisición directa.

El punto es que desde noviembre de 1993, cuando entró en vigencia la ley 80 o Estatuto de Contratación Administrativa, se incrementaron sustancialmente las quejas en la Procuraduría por presuntas irregularidades en los procesos de contratación en el Ministerio de Defensa.

De 130 expedientes activos hoy en la Procuraduría Delegada para la Contratación Administrativa, 20 se refieren a contratos efectuados por ese Ministerio.

De hecho, en dos de las investigaciones más importantes que cursaban en esa delegada -la adquisición de 52.969 pares de botas y los procesos de contratación en el Hospital Militar- el Ministerio Público concluyó que no se acató a cabalidad el Estatuto y por esta razón sancionó a cuatro generales, tres coroneles y un mayor del Ejército.

Ministro y uniformados han intentado dar una explicación al incremento de las quejas. Sus razones son varias: la primera de ellas es que el Ministerio de Defensa es una de las dependencias del Gobierno que más contratos firma anualmente. Solo en 1994 el Ministerio y los comandos de fuerza firmaron contratos por 19.498.978.890 pesos.

Para la Procuraduría, sin embargo, esta no es una justificación válida, porque, según la propia delegada, Lola De La Cruz Mattos, hay desconocimiento de la legislación aplicada en cada caso .

Así -dijo- en muchas ocasiones cuando se inicia un proceso licitatorio se desconocen los procedimientos legales y cuando descubren el error, ya iniciado el proceso, tratan de corregirlo, lo que los hace cometer más errores .

Ese mismo cuestionamiento lo hizo la Contraloría en la investigación preliminar que realizó por el contrato de fabricación y venta de 105 mil fusiles Galil.

Según la Contraloría, aunque ese proceso se había podido realizar por contratación directa, Indumil escogió hacerlo por licitación pero desconoció la normatividad vigente para ese tipo de procesos.

Los militares creen, por el contrario, que lo que ocurrió con el caso de los fusiles Galil fue que Indumil y el Ministerio se excedieron en los controles al punto de llegar a utilizar algunos procedimientos propios de la licitación para hacer más transparente el proceso que fue una contratación directa.

Otra de las razones del Ministerio es que siempre las quejas son formuladas por el perdedor en la licitación, lo que, según ellos, da a entender que es más el ánimo de venganza que el verdadero interés por buscar sanciones a una irregularidad.

La Procuraduría confirmó, por su parte, que la mayoría de las quejas ha sido presentada por proponentes no beneficiados, aunque si se han encontrado irregularidades en varios casos.

Influencias? Los contratistas hablan claro. Según ellos, en el Ministerio todo es más fácil si hay palanca .

Ahí se manejan muchos intereses. Hay grupos que manejan las contrataciones. Es más fácil si uno nombra a un ex militar para que empuje la propuesta de uno, así a uno no le toca meterse con eso , dijo un contratista beneficiado el año pasado con la adquisición de materiales para el Ejército.

El propio ministro de Defensa, Fernando Botero Zea, reconoce que puede haber algunos casos de corrupción, pero en niveles inferiores y no en todas las contrataciones.

Los militares y los funcionarios del ministerio encargados de las contrataciones dicen que, por el contrario, lo que hay es un verdadero cartel de tramitadores.

Es cierto que hay muchos militares retirados que lo buscan a uno para pedirle que favorezca a algunas firmas, pero es que nadie tiene la última palabra. Hay tres comités, una junta asesora y la decisión final depende exclusivamente del Ministro de Defensa, que estudia las recomendaciones de la junta , dijo un alto oficial del Ejército.

Los tramitadores son por lo general ex militares que mantienen vínculos con oficiales activos de las Fuerzas Armadas, cuyo trabajo comienza cuando conocen cuáles empresas participan en una licitación pública.

Después contactan al representante de alguna de las empresas más opcionadas y le garantizan que, si le dan un porcentaje del contrato, ellos podrían hacer loby ante algunos efectivos militares.

El mayor obstáculo para los tramitadores está, sin embargo, en los comités que evalúan las propuestas.

Después de recibidos los pliegos en las licitaciones públicas, el Ministerio conforma, de acuerdo con una reglamentación interna, tres comités evaluativos de las propuestas: uno técnico, uno financiero y uno jurídico.

Cada uno de ellos analiza las propuestas, aunque no conoce qué empresa es la proponente.

Los comités entregan a la Junta Asesora de Contratos el puntaje que obtuvo cada propuesta desde esos tres puntos de vista. Las evaluaciones son estudiadas por la Junta, que es el órgano que determina qué propuesta es la más conveniente de acuerdo con el puntaje obtenido. Pero la decisión final la toma el Ministro.

Por eso los funcionarios del Ministerio aseguran que no es fácil que la presión y el manejo de influencias dé resultados al final.

La solución Aunque el Ministerio insiste en que hay un alto grado de transparencia en los procesos de contratación, casos recientes: botas, Galil, helicópteros, morrales, raciones de campaña y seguros, no dejan de crear un manto de duda sobre la adquisición de elementos para las Fuerzas Armadas.

Ante esta situación, el Ministerio de Defensa tomó la determinación de contratar una empresa particular extranjera de sólido nombre que a su vez se encargue de los procesos más complicados de adquisición de elementos para las Fuerzas Armadas.

La firma extranjera, cuyo nombre se conocerá dentro de algunos días, se encargará de recibir las peticiones de elementos para cada fuerza y evaluar los pliegos de condiciones que continuarán elaborando los comandos de fuerza.

Después, formularán recomendaciones y correcciones al pliego de condiciones y presentarán propuestas sobre los mejores proveedores de esos productos. Esto será posible gracias a la base de datos que debe tener la empresa en donde se almacenan los nombres de los vendedores de equipos militares en todo el mundo.

El siguiente paso es convocar la licitación. La empresa se encarga de recibir y evaluar las propuestas y recomendar las tres mejores para el Estado.

Lo más importante, según el Ministerio, es que al Estado no le costará ningún valor adicional la utilización de esta empresa, pues se definirá que cerca del 2 por ciento del valor del contrato que se adjudique sea descontado directamente por la empresa que manejó el proceso.

Con esto -dijo Botero- vamos a quitarnos un dolor de cabeza de encima y vamos a garantizar una verdadera transparencia en los procesos de contratación del Ministerio .

Las multas La Oficina de Seguimiento de Contratación del Ministerio de Defensa tiene la misión de verificar el cumplimiento estricto de los contratos que celebran las Fuerzas Armadas. Esta oficina, dice el Ministerio, ha impedido que la Nación sea engañada y que haya incumplimientos parciales o totales de los contratos.

El mecanismo que utiliza es el de hacer efectivas las multas previstas en los contratos. Según los registros de esta oficina, en 1993 las multas a contratistas por incumplimientos de contratos ascendieron a 572.848.154 pesos.

Según el Ministerio, estos controles han permitido fundamentalmente detectar cuando los contratistas ofrecen una calidad y entregan otra inferior.

A los almacenistas, encargados de recibir los elementos contratados -dijo un vocero del Ministerio- se les da la orden de verificar cada elemento que llega y si no cumple con las características de lo contratado, de lo que también se le da una muestra, pues se le ordena devolverlo .

Las multas se hacen efectivas principalmente por demoras en las entregas de los materiales adquiridos.

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