Congreso: al banquillo

Congreso: al banquillo

Por encima del Congreso ¿Qué significa y qué consecuencias tiene la crisis de legitimidad del Congreso? La clave de una elección en una democracia representativa es que sea libre. De tal manera que un ciudadano vote, escoja la persona con la que se siente identificado, y después esté dispuesto a obedecerla. Cuando falla la garantía del derecho político al voto libre, falla el resto del proceso, y la legitimidad del Congreso se pierde, porque la representación en una democracia no se gana con la coacción o la imposición, sino con la libertad y la persuasión.

06 de abril 2008 , 12:00 a.m.

¿En que está nuestro Congreso? 50 congresistas investigados, de estos 28 están presos y algunos ya confesaron. ¿Por qué los investigan? La frase que mejor lo ilustra la dijo el Fiscal General: "fue la clase dirigente de la política la que reclutó los paramilitares y no los paramilitares los que reclutaron a los políticos". Los políticos para obtener votos les pidieron ayuda a los paramilitares. Pero la cooperación consistía en desplazar, masacrar y amenazar a la población para saltar al Congreso. Obtuvieron las curules con el fusil en las urnas.

La Constitución prevé un mecanismo para cubrir vacantes. Pero no tiene sentido aplicarlo en circunstancias de crisis de legitimidad como esta. Si un Senador consiguió 49.958 votos y confesó que los obtuvo con "ayuda" de grupos armados, estos votos no podrían ser reciclados por quien le sigue, con escasos 8.367 votos. Es una burla a la justicia: esa curul se benefició de la violación de los derechos políticos y por lo tanto, quienes votaron amenazados no tendrían por qué obedecer.

De la crisis de legitimidad no hay duda. De lo que hay duda es de cómo solucionarla. He escuchado propuestas desde el "deje así" hasta cerrar el órgano representativo. Lo cierto es que el Congreso tiene en sus manos la facultad de autorreformarse con sanciones que impliquen responsabilidad política como la pérdida de la curul obtenida ilegalmente, la devolución de los recursos públicos que les pagaron por cada voto, e incluso la pérdida de personería jurídica para el partido. La primera vez, en junio de 2007, se hundió esta reforma y la segunda, que está andando, la quieren amarrar a un umbral del 5%, para darse garrote y mucha zanahoria: se aplican las sanciones pero se cierra el canal democrático de participación política para que solo queden 6 partidos, 5 de los cuales hoy tienen congresistas en tela de juicio.

La Constitución prevé mecanismos que permiten la participación popular (asamblea constituyente, referendo, plebiscito y consulta popular), pero amarrados al Congreso. Frente a la crisis podríamos hacer uso de estos para proponer elecciones anticipadas siempre vinculadas a sanciones que impliquen responsabilidad política de los partidos, para que no queden los mismos pero más legitimados. Sin embargo, esta solución presenta al menos dos obstáculos: la falta de voluntad de autorreformarse del Congreso y el tiempo que implicaría vivir en la crisis, incluso profundizándose más, hasta mediados de 2009, muy cerca de las elecciones ordinarias del 2010, que son en marzo. Es decir, no haríamos nada.

No podemos presenciar una crisis de legitimidad y cruzarnos de brazos. El límite de la política no es el Congreso sino el "pueblo", la "comunidad", la "nación", la "multitud" o poder constituyente, como queramos llamarlo.

Cuando la naturaleza misma del gobierno representativo está en crisis, el poder constituyente se descongela, porque no está subordinado a la representación. Insinuar un amarre del poder constituyente al poder constituido en un momento de crisis de legitimidad va en contra de la libertad y por ende contra la democracia. El poder soberano reside en el pueblo y en tiempos de crisis el poder constituyente no tiene fin, no se detiene, debe estar siempre en movimiento creando nuevas respuestas. Así se entendió en 1991 y así se debe entender en esta crisis.

Fuegos políticos artificiales.

Sin duda, el poder legislativo hoy enfrenta un grave problema de legitimidad. La parapolítica como forma de acceder a las corporaciones públicas es hoy un fenómeno generalizado y la situación cada día será peor al ingresar como reemplazos de los vinculados, dirigentes igual o más cuestionados, con una representatividad política ínfima que convierte al Congreso en una institución muy débil frente a un poder ejecutivo fuerte y omnipresente. La mezcla perfecta para tramitar una nueva reelección. En fin, el Congreso hoy tiene intacta su legitimidad formal y perdió su legitimidad política y ética. ¿Qué hacer entonces? En primer lugar, respaldar con decisión el proceso ejemplarizante que adelanta la Corte Suprema de Justicia que es muy positivo para la democracia, y avanzar en una nueva etapa de la reforma política del 2003 que ha sido útil, pero insuficiente. El texto que se tramita hoy no es el más adecuado para enfrentar un problema estructural y coyuntural a la vez.

Debemos ser mucho más audaces en esta iniciativa para abrir el camino a un nuevo Congreso de la República sin estos flagelos, bien sea en el 2009 o en el 2010. La fecha es lo de menos, lo importante es la calidad del próximo Congreso que elijan los colombianos.

Para garantizar un Congreso más legitimo y transparente se requieren tres elementos: que el proceso de la parapolítica llegue hasta el fondo, sin temores y sin selectividad para que constituya un ejemplo a las viejas y nuevas generaciones de dirigentes; aumentar el umbral al 5% para tener partidos que puedan ser controlados con eficacia por la sociedad y los medios de comunicación, y eliminar el voto preferente para que los partidos respondan plenamente por la elaboración de sus listas y los avales. Estas medidas se pueden tomar ya dentro del proyecto que se debate y al garantizar su aprobación puede discutirse posteriormente el momento de su aplicación.

Si no producimos las reformas necesarias, las propuestas apresuradas de revocatoria solo serán fuegos artificiales para registrar en los medios de comunicación con temas que son taquilleros ante una opinión siempre ávida de carne de congresista, la mayoría de las veces con razón.

No podemos olvidar en este punto de ampliar o recortar periodos constitucionales, la sentencia C-551 de la Corte Constitucional que avaló el referendo de ese año que señala: "la Constitución no establece la revocatoria ni la prolongación del periodo del Presidente, los congresistas, los concejales o los diputados". Luego es claro que cualquier salida sería por fuera de nuestra carta política. La facilidad con que la gente habla de este tema tiene que ver con la forma en que el gobierno nacional vendió el cambio de las reglas de juego en la mitad del camino para permitir la reelección presidencial. Se convenció a la mayoría de que eso no era importante con tal de reelegir a Uribe y pretenden hacerlo nuevamente.

Ahora bien, si de lo que se trata es de aceptar que el Congreso es completamente ilegítimo por los votos paramilitares y que no tiene salvación divina, los colombianos tendríamos que adoptar la drástica decisión de no vivir bajo un régimen político tan viciado y adelantar las elecciones. En este caso no podemos olvidar que el 95% de los votos que eligieron a los parlamentarios señalados por sus vínculos paras, dos meses después se fueron a las arcas del Presidente sin ser rechazados. Nadie, por ingenuo o uribista que sea, puede decirnos ahora que los votos de marzo fueron manchados con sangre, asesinatos y desplazamiento y en mayo se convirtieron por milagro de Dios en votos libres y entusiastas motivados por las hermanitas de la caridad. Tendríamos que hacer entonces elecciones generales anticipadas y esa no es la salida. La salida es primero, reformar las reglas de juego y después decidir cuándo jugamos con las nuevas.

"No podemos presenciar una crisis de legitimidad y cruzarnos de brazos. El límite de la política es la comunidad".

"Para solucionar la falta de legitimidad del Congreso he escuchado propuesta que van desde ‘deje así’ hasta cerrarlo" Gina Parody, Senadora.

"La salida para la crisis es primero reformar las reglas de juego y después decidir cuándo jugamos con las nuevas reglas.

"El texto que se tramita hoy no es el más adecuado para enfrentar un problema estructural y coyuntural a la vez”.

Juan F. Cristo, Senador.

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