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ASÍ OPERARÁN ZONAS DE ORDEN PÚBLICO

ASÍ OPERARÁN ZONAS DE ORDEN PÚBLICO

Las zonas rojas , aquellas áreas del país donde el conflicto armado tiende a radicalizarse y donde la debilidad del Estado permite la fortaleza de grupos de narcotraficantes, subversivos o paramilitares, tienen un nuevo nombre: zonas especiales de orden público.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
20 de abril 1996 , 12:00 a. m.

El nuevo estatus lo adquirirán ciertas áreas debido a la complejidad de su situación de orden público y como resultado de un decreto expedido por el Gobierno al amparo del estado de conmoción interior (Decreto 0717).

El ministro de Defensa, Juan Carlos Esguerra, explicó que la creación de la figura jurídica tiene como objetivo prevenir las acciones de la guerrilla. La decisión se produjo luego de que subversivos de las Farc masacraran, el pasado lunes, a 31 militares en Puerres (Nariño). Este es su perfil: Qué son? El decreto define las zonas especiales de orden público como aquellas áreas del país donde las actividades de las organizaciones o grupos al margen de la ley han alterado la seguridad y la convivencia entre las personas que allí habitan, y donde, por tanto, se requieren medidas de contención.

Al anunciar el decreto esta semana, el ministro de la Defensa, Juan Carlos Esguerra, las describió como determinados puntos de la geografía nacional en donde la situación de orden público presenta características especiales de alteración, reales o potenciales, y en donde se requiere un manejo también especial, de manera que puedan desarrollarse en las mismas las operaciones de la Fuerza Pública, con el propósito de restablecer el orden .

Quién las define? Cada gobernador, previa solicitud del comandante militar de la unidad operativa mayor o sus equivalentes, será quien señale el municipio o los municipios que conformarán la zona especial.

Es decir, para que una región determinada sea declarada como zona especial de orden público deberá mediar la petición de un comandante militar, que puede ser un jefe de división o brigada. Esa petición deberá ser presentada al gobernador del departamento.

Sin embargo, cuando el espacio señalado comprende uno o más departamentos, será el Presidente de la República quien demarque oficialmente la zona especial.

Ahora bien, el decreto define el concepto de zona de orden público, pero no establece cuáles ni cuántas serán. La delimitación será hecha por el gobernador una vez analice la situación del área en cuestión.

Quiénes tendrán autoridad? Por disposición del Ministro de la Defensa, los efectivos de la Fuerza Pública y los miembros de los organismos de seguridad del Estado que operan en la zona ya delimitada quedarán bajo el mando único del comandante militar más antiguo del área. Esto en virtud de la figura denominada control operacional.

En consecuencia, la coordinación de las tareas militares y de policía, y por consiguiente las responsabilidades de esas operaciones, recaerán sobre el jefe militar, a quien se le aplicarán las disposiciones disciplinarias penales, civiles y administrativas del caso.

Con todo, el jefe militar deberá consultar y solicitar el permiso del gobernador del departamento, como agente del Presidente de la República, para aplicar algunas restricciones especiales dentro del territorio delimitado.

Qué restricciones tendrá? En las zonas especiales de orden público se limitará el derecho de circulación y residencia. Las autoridades podrán imponer el toque de queda, la prohibición para circular en determinadas vías, realizar retenes militares y exigir salvoconductos para la movilización o que se registre cualquier desplazamiento de personas fuera de la cabecera municipal.

El comandante militar tendrá la facultad de suspender los salvoconductos para el porte de armas de fuego.

El gobernador y el jefe militar garantizarán que se preste el servicio de transporte y que los establecimientos de comercio y locales que vendan productos de primera necesidad permanezcan abiertos.

Con este fin, el Gobierno ordenó en el decreto la prórroga de la póliza de seguros que se había contratado en casos anteriores para garantizar que se repondrán los bienes que sean objeto de actos de terrorismo , precisó Esguerra.

Las sanciones ? Mientras el Presidente podrá suspender al gobernador que desacate lo previsto en el decreto, los mandatarios seccionales impondrán multas entre 50 y 100 salarios mínimos legales y penas de arresto, a las personas naturales y jurídicas que cometan infracciones al decreto.

El Gobierno estudia medidas complementarias que serán expedidas en próximos días, entre ellas el llamamiento temporal de algunos contingentes de reservistas de primera línea.

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