ANULAN PETICIÓN DE SENTENCIA ANTICIPADA POR ROBO AL EMISOR

ANULAN PETICIÓN DE SENTENCIA ANTICIPADA POR ROBO AL EMISOR

Por improcedente fue anulada la solicitud de sentencia anticipada de los oficiales de la Policía, Juan Carlos Carrillo y César Augusto Barrera Caicedo, y de Héctor Ociel Echeverry López, cómplices del millonario robo cometido el 17 de septiembre del año pasado a la sucursal del Banco de la República en Valledupar.

30 de marzo 1995 , 12:00 a.m.

Si se les hubiera admitido la petición, los implicados habrían podido negociar su pena o por lo menos definir de una vez su situación ante la justicia, por el proceso que se les adelanta.

La juez tercera penal del circuito, Cecilia Leonor Olivella, luego de analizar jurídicamente la petición de la Fiscalía 79 de Bogotá, detectó que hubo error en el delito atribuido a los antes mencionados. La Fiscalía se equivocó , dijo la funcionaria tras evaluar en siete días 52 mil folios, acumulados en 82 expedientes del proceso.

Carrillo y Barrera, que están detenidos en las dependencias de la Policía en Facatativá (Cundinamarca), y Echeverry, en la Cárcel Nacional Modelo en Bogotá, confesaron su participación en el robo de los 24 mil millones de pesos al Emisor y pidieron que se les dictara la sentencia anticipada, pero la Fiscalía 79 les estableció como delito peculado por apropiación.

La juez dijo que ese delito no tenía cabida porque este es aplicable a los empleados oficiales y públicos cuando tienen manejo directo y disponibilidad sobre bienes del Estado, y en este caso los implicados no eran trabajadores de la sede bancaria.

Tampoco se aceptó la deducción de la citada Fiscalía en el sentido de que se hizo a través de dos celadores del Banco de la República, pues a pesar de hacer parte de la entidad no tenían manejo, ni disponibilidad. Si acaso tendrán una disponibilidad material, pero eso es discutible , precisó Cecilia Leonor Olivella.

Señaló que el delito imputado es hurto calificado agravado. El concepto emitido, según la propia funcionaria, puede ser apelado por la Fiscalía 79 de Bogotá, ante el Tribunal Superior del Cesar, y el plazo se vence el próximo miércoles. Si no hay apelación el proceso será devuelto a la Fiscalía para que sea revaluada la situación de los solicitante.

Entre tanto, Gabriel Herrera, el hombre que prestó la llave para abrir la bóveda y el que manipuló el soplete para romper la cerradura, se entregó ayer en una fiscalía seccional de Bogotá. Herrera dijo que le pagaron 300 millones de pesos por participar en el delito, pero que se los quitaron personas que se identificaron como de la Fiscalía y la Policía.

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