LOS QUE PERDIERON SU INVESTIDURA:

LOS QUE PERDIERON SU INVESTIDURA:

En 1993 comenzó a regir la figura de la pérdida de la investidura. A partir de septiembre, por cuenta del Consejo de Estado, cinco congresistas perdieron la calidad de tales por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución de 1991. La aplicación de la pérdida de investidura se abrió paso después de que los consejeros de Estado concluyeron que, mientras las cámaras expiden una ley que fije un procedimiento especial para tales casos, es posible servirse del procedimiento ordinario previsto en el Código Contencioso Administrativo. El 8 de septiembre cayó el primer congresista.

31 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

Samuel Alberto Escrucería Manzi, Senador liberal Perdió la investidura porque había sido afectado por una condena judicial.

En la década del 70, Escrucería fue investigado y llevado a juicio en Pasto por el delito de peculado. Por apelación, el caso llegó hasta la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, que confirmó la condena: 31 meses de prisión con derecho a excarcelación.

Jairo José Ruiz Medina, Representante liberal Fue el segundo congresista contra quien el Consejo de Estado ordenó la pérdida de investidura.

Ruiz que había intentado evitar un pronunciamiento en su contra y, unilateralmente, intentó procesar a 16 consejeros de Estado fue despojado de su investidura porque, en calidad de parlamentario por el Amazonas, gestionó asuntos de carácter particular como gerente de la Fundación Rafael Uribe Uribe.

José Navarro Mojica Senador liberal El Consejo de Estado decretó la pérdida de la investidura de este senador porque simultáneamente ejerció como miembro del Congreso y como presidente de la Consiliatura de la Universidad Libre.

Juan Fernando Góngora Arciniegas, Representante liberal Se le quitó su investidura al comprobarse que había sido condenado, en 1977, por el Juzgado 25 Penal del Circuito de Bogotá, a 18 meses de cárcel. Góngora fue sentencia por el delito de lesiones personales.

Alvaro Araújo Noguera, Senador liberal El 30 de noviembre pasado, el Consejo de Estado lo despojó de su investidura por ejercer en forma paralela como senador y como gerente de Comansar, una sociedad privada dedicada al comercio y a la agricultura.

El Consejo también comprobó que en 1992, Araújo suscribió contratos con entidades públicas en calidad de gerente de otra firma comercial privada.

Vinculados por la Corte Ante la Corte Suprema de Justicia se interpusieron en 1993 166 denuncias penales contra congresistas y 190 contra ex parlamentarios acusados en su mayoría de peculado por apropiación, prevaricato y enriquecimiento ilícito.

Mediante indagatoria hay vinculados 16 senadores, entre ellos Félix Salcedo Baldión, José Ramón Navarro Mojica, Leovigildo Gutiérrez Puentes, Ricaurte Lozada Valderrama, Alvaro Pava Camelo y Armando Echeverri.

Asimismo, los representantes a la Cámara, Alfredo Ruiz Guerrero, Iván Silvano Lozano Osorio, Carlos Mario Bedoya, Telésforo Pedraza, Jorge Ariel Infante y Jairo Ruiz Medina.

Así, por ejemplo, el representante a la Cámara por el departamento del Meta, Leovigildo Gutiérrez Puentes, fue detenido por orden de la Sala Penal de la Corte dentro de la investigación que adelanta por el presunto manejo irregular de auxilios oficiles.

Gutiérrez, quien fue dejado en libertad provisionalmente al devolver cerca de 120 millones de pesos, estaría incurso en el delito de peculado por apropiación, según la Corte.

El senador Ricaurte Losada fue detenido también por orden de la Corte, dentro del proceso que adelanta la corporación por la presunta distribución irregular de 1.400 millones de pesos en auxilios en el Concejo de Bogotá. El cargo contra el senador es peculado por extensión.

Losada fue dejado en libertad al devolver 42 millones de pesos que el cabildo le giró por concepto de auxilios. La Corte también citó a Julio César Turbay Quintero, Armando Echeverry, Alvaro Pava y Telésforo Pedraza a rendir indagatoria en este proceso.

El senador Félix Salcedo rindió ante la Corte Suprema tres ingagatorias dentro de los procesos que adelanta la corporación por celebración indebida de contratos. En los tres expedientes tiene medida de aseguramiento, consistente en conminación.

El pleito de los auxilios El 26 de enero de 1993, la Fiscalía General de la Nación revocó el beneficio de libertad provisional que en junio de 1992 otorgó el juez Marco Tulio Lozano al ex alcalde Juan Martín Caicedo Ferrer y a los ex secretarios de Hacienda Marcela Airó de Jaramillo y Luis Ignacio Betancur.

La Fiscalía también dictó 28 autos de detención contra congresistas, concejales y ex concejales, implicados en la apropiación indebida de 1.674 millones de pesos de auxilios del Concejo de Bogotá.

Los autos de detención los profirió la Fiscalía contra: Senadores: Ricaurte Lozada Valderrama, Armando Echeverry Jiménez, Alvaro Pava Camelo. Representante: Telésforo Pedraza Ortega. Actualmente, por competencia, son investigados por la Corte Suprema de Justicia.

Ex funcionarios: Juan Martín Caicedo (ex alcalde), Marcela Airó de Jaramillo (ex secretaria de Hacienda) y Luis Ignacio Betancur (ex secretario de Hacienda e.).

Concejales: Juan José Medina, Fernando Tamayo Tamayo, Jorge Durán Silva, Martha Luna Morales, Servando Pardo Reyes, Florelba Cárdenas de Rodríguez, Dimas Rincón Parra, Omar Mejía Báez y Jaime Casabianca.

Ex concejales: Francisco Martínez Vargas, Martha Quiroz de Arenas, Francisco Antonio Velásquez Bello, Alfredo Riascos Noguera, Luis Bernardo Díaz Noguera, José Patiño Parra, Jorge Pastrán Pastrán, Severo Correa Valencia, José Rozo Millán, Jorge Muñoz Pinzón, Carlos González Vargas, Bernardo León Ordóñez, Fernando Sotomonte Maya, Guillermo Morales Jiménez, Mario Upegui.

En el mismo auto, la Fiscalía 247 de la Unidad de Investigaciones Especiales decidió enviar copias al Consejo Superior de la Judicatura para que investigue la conducta del ex juez 23 de Instrucción Criminal César Tulio Lozano, por la manera como condujo la primera parte de la investigación de los auxilios del Concejo de Bogotá.

Excarcelación Sin embargo, la situación de los concejales, ex concejales y otros funcionarios por el caso de los auxilios del Concejo de Bogotá, dio un giro de 180 grados cuando los implicados optaron, de modo progresivo, por reintegar el dinero que había sido asignado.

El 16 de marzo de 1993, el ex presidente de la comisión de presupuesto del Concejo Jorge Muñoz Pinzón obtuvo la libertad porque la restitución total del dinero destinado por el Concejo permite que el sindicado del delito de peculado por extensión sea beneficiado con la libertad provisional.

Dos días después, los otros concejales y ex concejales empezaron a reintegrar rápidamente los dineros de auxilios, para obtener el beneficio de la libertad provisional.

Hasta el 17 de marzo, por lo menos ocho de los detenidos consignaron cada uno, los 42 millones de pesos que, según el Acuerdo 13 de 1991, fueron entregados a instituciones y entidades por insinuación suya.

La Fiscalía informó en marzo que había recibido cuatro solicitudes de libertad provisional.

Los primeros en seguir el ejemplo del concejal Muñoz fueron Dimas Rincón Parra, Fernando Tamayo, Jorge Durán Silva y Jaime Casabianca Perdomo.

La excarcelación continúo. El 30 de marzo pasado, los ex concejales Francisco Velásquez y Fernando Sotomonte y el concejal Juan José Medina recobraron la libertad gracias a la devolución de dineros.

Hasta el 31 de marzo se encontraban detenidos el ex alcalde Juan Martín Caicedo Ferrer, sus colaboradores Marcela Airó y Luis Ignacio Betancur, el concejal Omar Mejía y nueve ex concejales.

Más vinculaciones El 26 de julio de 1993, la Fiscalía imprime otro giro al proceso de los auxilios del cabildo distrital: vinculó de nuevo al proceso a los concejales Germán Vargas Lleras y Felipe Reyes de la Vega y a los ex concejales Alfonso Cabrera Toscano y Luis Alfredo Rodríguez.

Con esta medida, revocó la cesación de procedimiento que en favor de los citados produjo el ex juez 23 de Instrucción Criminal César Tulio Lozano.

Mediante tal determinación, se reabrió la investigación penal contra los cuatro funcionarios con el fin de que se estableciera su presunta responsabilidad en la aprobación y destinación de los auxilios.

Con la vinculación de Vargas, Reyes, Cabrera y Rodríguez llegó a 36 el número de funcionarios y ediles investigados por el lío de los auxilios.

De estos, sólo tres se encontraban detenidos hasta el 26 de julio de 1993: los concejales José Rozo Millán y Carlos González Vargas y el ex secretario de Hacienda Luis Ignacio Betancur.

En aquella oportunidad, la Unidad de Fiscalías ante los Tribunales revocó los autos de detención que pesaban contra González, Rozo y Betancur y extendió esa medida a los ediles Francisco Alberto Martínez Vargas, Marta Isabel Luna, Jorge Enrique Muñoz Pinzón y Luis Bernardo Díaz Gamboa.

Igualmente, la misma unidad levantó el embargo que afectaba los bienes de los funcionarios citados.

De este modo, todos los procesados por el escándalo de los auxilios quedaron en libertad, pero no desvinculados del expediente penal en curso.

Los senadores Lozada Valderrama, Echeverry Jiménez y Pava Camelo y el representantes Pedraza Ortega son investigados por la Corte Suprema de Justicia.

Lo pendiente La siguiente es la lista de procesos de pérdida de investidura pendientes en el Consejo de Estado: Representante Leovigildo Gutiérrez Puentes Representante César Pérez García Senador Jairo Enrique Calderón Sosa Senador Enrique Molano Calderón Senador Alberto Montoya Puyana Representante Emiro Raúl Pérez Ariza Senador José Blackburn Cortés.

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