DESDE HOY, LEY DE ORDEN PÚBLICO

DESDE HOY, LEY DE ORDEN PÚBLICO

El Gobierno abrió anoche las puertas a la reinserción masiva de guerrilleros y al sometimiento de integrantes de las llamadas milicias populares y ciudadanos comprometidos en grupos de justicia privada. El presidente César Gaviria sancionó ayer la ley que consagra instrumentos para la búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia, título que se le dio a la ley de orden público.

31 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

La ley, que convierte en permanentes varios de los 60 decretos que el Gobierno adoptó en uso de las facultades de conmoción interior, tendrá una vigencia de dos años y estará sujeta a la vigilancia del legislativo.

Prevé desde el derecho de quienes se sometan a la justicia a integrar el programa de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía hasta créditos en materia de vivienda y creación de microempresas.

La norma prevé que los integrantes de organizaciones al margen de la ley que se entreguen a la justicia tendrán que someterse a informar sobre todo cambio de residencia, a ejercer profesiones u oficios lícitos y a reparar los daños ocasionados con los delitos en que incurrieron, salvo el caso de que estén en capacidad de hacerlo.

Los compromisos de abandonar las actividades criminales, no salir del país sin previa autorización judicial y acreditar un trabajo o estudio ante las autoridades, son requisitos indispensables en el programa. Su incumplimiento dará derecho a la revocación de las prerrogativas .

La ley autoriza al Gobierno para designar representantes en los diálogos con los grupos subversivos, suscribir acuerdos e inclusive definir las zonas de una eventual desmovilización guerrillera.

Con fundamento en los instrumentos que la ley de orden público entrega al gobierno, este podrá conceder el indulto a quienes hayan participado en actividades subversivas, siempre que no hayan incurrido en delitos atroces y de secuestro.

La demostración de la voluntad de reincorporación a la vida civil advierte la ley requiere por parte de la organización y sus miembros, la desmovilización y dejación de las armas .

La concesión de beneficios procederá una vez las autoridades evalúen el acervo probatorio, las certificaciones que sobre conducta individual expidan los organismos del Estado y la información que haya allegado la policía secreta.

En estados excepcionales, advierte la norma, el Gobierno podrá impedir la difusión en directo de entrevistas y comunicados originados en grupos al margen de la ley.

También podrá imponer multas millonarias a quienes, a pesar de su calidad de contratistas del Estado, terminen por financiar o facilitar auxilios económicos a la subversión armada.

El ejecutivo podrá inclusive llegar a destituir en forma fulminante a alcaldes o gobernadores que, sin autorización del Presidente, adelanten diálogos con voceros o cabecillas de grupos subversivos.

La sanción de la ley de orden público, tras siete meses de intensos debates y amenazas que se tradujeron en el asesinato del vicepresidente del Senado, Darío Londoño Cardona, otorga instrumentos definitivos en la lucha contra la delincuencia organizada Otras medidas de orden público La ley de orden público establece nuevas reglas en cuanto al pago anticipado de impuestos y regalías de las compañías explotadoras y exportadoras de petróleo, gas y demás recursos naturales.

La medida busca brindarle a la Nación la posibilidad de realizar a la vez anticipos de regalías a los departamentos o municipios con los que celebre convenios sobre el particular.

Asimismo, la ley dice que el Gobierno creará Fondos de Seguridad de acuerdo con las necesidades de cada región del país. Los dineros para el funcionamiento de cada Fondo se distribuirán según las prioridades de cada zona.

La norma también obliga a todas las entidades privadas que contraten con el Estado la construcción y mantenimiento de vías, cancelar a favor del Tesoro Público una contribución especial del cinco por ciento del valor del contrato y de sus adiciones.

Estos dineros deberán ser invertidos por el Estado en programas que garanticen la seguridad ciudadana, el bienestar social, la convivencia pacífica y el desarrollo comunitario.

Además, faculta al Incora para declarar, mediante resolución motivada, reserva territorial especial del Estado los terrenos baldíos situados en zonas aledañas o adyacentes a las exploraciones petroleras o mineras.

Mordaza a medios La ley de orden público cerró a los medios de comunicación radiales y audiovisuales la posibilidad de transmitir, en directo, acciones realizadas por el terrorismo, el narcotráfico y la subversión.

En tal sentido, la ley ordena severas sanciones a los medios que violen los artículos 94, 95, 96 y 97 del nuevo estatuto de orden público y establece la suspensión de las frecuencias hasta por seis meses. Además, los medios que incurran en violación a la ley podrán ser multados con mil salarios mínimos mensuales.

El estatuto prohíbe, en el artículo 95 de la Ley, la identificación de testigos que hayan presenciado actos de terrorismo, secuestro, extorsión, rebelión, asonada o narcotráfico. Es decir, que ningún medio de comunciación podrá, en adelante, revelar el nombre, la voz o su imagen.

La nueva ley estipula, además, la prohibición a los medios de radiodifusión transmitir acciones de subversión, terrorismo y narcotráfico en el momento en que estén ocurriendo.

Los medios que violen las disposiciones serán afectados por sanciones que aplicará el Ministerio de Comunicaciones, cartera que formulará cargos a quienes violen las normas, mediante una comunicación escrita.

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