LA CAR AMPLIARÁ SU JURISDICCIÓN

LA CAR AMPLIARÁ SU JURISDICCIÓN

La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Bogotá, Suárez y Ubaté (CAR) ampliará notoriamente su jurisdicción en virtud de la Ley 99 de 1993 que crea el Ministerio del Medio Ambiente, y pasará de 54 municipios a 101 además de Bogotá, y de 775.820 a 1 706.094 hectáreas. El director ejecutivo de esa entidad, Alfonso Pérez Preciado, explicó las características financieras, territoriales y operativas que tendrá la CAR desde 1994, cuando entre a funcionar el nuevo ministerio.

30 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

La importancia que le concede la Ley 99 a la acción de la CAR en beneficio de la provincia según Pérez se refleja en su nueva cobertura asi: Trabajará en 47 nuevos municipios, lo cual equivale a un aumento de 87.04 por ciento sobre su actual jurisdicción.

Extenderá su acción sobre un millón de hectáreas adicionales, equivalentes a un incremento de 119.91 por ciento con relación al actual territorio.

Aumentará su acción sobre cinco cuencas de ríos en Cundinamarca, y entrará a colaborar estrechamente con alcaldes y concejos de los 47 nuevos municipios de su jurisdicción, para mejorar la calidad de vida de más de 400 mil habitantes de la provincia de Boyacá y Cundinamarca, que harán parte de la población atendida por la entidad.

30% de la industria Al agregarle 47 municipios a su jurisdicción, la Ley 99 de 1993 hará que bajo la estructura del Ministerio de Ambiente, la CAR tenga la misión de atender al 23 por ciento de la población del país y que ejerza el control de saneamiento ambiental sobre el 30 por ciento de las industrias del país.

La confianza que tanto el Gobierno Nacional como el Congreso depositaron en la CAR al delegarle nuevas responsabilidades, se debe a que durante sus 32 años la entidad se ha distinguido por el manejo prudente de sus recursos, de los cuales el 80 por ciento se han destinado a inversiones en obras de beneficio para 6 530.000 personas que habitan los 55 municipios de su actual jurisdicción, y solo un 20 por ciento para gastos administrativos, dijo Pérez.

El funcionario agradeció la forma como el ejecutivo y el legislativo aceptaron las observaciones que formuló en su calidad de director ejecutivo de la CAR en los debates en el Congreso y dijo que siempre buscó consolidar la situación financiera de la entidad y dotarla de nuevos mecanismos para contribuir a mejorar el nivel de vida de los habitantes de la provincia.

En la actualidad la CAR trabaja estrechamente con los alcaldes, Concejos y Umatas en la estructuración de planes de desarrollo, construcción de plantas de tratamiento de aguas, de pretratamiento de mataderos, rellenos sanitarios, distritos de riego, control de erosión, reforestación y otras obras de especial importancia para garantizar una adecuada salud pública.

$11.000 millones Desde 1994 la CAR cooperará con los alcaldes, Concejos y Umatas de los 47 nuevos municipios de su jurisdicción, en darles asistencia técnica, asesoría en la estructuración de sus planes de desarrollo, capaitación a los funcionarios municipales y a dirigentes de las comunidades.

Por ley, la Tesorería de Bogotá deberá pagarle a la CAR 11.000 millones de pesos por concepto de las transferencias del 2.5 por 1.000 del avalúo catastral de 1992 y 1993.

La Ley sancionada por el Presidente Gaviria dice textualmente en el parágrafo 1 del artículo 44: Los municipios y distritos que adeudaren a las Corporaciones Autónomas Regionales de su jurisdicción participaciones destinadas a protección ambiental con cargo al impuesto predial, que se hayan causado entre el 4 de julio de 1991 y la vigencia de la presente ley, deberán liquidarlas y pagarlas en un término de seis meses contados a partir de la vigencia de la presente ley, según el monto de la sobretasa existente en el respectivo municipio o distrito al 4 de julio de 1991.

Pérez dijo que además de garantizarse por Ley la principal fuente de ingresos de la CAR, se le crearon otros mecanismos de financiación, como las tasas por el uso del agua y por el servicio de descontaminación de fuentes de agua, y las transferencias del 3 por ciento del valor de las ventas brutas de energía eléctrica y recursos del Fondo Nacional de Regalías.

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