MODERNIZACIÓN DEL ESTADO CUMPLE UN AÑO

MODERNIZACIÓN DEL ESTADO CUMPLE UN AÑO

Entidad que no se modernice está condenada a la desaparición , fue la sentencia que acuñó el presidente César Gaviria para promover, quizá, el hecho más trascendental de la administración pública en la última década: el Estado eficiente. El 30 de diciembre de 1992, hace un año, el Gobierno expidió, al amparo del artículo 20 transitorio de la Constitución, una serie de decretos destinados a modernizar y hacer más eficiente el Estado colombiano, los cuales cubrían 90 entidades entre ministerios, departamentos administrativos, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado.

29 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

La iniciativa ha recibido loas y fuertes críticas.

Para empezar, la modernización no ha sido labor exclusiva del Gobierno central. En ella ha tenido participación el Congreso, que, a través del estudio de iniciativas como las que culminaron con la expedición de la ley del transporte o la ley agraria, sirvieron para dar impulso al manejo eficiente de la administración pública.

La ley del transporte, por ejemplo, complementa la idea de hacer un sector más ágil, menos regulado y con mayores responsabilidades para los municipios y departamentos, al tiempo que abre paso a la participación de los particulares en el caso de la construcción y mantenimiento de las carreteras.

Críticas Desde el comienzo, hubo dos hechos fundamentales que preocuparon a los colombianos: la desvinculación laboral y la privatización de entidades.

A 31 de diciciembre, han salido de las dependencias del Estado 13.540 trabajadores y falta por desvincular a 9.000 más, en su mayoría del Ministerio de Obras y el Fondo de Caminos Vecinales.

El Gobierno ha explicado que la desvinculación es sólo un subproducto del proceso de modernización, pues lo que se busca es retirar al Estado de entidades en donde es ineficiente para fortalecerlo en otras , dijo un asesor.

Por otra parte, el Gobierno creó el Servicio de Adaptación Laboral (SAL), que permite a la gente capacitarse para que pueda asumir su nueva situación. (Ver recuadro.) Los costos de la modernización llegan hoy a 44.362 millones de pesos, cifra que se ha destinado al pago de indemnizaciones y bonificaciones a trabajadores desvinculados, sin contar a otras 2.500 personas que han sido pensionadas por las distintas entidades.

La privatización del Estado , como la han calificado algunos, ha sido para el Gobierno una acusación injusta, pues muchas funciones que eran coordinadas desde Bogotá han pasado a manos de los departamentos y municipios, como el mantenimiento de las carreteras nacionales, al cual el Estado seguirá brindando sus aportes.

En temas vitales como la seguridad, la justicia o la salud, el Estado no puede abandonar su responsabilidad , dijo un funcionario de la oficina para la modernización.

Aunque de las 90 entidades que entraron a la era de la modernización, el 70 por ciento muestra resultados satisfactorios, aún falta que varias se convenzan de que es necesario volcarse a la clientela , es decir, a servir al público; de lo contrario, simplemente van a desaparecer , afirmó un experto.

El factor humano Cómo venderle a funcionarios que, en muchos casos, se amparaban en fuertes sindicatos, la idea de que para hacer más eficiente el Estado, su cargo desaparecería? Con ese propósito fue diseñado el Servicio de Adaptación Laboral (SAL), un mecanismo de transición ideado, como su nombre lo indica, para ofrecerle salidas a los desvinculados que quisieran acogerse.

El mayor problema son las primeras fases: agresividad contra gobierno, depresión y escepticismo. Así son los primeros contactos, porque la persona está padeciendo lo que los sicólogos llaman duelo laboral , que se debe a que el empleo da a la persona estatus no solo social, sino familiar, además de seguridad económica , explica el director del SAL, Juan Carlos López.

Para derrotar esa primera etapa, el SAL ha venido trabajando con un equipo de especialistas y estudiantes de terapia ocupacional de la Universidad Nacional, bajo la orientación del asesor norteamericano Gilbert Brenson, y de la doctora Martha Tovar. Se trata de mostrarles les que el mundo no se acaba por la desvinculación de un cargo.

No nos presentamos como una redención para nadie, sino que les ofrecemos la opción de capacitarse para crear empresas, obtener créditos, les enseñamos cómo conseguir un nuevo empleo o les orientamos sobre dónde puede buscarlo .

Para López, el balance de ocho meses de operación del SAL se puede resumir en dos puntos: Primero: se ha logrado transmitirle al trabajador la voluntad del Gobierno de asistirlo y no dejarlo solo en esta coyuntura; la prueba es que tenemos 12 mil inscritos. Segundo: los hechos (500 empresas formadas por desvinculados han entrado a funcionar) vencieron el escepticismo y la incredulidad, y muestran que el Sistema es eficaz; la gente ha logrado reubicarse .

Ya hay frutos positivos del Servicio. Una cooperativa integrada por obreros de Minobras en el Viejo Caldas, que hoy contratan el mantenimiento de vías con el Ministerio, la Gobernación y la alcaldía. Las empleadas de los tintos del Icetex, que hoy conforman una empresa que vende servicios de aseo y cafetería. Una secretaria del Instituto Colombiano Agropecuario (Ica) hoy tiene un negocio de comidas rápidas con el que obtiene el triple de sus ingresos que recibía como empleada oficial. Y así sucesivamente. Y muchos otros ejemplos.

Es la gestación de unas empresas del Estado que dan prioridad al usuario, y el fin de arrullador, pero pernicioso y viejo concepto de papá Gobierno .

Las 134 demandas De 134 demandas presentadas contra los decretos de modernización, el Consejo de Estado ha fallado 21, de las cuales sólo una (que suprimía las Residencias Femeninas) resultó desfavorable para el Gobierno.

Otras 35 fueron rechazadas. Entre los argumentos que el Consejo de Estado desestimó, se cuentan: No fueron acogidas las recomendaciones de la comisión asesora.

Los plazos fijados por los decretos para su implementación eran una autoprórroga del plazo de 18 meses establecido por el artículo 20 transitorio.

Se desconocieron el derecho a la estabilidad laboral y derechos adquiridos en esa materia.

El Gobierno, con algunos decretos, usurpó atribuciones del Congreso.

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