EN FIRME, LA DESTITUCIÓN DE LARA ARJONA

EN FIRME, LA DESTITUCIÓN DE LARA ARJONA

La carrera del controvertido representante Jaime Lara Arjona entró ayer en una fase crítica. La Procuraduría confirmó la solicitud de destitución formal de Lara bajo cargos de enriquecimiento ilícito, en su calidad de secretario de la Comisión Segunda de la Cámara, entre 1988 y 1989.

28 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

Los cargos por incremento patrimonial injustificado correspondientes a los años 1986 y 1987 se encuentran prescritos, concluyó el procurador Carlos Gustavo Arrieta.

Con todo, la solicitud de destitución por el enriquecimiento ilícito de Lara entre 1988 y 1989, lo inhabilitaría para continuar desempeñándose como miembro de la Comisión II de la Cámara. En el caso de solicitudes de destitución, el funcionario sobre el que recae la sanción tiene como pena accesoria una interdicción de un mínimo de uno y un máximo de cinco años para el desempeño de cargos públicos.

Con fundamento en esa interdicción, la Procuraduría podría llegar inclusive a solicitar al Consejo de Estado que considere la pérdida de investidura de Lara Arjona.

El expediente contra Lara Arjona, a cargo de la División de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, evidenció que entre 1988 y 1989 únicos cargos que quedaron vigentes el actual parlamentario consignó en sus cuentas bancarias sumas que no pudo justificar por valor superior a los ocho millones de pesos.

Así, con ingresos totales de 4.584.619, en 1988, Lara hizo consignaciones totales por 7.344.154 pesos para una diferencia de 2.759.533 pesos.

En el año de 1989, los ingresos de Lara ascendieron a 6.740.954 y las consignaciones por 10.140.525, para una diferencia de 5.489.735.

En materia de enriquecimiento ilício esto es, sumas que Lara gastó y que no podía poseer de acuerdo con el total de los ingresos personales y familiares, la Procuraduría sostiene que no justificó dineros por 1.028.283 en 1988.

Con fundamento en tales conclusiones, en concepto de Arrieta, Lara Arjona sólo pudo desvirtuar parcialmente parte de los cargos en su contra (reducir el monto del supuesto enriquecimiento ilícito que se le imputa) y, por ende, procede la solicitud de destitución.

Lara es investigado además por la Fiscalía bajo cargos de enriquecimiento ilícito, y en octubre pasado se convirtió en uno de los protagonistas del escándalo que desató la conexión de Miguel Rodríguez Orejuela y el ex procurador para la Vigilancia de la Policía Judicial, Guillermo Villa.

En su providencia, Arrieta sostiene que la sanción de destitución es viable en cuanto el efecto negativo que una conducta de esta naturaleza produce ante la sociedad, creando desconfianza y mal ejemplo frente a la administración pública, cuyos servidores deben observar siempre conductas que reflejen el correcto y pulcro ejercicio de la función encomendada .

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