La mitad de la vivienda del país es ilegal

La mitad de la vivienda del país es ilegal

La mitad de toda la vivienda construida en el país es ilegal, pues no tienen títulos o su construccion incumplió las normas urbanísticas. Así lo advierten la Federación Nacional de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas) y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

31 de enero 2008 , 12:00 a.m.

Cartagena es la ciudad más afectada. Allí, donde se levantan torres como las de Miami o Panamá, el 69 por ciento de las casas y los apartamentos se ha construido de manera irregular.

De acuerdo con los cálculos de Fedelonjas, le siguen Bogotá (incluido Soacha), con 54 por ciento; Medellín (46), Barranquilla (41), Pereira (40), Cali (31) y Bucaramanga (21 por ciento).

“El crecimiento de la construcción ilegal en Colombia es dramático”, sentencia el ministro Juan Lozano, quien destaca como causa la falta de una política de control.

El funcionario anota que se han creado instrumentos para contrarrestar el problema (ver recuadro), pero advierte que aún falta mucho para que los alcaldes y otras autoridades apliquen las normas administrativas con severidad.

“La Nación tiene la responsabilidad de solucionar problemas de procedimiento. Por eso debería darles herramientas a los representantes de los entes municipales para contrarrestar la ilegalidad”, afirma Alejandro Florián, director de la Federación de Vivienda Popular (Fedevivienda).

Para el presidente de Fedelonjas, Sergio Mutis, la normalización de los barrios informales, incluida la titulación de los predios, “es una obligación social del Estado y un mandato constitucional”.

No obstante, se trata de un proceso costoso. “El distrito de Aguablanca, en Cali, es un ejemplo. Allí, el Estado ha invertido cerca de 40 millones por cada bien ilegal, casi 3 veces su valor original”, señala Jorge Torres, director del Centro de Estudios de la Construcción y el Desarrollo Urbano (Cenac), quien advierte que la misma situación se presenta en sectores como Ciudad Bolívar, en Bogotá, y en las comunas de Medellín.

Estudios de Fedelonjas, corroborados en Bogotá por Metrovivienda, indican que llevar infraestructura de servicios públicos a una zona invadida o edificada informalmente cuesta hasta 3 veces más. “De ahí la importancia de hacerlo en forma planeada y, claro, antes de construir”, subraya Mutis, quien reitera la responsabilidad de los municipios en el proceso.

El director del Cenac va más allá y advierte que, una ciudad desarrollada sobre la ilegalidad pierde fortaleza institucional, calidad de vida y orden social”.

Dos nuevas leyes buscan cercar a los constructores ‘piratas’ Las leyes 1182 y 1183, expedidas en días pasados, les ordenan a los notarios y a los registradores atender gratuitamente a las familias que tienen la posesión de un bien, como un primer paso para lograr su escrituración.

“El requisito fundamental es que posean el inmueble con ánimo de dueño y de buena fe, en forma pacífica y permanente por mínimo un año, en forma pública y notoria y que sean reconocidos como propietarios, aunque no tengan título.

También deben pagar impuestos y contribuciones como cualquier propietario”, dijo el Ministro de Vivienda, Juan Lozano.

En la notaría se declara que la familia tiene la calidad de poseedora regular de una parte o la totalidad de un bien en estratos 1 y 2 y que no hay pleitos pendientes por dicha propiedad para expedir una escritura que, luego, debe llevarse a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

Los cinco años para la prescripción se empiezan a contar desde el momento en que se registra la escritura de posesión.

Este derecho no se puede aplicar en zonas de protección ambiental ni de alto riesgo, dijo el ministro Lozano.

69 por ciento de los apartamentos y casas de Cartagena se han construido de manera ilegal, según Fedelonjas y el Ministerio de Vivienda

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