Un pleito absurdo

Un pleito absurdo

La colaboración armónica de las ramas del poder público no solo es un precepto constitucional sino un requisito indispensable para el buen funcionamiento del sistema democrático. Por esto, es imposible ignorar la gravedad del insólito enfrentamiento entre el Presidente de la República y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, convertido ahora en un inverosímil pleito judicial. El episodio resulta aún más desafortunado e inconveniente porque constituye un ‘coletazo’ adicional del escándalo de la ‘parapolítica’, que tantos dolores de cabeza ha causado al Gobierno y al Congreso, y tanto ha golpeado la imagen del país en el mundo.

30 de enero 2008 , 12:00 a.m.

Preocupa con mayor razón porque no se trata de la primera confrontación pública entre el Presidente y la Corte en los últimos meses. Todavía están frescas las fricciones producidas por el fallo con el que el alto tribunal cerró la puerta, en julio, para que los paramilitares desmovilizados fueran juzgados por sedición –como quería el Gobierno– en lugar de concierto para delinquir agravado. Y más aún el choque generado por la carta de un ex paramilitar preso, ‘Tasmania’, en el que acusó al magistrado auxiliar de la Corte Iván Velásquez de ofrecerle beneficios si acusaba al Primer Mandatario del crimen de otro paramilitar. Incidente que, de paso, dio origen al lamentable conflicto que hoy se ventila.

No es difícil imaginar la lectura que tiene en el exterior el espectáculo del presidente Uribe y el magistrado César Julio Valencia Copete, cabezas de dos ramas del poder público nacional, trenzados en un litigio penal, con sus abogados esgrimiendo toda clase de argumentos para desacreditar a la contraparte, hablando de llevarlos a pruebas de polígrafo e, incluso, de elevar el caso a instancias internacionales.

La manzana de la discordia fue la llamada telefónica que el Presidente le hizo al magistrado el 26 de septiembre sobre el aludido caso de ‘Tasmania’, en la que, según Valencia Copete, Uribe también le manifestó su preocupación por la citación a indagatoria que ese día había hecho la Sala Penal de la Corte, dentro de sus investigaciones por la ‘parapolítica’, al senador Mario Uribe, primo del Mandatario. Hecho que el Presidente niega rotundamente, y que le exigió a Valencia Copete rectificar. Ante la negativa de este a hacerlo, el Presidente lo demandó por calumnia e injuria ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

Aparte de la figuración que todo este lío está dando a los pugnaces abogados de ambas partes, el único resultado del absurdo ‘choque de trenes’ es un desgaste institucional que perjudica al Gobierno, a la Corte Suprema y a la nación. Sin entrar a calificar las afirmaciones hechas por las partes, resulta incomprensible que un incidente como este sea motivo para llegar a tales extremos. En muchas ocasiones ha habido choques entre presidentes y miembros del poder judicial , pero –como lo recuerda el ex fiscal general Alfonso Gómez Méndez en columna que hoy publica en Portafolio– nunca se había pasado al terreno de las querellas penales.

No contribuye a despejar el ambiente que la encargada de dirimir el litigio sea la Comisión de Acusaciones, una célula parlamentaria que no se distingue por su eficacia, imparcialidad política o rigor jurídico. Y aunque lo fuera, dada la lentitud con la que adelanta sus investigaciones, es previsible que la de este caso sometería al país a meses de polémicas perturbadoras. Por lo cual salta a la vista que la salida más indicada de este embrollo sería que las partes llegaran a una conciliación, que ya ha sido insinuada, y que ahorraría no solo muchos disgustos a ellas mismas sino innecesarios problemas a un país que ya tiene demasiados.

El enfrentamiento de los presidentes de la República y de la Corte Suprema solo puede causarles perjuicios a ellos mismos y al país

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