DEL SECUESTRO AL AJUSTICIAMIENTO

DEL SECUESTRO AL AJUSTICIAMIENTO

A ningún sector de la opinión costará trabajo aceptar la invitación del Presidente de la República a repudiar el propósito anunciado por las Farc de someter a juicio revolucionario al meritorio jurista e industrial Carlos Upegui Zapata, desde hace varios meses en poder del frente XXII de esa organización guerrillera. Desde cuando se le sometió a criminal secuestro, se alzó la voz de protesta de todas las esferas, conturbadas e indignadas por la terca insistencia de convertir la vida humana en despreciable y vil mercancía. El episodio no es por desgracia nuevo sino repetición contumaz de los que a diario se suceden en Colombia. Lo que resulta insólito es el procedimiento de extorsión.

28 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

De ordinario, el pago del rescate se negociaba en sigilo, a hurtadillas de las autoridades. Era, además, el único modo de hacerlo mientras estuvieron en vigencia las normas legales que prohibían y obstruian tal operación. Declaradas nulas, puede obrarse con desparpajo e insolencia, hasta volver pública lo que era negociación privada. Los poderes del Estado pasan a ser contraparte en el ilícito trato. O colaboran facilitando las cosas o se exponen al ajusticiamiento del secuestrado. Su misma prestancia incita a utilizar sin rodeos el chantaje.

Qué se pide en cambio? A juzgar por los antecedentes, una buena suma de dinero, porque a eso se ha reducido el significado de la toma de rehenes. En el pasado, se ensayaron inicuos juicios revolucionarios con finalidades políticas, sin que faltaran las de orden económico. Fue la especialidad del M-19 en la época de su insurgencia armada. Así sucumbió el líder obrero José Raquel Mercado y se realizó la mortífera incursión a la Corte Suprema de Justicia.

De la tortura y muerte de Gloria Lara por otro conocido grupo revolucionario no se ha sabido exactamente qué móvil lo impulsaba a tanta ferocidad. Semejantes desmanes, cubiertos por el perdón y un poco por el olvido, cuando no por la impunidad monda y lironda, hicieron escuela.

Indudablemente la ley anti-secuestro frenó, desalentó y entorpeció la práctica de este delito, aunque pareciera demasiado drástica en algunos aspectos. Por lo menos ninguna autoridad fue considerada interlocutor válido. La ilegitimidad del crimen original se extendía a sus derivaciones extorsivas.

Derrumbados sus pilares, se aspira a invertir la responsabilidad de los desenlaces. Si al rehén se le ejecuta, o asesina, culpa será de las autoridades, por obcecadas e intransigentes. Si sale libre, será con su anuencia explícita al pago del rescate, como partícipe obligado en el oscuro negocio.

No ha faltado ni faltará activa solidaridad de la opinión con los numerosos secuestrados. Enérgica reprobación del crimen. Atmósfera hostil a su persistencia. Ira e intenso dolor. Pero, en cuanto a las autoridades concierne, el ciudadano desprevenido se pregunta cómo es posible que sabiendo su paradero se sientan impotentes para actuar en consecuencia.

En el caso de Carlos Upegui no hubo misterio sobre la identidad y ubicación de los responsables. A la luz pública cometieron el plagio, con retenes de uniforme, en carretera muy transitada. Desde el primer momento los voceros oficiales señalaron al frente XXII de las Farc. La Fuerza Pública conoce el escenario circunscrito de sus andanzas. A buen seguro no ha emprendido ninguna acción de rescate por no poner en peligro la vida del prestigioso rehén.

Cierto es que fue muy difícil localizar a Pablo Escobar en el área metropolitana de Medellín, de donde nunca salió. Porque andaba solo en compañía de un guardaespalda, protegido por la simpatía de la población civil. No es lo que ocurre con este frente guerrillero de las Farc, localizado en el corazón de Cundinamarca, que debe desplazarse, abastecerse y acampar. Será que cuenta con la asistencia de la población campesina? Para emergencias como ésta debiera haber un cuerpo de intervención rápida. Lo es, si no nos equivocamos, el Batallón Unase, que tantos éxitos se ha apuntado en varios lugares del país. La presión moral de la protesta algo ayuda, pero es menester que la Fuerza Pública se disponga a actuar si llegare a persistirse en la ominosa idea del ajusticiamiento. Y resolver si se auspicia la liberación mediante el pago del rescate o si existe la posibilidad de obtenerla de otra manera, sin perjuicio de la supervivencia de los secuestrados.

Servicios aeroportuarios Al comenzar la etapa de la descentralización aeroportuaria, lo primero que surge es el temor de verla aplicada a la capital de la República. Si no puede con los actuales servicios, qué tal asumiendo otros muy complejos, especializados y exigentes? Se aducirá que estarán excluidos los relacionados con la seguridad aérea. Pero el tremendo fracaso en el mantenimiento de calles y avenidas induce a preguntar si las pistas de aterrizaje no se llenarán igualmente de huecos y en poco tiempo se volverán inservibles.

Bogotá es la cenicienta de la nueva época. El futuro, y el presente también, la han dejado de lado. Ninguna obra pública de aliento se construye en su perímetro urbano. Lo de El Guavio es distinto, en cuanto hace parte esencial del sistema eléctrico interconectado.

La apertura comercial la soprendió sin haberse preparado para lidiar sus consecuencias. A otras ciudades pudo ocurrirles algo semejante, pero están capacitándose para atender a los nuevos requerimientos. El retraso dramático es de Bogotá, paradójicamente en medio de la febril actividad privada.

Nadie se explica la torpeza de no haber acondicionado el aeropuerto de El Dorado con miras a la creciente demanda de sus servicios. Por fortuna, aunque demasiado tarde, se ha decidido construir la pista alterna. Buen regalo de Navidad para la urbe en decadencia y desamparo. Lo necesitaba. Como necesita tutela en otros campos, mientras se organiza y aprende a gobernarse por sí misma. Nunca cabe olvidar que constituye el centro vital y el más poblado de la República.

Intervención Tal el título del libro de John S. D. Eisenhower que el profesor Edward M. Coffman considera de admonitoria lectura para los artífices de las políticas a quienes se dirigen frecuentes invitaciones a intervenir alrededor del mundo.

Nadie menos que el presidente Wilson pretendió poner orden en la revolución mexicana, entre 1913 y 1917. Convencido de que la intervención norteamericana sería bien recibida, se enredó tratando de ver quién era el más adecuado para gobernar al país vecino. Con motivo del trivial apresamiento de unos marinos por agentes del gobierno de Huerta, que se resistía a reconocer, decidió enviar diez mil hombres al mando del General Pershing. Llegó hasta comprometerse en la cacería de Pancho Villa.

De la melancólica y frustrada aventura hubo de retirarse bajo los apremios de la guerra europea. Lo que logró fue avivar la animosidad en el alma de los mexicanos.

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