NOS VAMOS A IR A LA QUIEBRA

NOS VAMOS A IR A LA QUIEBRA

El 31 de julio, en plena cumbre de mandatarios seccionales en Rionegro (Antioquia), el gobernador del Meta, Omar Armando Baquero Soler, no pudo ocultar el disgusto que le causó la presencia de un emisario del sector cervecero en el salón de deliberaciones. Me parece incómodo que representantes de la gran industria estén interfiriendo un debate de la importancia del que estamos adelantando , dijo Soler mientras observaba al hombre que en efecto estaba haciendo lobby entre los aistentes.

22 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

El tema en aquella ocasión era el régimen tributario de las entidades territoriales y especialmente la posibilidad de que se estableciera un gravámen al porcentaje de cerveza contenido en la bebida comercializada recientemente como refajo.

Posteriormente, en la reciente cumbre de Ibagué hace 15 días, donde los gobernadores cuestionaron el proyecto de ley 027 que pretende una rebaja gradual del impuesto al consumo de cerveza y sifones, también estuvieron presentes de este sector que intentaban convencer a los jefes de las administraciones seccionales para que declinaran su radical oposición a la iniciativa que finalmente salió avante en la Cámara de Representantes.

Así lo ratificó el gobernador del Tolima, quien dijo que los representantes del sector cervecero intentaron sin éxito romper la posición solidaria de los gobernadores.

Hoy, los gobernadores consideran que la decisión legislativa -que aún puede ser revisada por el Senado- amenaza la estabilidad presupuestal de sus departamentos y pone en aprietos la ejecución de importantes programas de inversión social.

A raiz del debate que se ha suscitado por los cuestionamientos hechos a la Cámara de Representantes, que desatendió el clamor de los departamentos, EL TIEMPO dialogó con algunos de los mandatarios.

Para el del Tolima, Ramiro Lozano Neira, si se hace efectiva la rebaja en el impuesto a la cerveza, que irá progresivamente del 48 al 20 por ciento durante los 3 próximos años, los departamentos quedarán abocados a la quiebra.

Entraríamos en liquidación, sobre todo si tenemos en cuenta que este impuesto está pignorado a los bancos y entidades financieras que respladan nuestras inversiones. En nuestro caso, perderíamos el próximo año unos 8.000 millones de pesos , explicó.

Lozano señaló que si finalmente el Senado aprueba la ley,la obligación de buscar alternativas para evitar el descalabro presupuestal de las regiones. La nación tendrá que asumir nuevamente una actitud paternalista y practicamente entrar a sostenernos.

El gobernador del Atlántico, Gustavo Bell Lemus, indicó que no es cierto que con la rebaja al impuesto se pueda duplicar el consumo - como lo aseguran los productores- porque ese solo hecho no bastaría para que la demanda se disparara automáticamente .

Esa rebaja tampoco sería consecuente con las campañas de salud y de prevención que quiere adelantar el Gobierno para conbatir vicios que hacen daño a nuestra sociedad , añadió.

Estimó que el lobby de los empresarios cerveceros es apenas normal.

Esta apreciación fue compartida por su colega de Caldas, Pilar Villegas de Hoyos , quien dijo que lo importante es buscar una solución que no afecte a los departamentos y a una industria privada que realmente ha hechos valiosos aportes al país.

Estuvieron de acuerdo también en que la Nación debe abocar reformas en el sistema de rentas departamentales, pues estas siguen inspiradas en la época de la Colonia. Se vive todavía de los vicios, cuando lo que necesitamos son rentas más ágiles y progresistas , dijo Bell.

Efectos de la rebaja El departamento del Tolima dejaría de percibir 8.000 millones, algo así como la tercera parte de su presupuesto de inversión. Tendría que abolir algunas de sus secretarías por falta de recursos. Para Atlántico significaría una rebaja en sus ingresos de 5.000 millones de pesos, esto es, el 30 por ciento de su presupuesto inversión. Se paralizarían los planes de desarrollo que viene adelantando desde 1992 y que suman 20.000 millones de pesos. Se verían afectados, entre otros programas, la recuperación de la malla vial del departamento y los proyectos de valorización. Para el Cauca los ingresos caerían de 1.500 a 600 millones de pesos anualmente. Por eso su gobernador, Temístocles Ortega, juzga necesaria la creación de un fondo de compensación para moderar efectos tan nocivos. De otra manera, el departamento quedaría imposibilitado para seguir cumpliendo sus compromisos. Una caída equivalente a la tercera parte de sus recursos de inversión sufriría el departamento de Cundinamarca. Esto equivaldría a unos 15.000 millones de pesos. El gobernador Manuel Guillermo Infante ha dicho que no rivaliza con el sector privado, pero que es necesario que se compensen las pérdidas con mecanismos financieros públicos. La Conferencia de Gobernadores expidió durante la última cumbre un comunicado en el que abogan por la concertación que permita el hallazgo de fórmulas alternativas para hacerle frente tanto a las amenazas a que se encuentra sometida la industria Nacional, como a la inestabilidad que se generaría en las regiones por el débil ingreso en que hoy se encuentran sus fiscos departamentales.

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