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¿Cárcel para raponeros?

¿Cárcel para raponeros?

La entrada en vigor, el próximo primero de febrero, de la llamada ‘Ley de pequeñas causas’ –que penaliza con arresto, multas y trabajo comunitario delitos callejeros como el raponazo– será de buen recibo entre los habitantes de las grandes ciudades. Pero, si bien la intención de penalizar conductas tan extendidas como el robo de celulares es saludable, una mirada más cuidadosa hace evidente la necesidad de una política criminal menos oscilante frente al tratamiento del delito, la pena y el delincuente.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
25 de enero 2008 , 12:00 a. m.

No son pocas las preguntas que surgen. Establecer penas de cárcel efectivas para delitos menores va a atiborrar cárceles que ya tienen un sobrecupo de más de 12.000 reclusos, como lo señaló el Inpec. Penas de dos años se vuelven no excarcelables en casos “sensibles a la opinión”, cuando la norma general es que lo son todos los delitos con penas inferiores a cuatro años.

¿Es lo conveniente para combatir el crimen mezclar a quien comete una ofensa menor con curtidos criminales? ¿No sería más acertado castigar con cárcel al reincidente y con multas y trabajo comunitario a los infractores de primera vez? El tratamiento previsto, oral y sumario, puede prestarse a abusos.

No solo en esta ley hay contradicciones. Para no mencionar sino un caso, si bien se trata de un delito grave, parece incongruente que el ‘paseo millonario’ pueda dar 40 años y un homicida salga libre después de muchos menos años.

El problema es que las leyes en materia penal se han expedido en los últimos años al vaivén de las coyunturas, sin obedecer a un análisis criminológico y sociológico de largo alcance. El escándalo del día produce la ley del día, y los congresistas ávidos de popularidad se montan en la cresta de lo que la gente pide.

Durante la administración Pastrana, el Congreso expidió los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, que debían producir efectos de largo alcance y unificar criterios en materia de delitos y penas. La Ley 600 (que tan buenos resultados sigue dando en materia de ‘’parapolítica’) fue reformada para dar pie al sistema acusatorio, que ahora se vuelve a reformar parcialmente con la ley de pequeñas causas, que permite, como antes, que el mismo juez que investiga juzgue. Y eso que en el entretanto ya le habían hecho ajustes.

Al Código Penal comenzaron a reformarlo a medida que sectores de la sociedad lo reclamaban con el equivocado criterio de que basta el aumento de penas para acabar con el delito: una vez para el caso de los automotores, otra para la inasistencia familiar, otra para los violadores, otra para los secuestradores, otra para los usureros... La respuesta del Estado ha sido aumentar la pena sin saber si realmente se va a aplicar y cómo, y si en verdad sirve para el fin último, que es prevenir y combatir el crimen.

Después, cuando estén llenas las cárceles de delincuentes de bagatela, ¿expedirán otra ley para excarcelarlos? A partir de la Constitución de 1991, ya no sucede como antes, que estos cambios y bandazos se daban por la vía de decretos extraordinarios expedidos por el Gobierno con autorización del Congreso. Ahora es el propio Legislativo el que ha dictado en tan poco tiempo, sin análisis serio, medidas contradictorias que dejan al país con una legislación penal con muchas incoherencias y contradicciones.

Pero lo verdaderamente importante es preguntarse cuál es la filosofía.

¿Penas duras, juzgados que no dan abasto y cárceles desbordadas? ¿Castigo a la reincidencia y educación para quienes infringen la ley por primera vez? Quizá estamos en mora de hacer un alto en el camino y debatir con calma cuál es la filosofía criminal del Estado colombiano, en lugar de elaborar, retazo a retazo, una colcha de regulaciones de difícil cumplimiento y baja efectividad. Hay ya suficientes muestras de que cárceles llenas no siempre significan menos delincuentes en las calles

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