Los ladrones de celulares pagarán 6 meses de cárcel

Los ladrones de celulares pagarán 6 meses de cárcel

A partir del próximo primero de febrero, cuando entre a regir la denominada ley de pequeñas causas, el que se robe un celular tendrá una condena mínima de seis meses de prisión. Pero si tiene antecedentes penales o es reincidente, la sanción puede llegar a los dos años, sin derecho a ningún tipo de rebaja.

23 de enero 2008 , 12:00 a.m.

Esta norma estableció que los denominados delitos callejeros, cuando el monto sea inferior a los 10 salarios mínimos (4’615.000 pesos), ahora serán contravenciones y se pagarán con cárcel.

Por tratarse de contravenciones tendrán un tratamiento judicial expedito, oral y sumario.

Según el viceministro de Justicia, Guillermo Reyes, desde el primero de febrero, el responsable de todo tipo de hurto tendrá cárcel. “Preferimos tener las cárceles hacinadas que los delincuentes en las calles”, señaló Pero esta norma no solo señala la detención para quien cometa un delito callejero, como el atraco, el raponazo o el hurto de una bicicleta.

Actualmente estos delitos, desde que no haya violencia de por medio o el responsable no tenga antecedentes penales, terminan siendo excarcelables.

La nueva ley no se queda solo en este tipo de contravenciones, sino que también deja la detención para las lesiones personales. Establece que cuando la incapacidad causada –según dictamen de Medicina Legal–, sea inferior a los 10 días, el arresto será de 6 meses a un año. Y cuando sea superior a los 11 días, el responsable estará preso entre 1 y 2 años. Las penas se duplicarán cuando se afecte a menores de 14 años.

Reyes señaló que cuando se trate de hurto, estafa agravada y abuso de confianza calificado, el arresto será de entre 1 y 2 años.

Pero no todo es cárcel. La nueva ley fija el trabajo social no remunerado y las multas.

En el primero de los casos las condenas oscilarán entre 4 y 12 semanas.

Esta medida cobijará a quienes incurran en omisión de socorro, hurto atenuado, estafa, emisión y transferencia ilegal de cheque, alzamiento de bienes, perturbación de la posesión sobre inmueble, daño en bien ajeno y violación de la libertad religiosa. En este caso previamente debe haber indemnización a la víctima.

El consumo de drogas ilegales también se pagará con trabajo social y variará si se hace delante de menores, en un establecimiento educativo o en el hogar.

En lo que respecta a las multas, que podrán llegar hasta los 23 millones de pesos, se impondrán cuando se impida o perturbe una ceremonia religiosa o por el irrespeto a los cadáveres.

En Bogotá, el comandante de la Policía, general Rodolfo Palomino, reveló que desde hace varias semanas, 10.000 de sus hombres se están preparando para comportarse como es debido en los estrados y para aprender a suministrar todas las pruebas necesarias para que los contraventores sean sancionados y no sigan reincidiendo.

Ya sea un patrullero o subintendente o quien sea que detenga al contraventor, éste tendrá que relatar muy claros los hechos ante el juez para que no reine la impunidad.

Una suerte, en opinión de Elkin Velásquez, consultor de la ONU en temas de seguridad, pues asegura que en los países desarrollados es normal que la policía realice labores de investigación y vigilancia y que en Colombia esto hasta ahora está empezado a desarrollarse, pero advierte que aún falta mucho.

- En juzgados de Bogotá esperan atender 5.191 casos al año La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura decidió que el primero de abril comenzarán a funcionar, en una primera fase, los juzgados de pequeñas causas en Bogotá, donde habrá 8. Mientras tanto, la Judicatura seleccionó algunos juzgados para que vayan conociendo estos casos. Y calcula que los 8 juzgados atenderán cada año 5.191 casos en Bogotá.

En el 2010, estará funcionando todo el sistema en el país con 395 jueces.

Estos procesos de pequeñas causas se caracterizan por requerir querella.

Solo se realizan dos audiencias: una preliminar y una de juzgamiento con plazos máximos de 30 días a partir de la presentación de la querella para la realización de la primera, y a partir de esta fecha, 10 días para la realización del juicio. Sin embargo, cuando la persona no conoce al autor del delito, la Policía tiene un plazo hasta de 6 meses para identificar al contraventor. Uno de los cambios es que la Policía es la que investiga, no la Fiscalía.

- INPEC, PREOCUPADO POR HACINAMIENTO El director del Inpec, Eduardo Morales, aseguró que desde el año pasado, con el endurecimiento de algunas leyes, el hacinamiento carcelario se disparó.

Señaló que el promedio mensual de ingresos pasó de 55 a 110 internos en las tres cárceles del Inpec en Bogotá. En diciembre del 2006, había 7.900 internos en estos centros de reclusión y para diciembre del 2007 eran 8.773, una cifra que preocupa al Inpec teniendo en cuenta que las cárceles de la capital tienen capacidad para 5.395 internos.

En promedio, según cifras de la entidad, se están haciendo 300 traslados de internos mensuales. Y actualmente se espera que el Gobierno construya un nuevo centro carcelario con capacidad para 3.600 internos en Bogotá.

En Colombia, asegura Morales, la situación es igual.

De acuerdo con su reporte, actualmente en los centros de reclusión hay 12.000 internos más de la capacidad carcelaria

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