EL DERECHO A LA VIDA

EL DERECHO A LA VIDA

Señor Director: En Barranquilla conocí los Hogares Crea. Algo muy propio de tan generosa ciudad. Se trata de una institución dedicada seria y efectivamente a la rehabilitación de drogadictos. Al colaborar con ella, y al estar en contacto con sus directivos y pacientes, aprendí que el consumo de estupefacientes es altamente dañino para el organismo, porque deja en el siquismo huellas de su acción y crea una dependencia síquica o física. Que dicho consumo implica un grande y arbitrario peligro, puesto que va creando una personalidad patológica, aunque sus efectos físicos no sean a veces perceptibles a corto plazo.

24 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

Que es un sofisma el distinguir entre el consumo de drogas blandas, marihuana, hachís... y drogas duras heroína, cocaína, morfina... puesto que, aunque no existe una secuencia obligada entre las drogas blandas y las duras, desde el punto de vista físico, sin embargo la dependencia síquica que crean las drogas blandas favorece la iniciación en las duras, las que producen adicción irreversible, a perpetuidad. Que, por tanto, el uso de las drogas equivale a una mutilación síquica y es, sin justificación alguna, un atentado contra la propia vida. Finalmente, aprendí que la drogadicción es perjudicial, no sólo para los individuos y para su eventual prole, sino también para la sociedad que los alberga.

Por fortuna, nuestro país, tal vez por sus raíces católicas y moralistas, es lento a los giros bruscos que en cuestiones de tergiversación de la escala de valores se trata. En consecuencia, la drogadicción no está tan difundida y el narcotráfico es inclementemente perseguido gracias al liderazgo inquebrantable del señor Presidente. Sin embargo, no faltan quienes, como fruto del permisivismo reinante, y en aras de la modernización , o del populismo, o del clientelismo, o de la comodidad, o del hedonismo, o de sus intereses personales transigen con sus valores y pretenden traicionar a la sociedad que los alberga y a la que representan.

A tales personas hay que decirles que la justificación consuetudinaria o legal de las conductas perniciosas, constituye una transmutación del principio fundamental de la moral; que el hombre no es quien crea la ley moral, sino quien solo la descubre; que la moral es una exigencia de la verdadera naturaleza humana, y no un acuerdo precario, provisional y simplemente histórico; que la ley debe ser congruente con la moral.

Es un hecho el que existe una estrecha correlación entre la mentalidad actual que deifica el dinero y el poder, y que está familiarizada con el irrespeto a la vida, por una parte, y la corrupción, el narcotráfico, el narcoterrorismo, la narcoguerrilla, por la otra. Si no reaccionáramos fuerte y oportunamente, convencidos de que la solución no es legalizar lo malo porque es difícil de combatir, acabaríamos en la peor de las aberraciones: la legalización de lo intrínsecamente malo, aún en contra de la ley moral y de la Constitución.

El sujeto humano constituido como una totalidad del espíritu y cuerpo dotado de vida, constituye un valor incondicionado y último. Respecto de él, cualquier otro valor le está condicionado, le es secundario, adjetivo.

Al respecto la Corte Constitucional, basada en el Art. 11 de la Constitución, en su sentencia T-179/93 entre otras muchas sabias afirmaciones, dijo: La vida como supremo interés de la sociedad política organizada, como máximo escalón dentro de la jerarquía de valores es reconocida como un derecho inviolable y protegido jurídicamente en sus diferentes etapas . Esta frase debería ser suficiente para que nuestros dirigentes se abstuvieran hasta de pensar en la legalización de cualquier conducta que atente contra la vida. Dado que el narcotráfico, en cualquiera de sus formas y frente a cualquiera de sus pretendidas justificaciones, no deja de ser una forma de atentado contra la vida de las personas, su legalización violaría flagrantemente el derecho a la vida de niños, jóvenes y adultos, que quedarían expuestos a los embates de los narcotraficantes.

Para una conciencia recta y clara, que es la que se espera y debe exigirse de nuestros gobernantes, jueces y legisladores, tiene que constituir un despropósito moral y jurídico semejante legalización. El poder público, en todas sus ramas, es designado como tal para que consagre el deber ser moral en la Constitución, en la Ley, en los reglamentos, en la jurisprudencia y para que lo defienda y lo haga exigible en todo momento, pero no para que lo vulnere legalizando las costumbres inmorales y permisivas de los hombres, ni para que transija con ellas.

Debemos combatir, con los medios lícitos que tengamos a nuestro alcance individual, todo aquello que atente contra la moral y las buenas costumbres. Esta obligación se hace aún más evidente, y su cumplimiento es todavía más exigente, en la medida en que el bien tutelado por la moral, el cual se halle en peligro de ser vulnerado, sea de mayor entidad.

Y, cuál bien humano podría ser de mayor importancia que la vida? Así lo había entendido la Fiscalía General de la Nación cuando allanó y clausuró en la capital del país más de 20 establecimientos dedicados a la práctica de abortos, y detuvo a decenas de criminales de la medicina y de la enfermería que se estaban enriqueciendo con la comisión de tan execrable delito.

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