ESPINOSO CAMINO DE LA PAZ

ESPINOSO CAMINO DE LA PAZ

De enero a octubre pasado, en Colombia hubo 649 asesinatos políticos. En Urabá, 97 trabajadores fueron abaleados entre noviembre y la primera semana de diciembre. Un balance de la paz poco alentador. Los colombianos sólo escuchan las expresiones proceso de paz y diálogo a los 300 hombres de la Corriente de Renovación Socialista (CRS).

26 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

Por lo demás, cada vez la guerrilla colombiana se radicaliza en su cruzada guerrerista. Inclusive, frentes como el Domingo Laín han declarado internamente que el diálogo es una propuesta ya abortada.

En respuesta, el Gobierno emprendió la llamada política de guerra integral en noviembre de 1992, prorrogada hasta agotar los términos constitucionales en octubre pasado. Las normas excepcionales se convirtieron, en el Congreso, en un polémico debate, en ley permanente la última semana de sesiones de este año.

Sin embargo, además del proceso que se prepara con la CRS, cabe registrar los diversos movimientos ciudadanos que enrutan sus esfuerzos a darles salidas civilistas a grupos violentos específicos, tales como las bandas juveniles y las milicias populares.

Corriente de Renovación Socialista En la primera semana de enero, el Gobierno y la Corriente de Renovación Socialista (CRS) iniciarán la discusión de la agenda de negociaciones que busca la desmovilización de ese grupo. De concretarse este fin, el de la CRS sería el único proceso de paz concluido durante la administración Gaviria.

La agenda que Gobierno y CRS concertaron en sus conversaciones preliminares contempla el tema de los derechos humanos, la participación ciudadana, la concertación económica, el desarrollo regional, los beneficios jurídicos, la reinserción, la favorabilidad política y la dejación de las armas.

En Flor del Monte, corregimiento de Ovejas (Sucre), cerca de 300 guerrilleros están a la expectativa de lo que suceda en la mesa de diálogo. La CRS aspira a participar en las elecciones para el Congreso en marzo próximo, como movimiento político legal.

Mesa de Trabajo por la Vida en Medellín Hay que rodear los pactos fue la consigna de la estrategia que aplicaron cerca de ochenta organizaciones oficiales y no oficiales (encabezadas por la Vicaría Pastoral Social de Medellín), en un intento por aminorar la tasa de homicidios en esa ciudad.

Este grupo auspició el desarme de jóvenes pandilleros y logró pactos entre las bandas para que no se agredieran ni utilizaran la violencia contra personas del barrio. Entre estos pactos se cuentan el de diez bandas del barrio Villa Tina y el que firmaron las de los barrios Las Granjas y Santa Inés.

Se reúnen cada viernes en la Curia de la ciudad para analizar conjuntamente las denuncias y peticiones de la gente a los 120 delegados que conforman la mesa de trabajo. Participan la Iglesia, los gremios económicos, las universidades y los grupos cívicos.

Desepaz A principios de este año se calculaba que en Cali operaban 134 bandas juveniles. En cada grupo, se dijo, había unos 50 muchachos entre los 17 y los 22 años y, a veces, algunos menores.

Ante esta situación, la Alcaldía de Cali fue la primera que hizo de la paz y de la seguridad el centro de su gestión. Creó un plan al que llamó Desepaz (Paz, Seguridad y Desarrollo), en un intento por contrarrestar las causas de la violencia y transformar a jóvenes pandilleros en líderes sociales.

Junto a éste, hay muchos otros programas y planes caleños que, de manera independiente o integral, se relacionan con Desepaz. Tal es el caso del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Cali (Visecali). Dichos programas tienen un común denominador: invertir en la gente, en su educación y capacitación, en el cambio de cultura, de valores; en su bienestar para cultivar así un ambiente propicio para la paz.

Iniciativas contra la guerra y por la paz: Con una guacamaya como nuevo símbolo de la paz ante el desgastado de la paloma blanca, periodistas, empresarios, indígenas, académicos, sacerdotes, jóvenes, artistas, miembros de organizaciones no oficiales, algunos congresistas y un gobernador, entre otros, asistieron, en Bogotá, el 8 de octubre, al lanzamiento de una nueva estrategia para alcanzar la paz.

Esta estrategia se consolidó entre el 19 y el 21 de noviembre cuando la Mesa de Trabajo por la Paz convocó al primer Encuentro Nacional de Iniciativas contra la Guerra y por la Paz.

Las más de 300 personas que asistieron al certamen coincidieron en que la paz no puede seguirse abordando como un asunto coyuntural de competencia exclusiva del Ejecutivo. Por tanto, la población civil no comprometida en el conflicto armado no puede ser tratada como espectadora pasiva o víctima cuya opinión no interesa.

Comisión de armisticio A finales de enero de este año, el alcalde de Tuluá (Valle), Gustavo Alvarez Gardeazábal, dijo que como colombiano se sentía obligado a lanzar una propuesta en procura de la paz.

Sugirió que se constituyera en el país una comisión preparatoria del armisticio para que con herramientas bien diferentes a las de la bala y el enfrentamiento, se ponga fin a la guerra .

Fue integrada, además de Alvarez Gardeazábal, por el senador Tito Rueda, el obispo de San Gil, monseñor Leonardo Gómez; el representante a la Cámara Hernando Torres Barrera, el gobernador del Tolima, Ramiro Lozano, y el diputado de Norte de Santander Ramiro Luna.

La comisión propuso que Gobierno y guerrilla firmaran un cese de hostilidades. Según Alvarez, se consiguió eco en sectores de las Fuerzas Militares, en varios jefes de frentes guerrilleros y en algunos dirigentes nacionales.

Pacto político en Urabá El 23 de noviembre pasado, los partidos y movimientos políticos que actúan en la conflictiva región del Urabá antioqueño llegaron, tras superar mutuas recriminaciones sobre la responsabilidad de los asesinatos que han ocurrido en esta zona en los últimos dos meses, a un acuerdo en el que rechazaron de manera unánime la violencia de los grupos que actúan al margen de la ley.

El pacto, avalado por el Gobierno Nacional y cuyo desarrollo ha tenido la tutoría de la Iglesia Católica, fue firmado por representantes de Esperanza, Paz y Libertad, el Partido Comunista, la Unión Patriótica, liberales y conservadores.

El pacto reafirmó el derecho de hacer proselitismo político, estableció la obligación del Gobierno de crear las condiciones que permitan a los bananeros continuar trabajando en las fincas, comprometió al Gobierno a girar los dineros correspondientes al Plan Urabá y creó una veeduría para que vele por el normal desarrollo del acuerdo.

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