El imperio de la limosna

El imperio de la limosna

El Chocó va de mal en peor y son pocas las esperanzas de que las cosas cambien durante la administración del nuevo gobernador, Patrocinio Sánchez Montes de Oca, un abogado que durante su trayectoria como funcionario público se ha destacado por ser centro de frecuentes escándalos por ilícitas destinaciones de fondos públicos y artífice de un espurio imperio político edificado a través de la compra de conciencias con la entrega de limosnas a los electores.

14 de enero 2008 , 12:00 a.m.

De hecho, es heredero del clan político del ex senador Jorge Tadeo Lozano Osorio, de ingrata recordación por la quiebra de la empresa Mineros del Chocó y la nefasta danza de defraudaciones que puso en práctica contra el fisco chocoano durante más de tres décadas.

El gobernador Patrocinio y su hermano, el congresista Odín Sánchez Montes de Oca, como buenos alumnos de Lozano Osorio, después de la condena de este por apropiaciones ilegales de dineros del Estado, con astucias lograron quedarse con el control del Movimiento Liberal Popular, una fracción política del liberalismo chocoano que ahora hace parte del partido uribista.

Estos hijos de un humilde educador, que ejerció la docencia durante treinta años en una escuela rural, en un villorrio en las orillas del río Atrato, como en los cuentos de hadas convirtieron en tiempo récord a los Sánchez Montes de Oca en una familia acaudalada y en un poderoso clan político que controla la Gobernación, las contralorías departamental y territorial, algunos institutos descentralizados del orden nacional, más de la mitad de las 31 alcaldías, incluyendo la de capital del departamento y empresas de salud, y son los representantes del uribismo en la región.

Una dinastía de explotadores de la pobreza, pues han convertido el negocio de otorgar limosnas a cambio de votos en una maquinaria electoral eficaz, que ha servido para afianzar un desmesurado dominio político. Es censurable observar cómo el patrimonio público se invierte selectivamente para favorecer a sus seguidores y golpear a los adversarios, como si se tratara de un asunto privado.

Una perversidad administrativa, en donde lo que menos importancia tiene es lo ético. Por eso, el actual gobernador, siendo alcalde de Quibdó, por intermedio de una empresa de su propiedad dedicada a la usura, se convirtió en el mayor prestamista de empleados y contratistas del municipio y, por ende, es actualmente el poder detrás del trono en la alcaldía. Nada se mueve sin su aval; por consiguiente, los resultados de su hegemonía se reflejan en una ciudad empobrecida, porque en la medida en que crece su poder político y económico, aumentan la miseria y el hambre entre sus coterráneos.

Fue elegido con un prontuario de más de diez procesos penales por peculado, entre ellos, uno por mal manejo de los recursos de la salud, cuando se desempeñó como alcalde entre el 2001-2003, por los cuales ha sido llamado a juicio por la Fiscalía, pero logró posesionarse sin mayores contratiempos.

Lo que más llama la atención es el nombramiento en su gabinete de algunos miembros de movimientos políticos con nexos con el narcotraficante Olmes Durán Ibargüen, quien a través de testaferros controla las rentas del departamento y estuvo en el centro del escándalo de la malversación de los dineros de la salud.

En todo este enjambre de inmoralidad, lo más curioso son las supuestas relaciones silenciosas que se han estructurado al parecer entre el nuevo gobernador y el liquidador de la Dirección Seccional de Salud y amigos del hombre fuerte del Pacífico, que son de dominio público en la región.

Desde el punto de donde se mire, resulta reprochable que quienes gobiernan mal a este departamento sean los agentes regionales de un gobierno que dice combatir la corrupción. Sin embargo, continúa sosteniendo una convivencia política entre los actores seccionales de las defraudaciones y dignatarios del Gobierno.

joemosbe@une.net.co

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