Pablo Ardila debe seguir en prisión

Pablo Ardila debe seguir en prisión

El ex gobernador de Cundinamarca Pablo Ardila deberá seguir en la cárcel La Picota, luego de que un fiscal ante la Corte Suprema le negó una solicitud de libertad, argumentando que no es suficiente la suma de 500 millones de pesos con la que el ex funcionario pretendía indemnizar a las personas que supuestamente había extorsionado.

04 de enero 2008 , 12:00 a.m.

La cantidad que pide la Fiscalía es de casi 10 mil millones de pesos, cifra que para el abogado de Ardila, Gerardo Barbosa, “es exorbitante”.

Aseguró que algunas víctimas quieren aprovechar la situación porque, por ejemplo, una pareja de areneros inicialmente compró un predio en cinco millones de pesos y ahora está costando 100 millones.

Ardila fue detenido el 26 de diciembre pasado en su apartamento del norte de Bogotá, luego de una investigación por indicios de su presunta participación en delitos en contra del patrimonio y corrupción cometidos cuando ejercía el primer cargo del departamento.

El ex gobernador deberá responder por supuesta participación en los delitos de extorsión, prevaricato y falsedad en documento, todos ellos delitos en contra del patrimonio público.

Por hechos similares se encuentra detenido desde hace varios meses el contralor del departamento, Juan Carlos Median Ovalle.

Ladrilleras y firmas de familia Según las investigaciones, Ardila habría favorecido desde su despacho a empresas gravilleras y ladrilleras en las que su familia tiene acciones, entre ellas la firma SAP Agregados, en el municipio de Ricaurte (Cundinamarca).

En el supuesto caso de extorsión, los investigadores de la Fiscalía intentan establecer cuál fue la participación de Ardila en la transacción que permitió que SAP Agregados se quedara con la licencia de explotación de gravilla que pertenecía a 50 areneros de Ricaurte.

En la compañía SAP Agregados tiene intereses económicos Pablo Ardila Casamitjana, padre del ex gobernador, y además son socias dos funcionarias de su administración departamental: Mary Luz Olarte, quien fue jefe de protocolo de la Gobernación y su hermana, Fanny Olarte, gerente de la Corporación Social de Cundinamarca.

Algunos de los areneros dijeron, tanto a los medios de comunicación como a la justicia, que ellos tuvieron conocimiento de que el ex gobernador de Cundinamarca estaba detrás de la transacción y que fueron presionados por el ex funcionario.

El proceso por prevaricato tiene que ver con que Ardila, en el 2004, declaró la urgencia manifiesta para asignar un contrato por cerca de 260 millones de pesos

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