CÁRCEL DOMICILIARIA A DEFRAUDADORES

CÁRCEL DOMICILIARIA A DEFRAUDADORES

La Fiscalía General de la Nación accedió a ordenar la detención domiciliaria de siete personas acusadas de integrar una compleja organización dedicada a la defraudación de la Tesorería Distrital. El Fiscal 250 de la Unidad de Delitos Especiales aceptó una petición formal de los abogados que apoderan a los sindicados.

21 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

La detención domiciliaria concluyó el Fiscal 250 es procedente en cuanto las penas de prisión previstas para delitos de falsedad y concierto para delinquir son inferiores a 5 años.

Así, Oscar Pérez Villarraga, Maximino Chocontá, Carlos Augusto Téllez Velasco, Clara Inés Rangel Campuzano, Jose Manuel Duarte, Guillermo Edmundo Muñóz Malaver y Josefina García, tendrán prisión domiciliaria.

Inicialmente, el mismo Fiscal 250 había proferido auto de detención y decretado el embargo de los bienes de los siete implicados en la defraudación contra la Tesorería Distrital.

Las investigaciones realizadas indican que 2 particulares y 5 funcionarios de la Tesorería se aliaron para autobeneficiarse de un sistema de fraude que se convertía en una millonaria evasión de impuestos.

Varias entidades comerciales, entre las que se encuentran Tecnillantas, Inversiones Rodríguez Aponte S. en C., Eventuales e Ilam Ltda., entre otras, entregaban los recibos de cobro del Impuesto de Industria y Comercio y del IVA a Oscar Pérez Villarraga, ex funcionario de Tesorería, o a Maximino Chocontá.

Estafas legalizadas Con la ayuda de algunos funcionarios de la Tesorería Distrital, Pérez y Chocontá simulaban el oportuno y completo pago de impuestos.

A ese efecto, se elaboraban copias casi exactas de los recibos de cancelación de la deuda y del log de pagos diarios (tira de papel que expide la máquina registradora).

Dichos documentos falsos eran incorporados al sistema y al archivo de la Tesorería. Y copia de ellos era enviada al contribuyente.

Así, cuando el contribuyente recibía una nueva cuenta de cobro y se presentaba a reclamar porque ya había pagado su deuda, el empleado de la ventanilla correspondiente verificaba la queja en los archivos y determinaba que efectivamente se encontraban los recibos de pago (falsos).

Mediante el sistema, la deuda era descargada y los intermediarios se veían beneficiados con millonarias sumas que jamás ingresaban al fisco.

Voceros autorizados dijeron que los siete cobijados con los autos de detención acudirán a la terminación anticipada del proceso y negociarán la pena con la Fiscalía.

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