La Ley de Infancia

La Ley de Infancia

Cumple, por estas fechas, poco más de un año de aprobada una pieza legislativa trascendental, sobre la que no se ha llamado mucho la atención pública y que enfrenta grandes desafíos para su aplicación: la Ley de Infancia y Adolescencia o Ley 1098 del 2006.

30 de diciembre 2007 , 12:00 a.m.

La norma, que reemplaza al viejo Código del Menor y pone a Colombia al día con la legislación internacional, es la formulación acabada de cambios de fondo en materia de derechos de la niñez, que el país había reconocido al firmar la Convención Internacional de Derechos del Niño de 1989, pero que solo venían siendo parcialmente aplicados o reconocidos mediante sentencias de la Corte Constitucional. Fue promovida por una alianza de organizaciones oficiales, no gubernamentales y el sistema de Naciones Unidas.

Se pasa de la idea tradicional del niño como ‘menor’ indefenso que debe protegerse en situación vulnerable, a la concepción de que es sujeto de derechos –que priman sobre los demás–, progresivamente responsable de sus actos (incluso penalizables a partir de cierta edad) y titular de protección integral por parte de la familia, la sociedad y el Estado.

La ley, contenida en tres libros, encierra incontables predicamentos, que persiguen ambiciosas transformaciones en el ámbito cultural, económico, jurídico y social, y que, como con tantas otras leyes, será todo un desafío traducirla en medidas reales y concretas.

* * * * El libro primero, sobre la protección integral, apunta al desarrollo armónico del niño dentro de su núcleo familiar o social. Algo tan evidente como deficiente en una sociedad en la que, por ejemplo, 20.000 niños están en alto riesgo de muerte este año por consumir agua contaminada. El libro segundo establece un nuevo sistema penal para adolescentes –entre 14 y 18 años de edad–, que contempla una organización de justicia especialmente diseñada y castigos que van desde amonestaciones hasta reclusión en centros especiales. El libro tercero trata sobre el sistema nacional de bienestar familiar y las políticas públicas de infancia y adolescencia. Se regulan desde la adopción hasta el tratamiento de los niños en la información por parte de los medios de comunicación.

Los encargados de aplicar la Ley 1098 –jueces de familia, ICBF, defensorías y comisarías de familia, Ministerio Público, policía de infancia y adolescencia– la ven con buenos ojos, pero les preocupa la posibilidad de materializarla. Carecen jueces y comisarios de familia (solo 22 y 44 en Bogotá, respectivamente) de personal mínimo indispensable para aplicar la ley. A menudo no tienen computadores ni acceso a Internet. A veces quienes están involucrados en los procesos deben llevar el papel para los oficios, hacen varias audiencias a la vez y conocen de procesos verbales, de interdicción, sucesión, alimentos, custodias, homologaciones, demasiados para poder centrarse en la infancia. No hay suficientes psicólogos, trabajadores sociales ni médicos para dar el soporte indispensable a estos procesos. Los lugares donde se debe reubicar a los menores cuando se les retira de un hogar agresor son tan pobres que la cura puede ser peor que la enfermedad. Aún los casos no empiezan a llegar a sus puertas masivamente, pero muchos sienten que se acerca una avalancha que puede desbordarlos.

* * * * El presupuesto asignado a la Ley refleja su prioridad. La rama judicial, que para su aplicación recibió, en el 2007, 5.000 millones de pesos, tendrá en el 2008 más de 13.000. La Fiscalía General, para la Ley de Infancia, pasará de 15.000 a 28.000 millones. Y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar recibirá 55.000 millones en el 2008 para la misma ley (aunque su presupuesto es mucho mayor). Solo el nuevo sistema de responsabilidad penal para adolescentes demandará ingentes recursos y la puesta en pie de toda una infraestructura judicial. De allí la importancia no solo de garantizar los recursos necesarios, sino de crear mecanismos que midan la efectividad en la aplicación de la Ley y el uso del presupuesto.

Una comisión de seguimiento de alto nivel, similar a la que impulsa la competitividad, podría ayudar a asegurar que estas altas metas y este presupuesto lleguen bien a su destino. Que no pase, como en tantos otros casos, que, mientras la legislación es excelente, su aplicación deja mucho que desear.

Evidentemente, no basta una ley para cambiar la situación de niños, niñas y jóvenes cuyos derechos en Colombia son vulnerados de infinidad de formas, desde obligándolos a trabajar o maltratándolos en casa, hasta sometiéndolos al tráfico sexual o el reclutamiento en grupos armados. Con la aprobación de la Ley de Infancia se dio un paso trascendental. Ahora, de su aplicación dependerá que no se convierta en una frustración más.

La aprobación de la Ley 1098 fue un paso trascendental; se trata ahora de hacer realidad los derechos que consagra.

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